Al acabar la parte más dura del coronavirus, se acabó ese derecho y eso obligó a los diferentes sistemas de salud a ofrecer a estos profesionales otras modalidades de contrato. Eran ‘tretas’ que conllevaban una merma retributiva y una discriminación que fue criticada por los profesionales sanitarios.
Por eso, actualmente, esos profesionales de fuera de la Unión Europea sólo pueden trabajar en el sistema privado de salud. Aunque hayan cursado una formación MIR (médico interno residente) en España o hayan acreditado su título ante el Gobierno de España, sólo el sistema sanitario privado les puede ofrecer un trabajo.
Ahora, y con la orden publicada por la Comunidad de Madrid, se eximirá a estos profesionales del requisito de nacionalidad. Aun así, puntualizan desde la Consejería «se deberá estar en posesión de una titulación de licenciatura o grado en medicina, y con el correspondiente título en la especialidad requerida, expedida u homologada en España«.
La medida ha sido recibida con un cierto escepticismo por parte de los profesionales sanitarios pues, aunque consideran que ataja el problema de la falta de médicos, consideran que puede terminar creando una bolsa de trabajo «precaria».
Así lo explica Javier Ortega, miembro del sindicato AMYTS que estuvo presente en la Mesa Sectorial en la que se estudió esta propuesta. Ortega explica que esto es una bolsa de empleo «nueva» que suple los déficits de plantillas que tiene la Comunidad de Madrid por ofrecer «unas malas condiciones laborales».
Desde el sindicato entienden esta medida como un «parche» pero consideran que es necesaria porque muchos médicos españoles se van a otras regiones a trabajar para no «ejercer en las condiciones de Madrid».
Por eso, critican que se haya tomado esta medida sin implementar otras que mejoren las condiciones laborales de los médicos de Familia y Pediatras. «No fidelizan a los profesionales que están formando», lamenta.
Además, avisa del peligro de que estos profesionales terminen siendo parte de una «bolsa de precariedad». Es decir, que al ofrecerles sólo contratos interinos o temporales, nunca tengan la posibilidad de ser fijos.
Durante la mesa sectorial en la que la Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso presentó este proyecto, se habló, incluso, de la posibilidad de ampliar esta excepción a otras especialidades médicas, aunque, de momento, se ha empezado por estas dos.
«Urgencias o Anestesia», pueden ser otras especialidades que están sobre la mesa de la consejera Fátima Matute para eliminar el requisito de nacionalidad. También abrieron la posibilidad de modificar otros aspectos en los tres años que va a tener vigencia esta orden.
Hasta ahora, para optar a un puesto de trabajo en el sistema público de salud, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, es preciso tener la nacionalidad española. Es decir, que todos los médicos que se forman en España mediante la Formación Sanitaria Especializada (MIR, en el caso de los médicos) y no son de la Unión Europea sólo tienen la posibilidad de trabajar en el sistema privado.
Esto ocurre tanto para los médicos que se han sacado el título en un país extranjero y acceden al MIR por el ‘cupo’ de extracomunitarios, como para aquellos profesionales que, ya con una especialidad, homologan su título desde el Gobierno de España.
El problema actual es que, para aquellos médicos extracomunitarios que ya tengan una especialidad y no quieran hacer el MIR en España, el proceso para convalidar su título es interminable. El Gobierno de España, de la mano del Ministerio de Universidades, ha reconocido que existe un problema y ha reforzado los sistemas para aligerar los trámites.
Tal y como ha podido constatar Madrid Total, hay profesionales que llevan desde 2011 a la espera de realizar el examen para acreditar su especialidad. El último examen se realizó en la primavera de 2023
Esta «bolsa», como la catalogan los sindicatos profesionales, se va a llenar principalmente de extracomunitarios que hacen la residencia de Medicina de Familia y Pediatría en España tras haber acreditado su título.
Por ver la envergadura de esta medida, el 16,37% de las plazas MIR en 2023 fueron a parar a extranjeros. Esto significa que 1.378 extracomunitarios han obtenido plaza en esta edición del MIR.
El Ministerio de Sanidad no ha concretado cuántos de ellos eligieron la especialidad de Medicina de Familia y Pediatría, pero suele ser el grueso mayor junto con Medicina Nuclear y Farmacología Clínica o Geriatría que suelen tener bastantes salidas laborales en el sector privado.
Anualmente, casi mil MIR extracomunitarios obtienen su título de especialista en España, por lo que la medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puede suponer un importante rebufo para cubrir sus plazas vacantes en estas especialidades.
3. FORMACIÓN AMYTS: 15 y 18 de septiembre arranca la 2ª edición del curso de ‘Peculiaridades laborales de los CCA/PAC’
Dado el elevado número de incidencias laborales existentes en nuestros puestos CCA/PAC, consideramos de vital importancia disponer de las herramientas y conocimientos necesarios para hacer frente a los contratiempos más comunes que puedan presentarse en este ámbito laboral.
Y desde AMYTS te lo queremos facilitar a través del curso “PECULIARIDADES LABORALES DE LOS CCA/PAC” que en su segunda edición se llevará a cabo de manera presencial en nuestra sede los días 15 y 18 de septiembre.
En este enlace os presentamos los objetivos, contenidos e inscripción: FormaciónCCA.
Fuente: AMYTS
4. Políticos de derechas e izquierdas consensuan un artículo en ‘The Lancet’ con las reformas inaplazables y necesarias del SNS
La revista The Lancet acaba de publicar un artículo en el que políticos de distintas ideologías y tendencias consensúan las reformas urgentes que requiere el Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar su continuidad y recuperar la excelencia que lo ha caracterizado durante años.
Abordaje de un nuevo modelo de financiación y su distribución en un sistema de salud descentralizado, atajar la crisis en recursos humanos, sobre todo en atención primaria, la integración del sector social en el SNS para lograr una asistencia centrada en el paciente y no en la enfermedad y la escucha de distintas opiniones por parte de los líderes políticos conforman parte del consenso alcanzado y plasmado en el artículo. Nada nuevo bajo el sol.
En el trabajo sugieren el desarrollo de una estrategia integral de 10 años “para una sociedad española saludable” y apuntan un anhelo: “Nuestra esperanza es alejarnos del conflicto y la división recurrentes y, en cambio, promover la creación de un consenso y la colaboración entre académicos, expertos y líderes políticos como camino hacia sistemas de salud equitativos y centrados en las personas”.
Y es así, precisamente, como se titula el artículo: Hacia un sistema sanitario equitativo y centrado en las personas para España. Coordinado por la científica Helena Legido-Quigley (única española que participó en el panel de expertos de la OMS de gestión de la pandemia del Covid-19), está firmado por Sara Jaurrieta (Partido Socialista de Cataluña), Muriel Larrea (presidenta del PP de Gipúzkoa y miembro de la Comisión de Sanidad vasca), Javier Padilla (portavoz de Sanidad de Más Madrid) e Itxaso Berrojalbiz (PNV) por la parte política, así como por los científicos españoles Montserrat Gea-Sánchez (Spain and Health-Care Research Group y exdirectora general de profesionales sanitarios de la Generalitat de Cataluña), Manuel Franco (Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg), Sergio Minue (especialista en Medicina Familiar y Comunitaria), José María Valderas (profesor de la División de Medicina Familiar, en la Facultad de Medicina Yong Loo Lin, Universidad Nacional de Singapur) y Tomás Zapata (director de recursos humanos de la OMS).
Los autores, que desarrollaron sus deliberaciones a lo largo de tres talleres, coincidieron en que para modernizar el SNS tiene que darse un cambio en el que se pase de “un enfoque centrado en la enfermedad a uno que se centre en la salud de la población a través de la promoción y prevención de la salud”.
Como prioridades para ese cambio, identificaron “la necesidad urgente de abordar la gobernanza del sistema de salud y la crisis de recursos humanos; idear fondos y estrategias de financiación adecuados, fortalecer la atención primaria, garantizar la integración equitativa de la innovación, adoptar enfoques que abarquen todo el sistema para aliviar la fragmentación en la atención de salud, integrar servicios de salud con servicios sociales, y hacer hincapié en la participación de la comunidad en la planificación y prestación de servicios”, detalla el artículo.
Humildad y empatía de los políticos
Sobre el primer punto, la gobernanza del SNS, todos los participantes, según refleja el escrito, estuvieron de acuerdo en que en que “tanto el liderazgo como la confianza en los líderes políticos han sido factores determinantes en la forma en que los países han respondido a la pandemia de Covid”. Por ello, continua el artículo, “reflexionamos sobre la necesidad de que los líderes demuestren humildad y empatía, rindan cuentas y sean capaces de escuchar las opiniones de los demás ejerciendo un liderazgo inclusivo y, en última instancia, ser capaces de cambiar el curso de las políticas en caso necesario”.
Además, acordaron que un sistema de salud resiliente “debe complementarse con un enfoque multisectorial y de todo el gobierno con una coordinación rápida y asesoramiento científico integrado, y con esfuerzos continuos para involucrar a las comunidades y poblaciones vulnerables (por ejemplo, adultos mayores, personas con multimorbilidades y personas con discapacidad) en su transformación”.
Recursos humanos
Como tantas otras veces y como ha sucedido en infinidad de foros, los autores coinciden en que el sistema se enfrenta a “una crisis urgente de recursos humanos que requiere una acción inmediata”. Una crisis que es acuciante en especialidades como Medicina de Familia.
Esa falta de personal, según reconocen, se suma a “una creciente demanda de servicios, una fuerza laboral que envejece y a niveles crecientes de agotamiento” que han dado como resultado que “los profesionales de la salud dejen sus funciones, amplificando aún más la escasez existente”.
Para retener a esos profesionales y procurar la contratación de otros, los autores señalan que habrá que “mejorar las condiciones de trabajo, la remuneración y procurar el equilibrio entre trabajo y vida privada (reduciendo el número turnos) y la protección de la salud mental y el bienestar reduciendo la carga de trabajo excesiva y proporcionando apoyo psicológico cuando sea necesario”.
Además, citan la optimización del rendimiento de los profesionales ante la burocracia a la que tienen que hacer frente sobre todo en atención primaria “reevaluando la combinación de cualificaciones de los profesionales, incluyendo la ampliación del papel del personal de enfermería e introducir la prescripción enfermera o la introducción de auxiliares clínicos, y reorganizar el sistema sanitario ampliando los servicios de atención primaria y la integración de las políticas de salud pública”. Todo ello unido a inversiones estratégicas y “una mejor planificación del personal sanitario que serán fundamentales para las reformas y para anticiparse a las necesidades futuras”.
Gasto en salud y financiación
En cuanto a la financiación, los autores recuerdan que el gasto en salud pública en España en 2021 fue de 87.941 millones de euros, el 7,3% del PIB, cifra inferior a la media de la UE del 8,1%. Por ello, señalan que se requiere de una “reforma financiera integral para aumentar los recursos y revisar la distribución actual del sistema” de naturaleza descentralizada y cuya gestión cae en manos de las distintas comunidades autónomas con diferentes necesidades y prioridades.
La prestación de servicios y su transformación también ha recibido el consenso de los autores, para los que es fundamental dar respuesta a “las transiciones epidemiológicas y la creciente prevalencia de multimorbilidad mediante la adopción de la atención primaria de salud como eje del sistema de salud. Esta adopción optimizaría el acceso, la integralidad, la coordinación y la continuidad al satisfacer las necesidades de las personas, abordar los determinantes más amplios de la salud y empoderar a los individuos, las familias y las comunidades”.
Los autores identificaron tres áreas “que requieren atención inmediata”. Primero, “mejorar la atención primaria de alta calidad a través de cambios de organización y nuevos roles profesionales, como el desarrollo de nuevos equipos con fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, entre otros”.
En segundo lugar, priorizar y mejorar la continuidad longitudinal personalizada en la atención primaria, ya que “las investigaciones han demostrado que una mayor duración de las relaciones entre el médico de cabecera y el paciente se asocia estadísticamente de manera significativa con tasas de mortalidad más bajas”, recuerdan.
Integración sociosanitaria
La integración del sector social dentro de sistema de salud es otra de las prioridades que señalan los autores para lograr que se “dé prioridad a enfoques centrados en las personas”. Esa integración, dicen, “requiere la adopción de un enfoque que abarque todo el sistema para mejorar la coordinación en todos los niveles de atención, abarcando la atención primaria, la atención especializada, los servicios de salud mental y los sistemas de apoyo social. Involucrar a los pacientes y a la comunidad en la prestación y planificación de servicios es crucial”.
“Ahora que España ha asumido la Presidencia de la Unión Europea, vemos este esfuerzo de colaboración como una oportunidad para inspirar a otros países europeos. A través de nuestro análisis, pretendemos cultivar la confianza entre nuestras poblaciones y políticos”, concluye el trabajo.
Fuente: Diario Médico
5. Cada vez más agresiones a sanitarios: «Las físicas se denuncian; las otras, en buena medida, se dejan pasar»
Puñetazos y huesos rotos. Amenazas, algunas con armas. Destrozos en el material de trabajo. Son agresiones reales que ha sufrido el personal sanitario en los últimos meses. El Sistema Nacional de Salud (SNS) registró 13.210 notificaciones de violencia física y verbal en 2022. Unas 36 al día. «No creí salir viva», confiesa Rosa. Como otros profesionales, se siente desprotegida ante algunos pacientes a los que, cumpliendo con su deber, sólo trataba de ayudar.
Manuel, que lleva 25 años ejerciendo la Medicina, asegura que en la última década se ha agravado la agresividad. Él fue atacado en las Urgencias de un hospital andaluz. Tras examinar a una niña y ante la imposibilidad de explorar a su hermano, pidió a la madre que buscara ayuda para sujetarlo mientras él iba recibiendo a otros pacientes. Al llegar, el padre le acusó a gritos de no atender al niño. «Yo estaba escribiendo, se puso a mi lado y a traición empezó a darme puñetazos en la cabeza, el costado, me fracturó un dedo». El agresor le persiguió. Ante el reproche de los testigos, le asestó, de palabra, un último golpe: «Así aprende».
Pese a las restricciones aun vigentes al contacto directo por el coronavirus, en 2021 se produjo «la recuperación de la tendencia constante y paulatina del incremento de notificaciones de agresiones», según el informe que realizó el Ministerio de Sanidad, que contabilizaba 10.170 agresiones en total. El último informe de 2022 refleja un aumento del 5%, sugiriendo que vuelve la vieja normalidad de la violencia creciente. «Ha sido el máximo histórico», confirma sobre el año pasado José María Rodríguez Vicente, integrante del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC).
Su información se refiere sólo a los facultativos, pero el «repunte» se recoge también en las estadísticas del Consejo General de Colegios de Enfermería. «La pandemia marcó un antes y después en cómo se percibía el sistema sanitario y, como se mantiene la precariedad, la gente está más frustrada«, sostiene Carmen Guerrero, portavoz del sindicato de Enfermería Satse. También lo nota Manuel en el hospital, que ahora ve a los pacientes «más exigentes, demandantes y agresivos». El diagnóstico de este deterioro lo formula Rodríguez Vicente: «Nos hemos acostumbrado a vivir con la amenaza y el insulto».
Los datos señalan la tendencia pero no reflejan la magnitud del problema. Porque no todas las agresiones se notifican. Después, de las notificadas, sólo una parte llega a los tribunales. Guillermo Pérez Rivero es abogado especialista en Derecho Sanitario y desde hace 27 años asesora al Colegio de Médicos de Las Palmas. «Son más los que no acuden a la vía judicial que los que sí. Casi todas las agresiones físicas se denuncian. Las otras, en buena medida, se dejan pasar«, apunta este letrado.
Pérez Rivero destaca como avances la figura del Interlocutor Policial Sanitario -para agilizar los trámites-, la consideración de estos profesionales como agentes de la autoridad si son atacados en su trabajo y la mayor sensibilidad de los jueces. Pero una barrera frena muchas denuncias: «Las incomodidades para personas no habituadas al mundo judicial».
El informe ministerial menciona que en 2022 se registró una agresión física por cada 5,6 agresiones no físicas. Pero ninguna debería ignorarse. «Dar golpes en una mesa, tirar la pantalla del ordenador o cosas al suelo de mala manera es una agresión», explica el abogado Pérez Rivero.
Como una agresión evidente vivieron los afectados lo sucedido en abril en el Centro de Salud Lagasca, en Madrid. Un paciente derivado de Urgencias y al que ya se había prescrito un tratamiento montó en cólera al saber que no le daban la baja laboral -motivo habitual de tensión- y que no podía verle un segundo médico. Amenazó al personal sanitario y administrativo, golpeó ordenadores, arrancó la conexión telefónica, arrojó al suelo lo que encontró a su paso…
El informe de Sanidad sobre 2022 menciona que los agresores son los pacientes (71%) y acompañantes (29%). En el 58% de los casos en que se notificó el género, fueron hombres. Las víctimas son mayoritariamente mujeres, predominando entre los 35 -55 años y principalmente son personal administrativo y facultativo. Los datos de la OMC sobre 2022 indica que un 89% de las agresiones son a médicos en la sanidad pública.
