Boletín Diario Informativo de AMYTS del 4 de diciembre de 2023
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1. CON FIRMA. «Indisponibilidad (que no falta) de médicos», por Miguel Ángel García
4. La creación de empleo en sanidad cae un 83% con 2.000 puestos en noviembre
5. La Comunidad ha vacunado a cerca de un millón de madrileños frente a la gripe
1. CON FIRMA. «Indisponibilidad (que no falta) de médicos», por Miguel Ángel García
El mantra de la “falta de médicos” continúa con su exitosa andadura, al constatarse las dificultades que están teniendo diversos servicios sanitarios en diferentes localizaciones para la contratación de médicos. El problema se reduce a la dimensión cuantitativa, entendiendo (muy simplísticamente) que si no aparecen es que no los hay, y con este fallido diagnóstico se pretende buscar la solución. Y con la consideración de profesión deficitaria, se recurre entonces a diferentes mecanismos legales: el primero de ellos, la contratación de personal extracomunitario con título válido para el ejercicio de las especialidades “escasas”, mecanismo utilizado por la mayoría de CCAA, entre ellas Madrid, y dejado a criterio de estas por el Ministerio de Sanidad a raíz de la pandemia COVID 19; y, para casos extremos (y así parece considerarse la situación en, por ejemplo, Castilla y León), la contratación para determinadas plazas, sobre todo en AP, de médicos no especialistas. Hay que tener en cuenta que esta última situación fue permitida sólo de forma temporal durante la alerta sanitaria por la pandemia COVID, y ahora parece no someterse a la legalidad vigente tras la exigencia comunitaria, en la Directiva (UE) 2005/36/CE relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, de estar en posesión de un título de especialista para el ejercicio profesional como médico dentro de los sistemas sanitarios públicos europeos.
En primer lugar hay que cuestionar la asignación directa de equivalencia entre la falta de disponibilidad de médicos y la existencia real de una carencia de médicos. En realidad, lo que se está produciendo es una situación de “indisponibilidad” de médicos, de una falta real de cobertura de puestos asistenciales porque no hay médicos dispuestos a asumir las condiciones laborales, asistenciales y vitales a que se pueden ver expuestos en esos lugares; en algunos de ellos es posible que no haya médicos, mientras que en otros muchos a buen seguro que lo que hay es una carencia de las adecuadas condiciones para atraer a los médicos existentes. Esto deja mucho margen de maniobra a la política para buscar soluciones legales a la situación que no consistan en romper (o, al menos, poner en cuestión) la vigencia de los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad. A ello volveré más adelante.
Una vez rota la equivalencia directa entre indisponibilidad de médicos y carencia de médicos, conviene señalar que la situación de falta de cobertura asistencial es una situación que tiene unos claros responsables: aquellos que tienen que gestionar esa cobertura asistencial en cada momento y con una visión de largo plazo. No parece existir una asunción de responsabilidad por ninguno de nuestros responsables políticos sobre esta situación, que parece venida del cielo, como si se tratara de un fenómeno atmosférico más fuera de nuestro control, o secundario a la inoperancia de las instituciones de gobierno cuyo color político no coincida con el propio. Por un lado, no ha habido atención a voces autorizadas que, en el informe periódico que el Ministerio de Sanidad realiza sobre la disponibilidad de médicos especialistas, preveían déficits en determinadas especialidades vinculadas a desarrollos específicos de las mismas, al ritmo de jubilación de los profesionales o al incremento de necesidades asistenciales (aspecto sobre el que yo mismo llamé la atención hace un año en un análisis sobre el último de esos informes). Por otro, parece que algunos de nuestros políticos ignoran que en este tema hay una responsabilidad compartida entre el gobierno central (competente en aspectos generales de planificación) y los autonómicos (responsables del funcionamiento de los sistemas sanitarios), y que la inoperancia, en todo caso, será compartida, como lo fue también, por ejemplo, en la falta de disponibilidad de equipamientos de protección durante la pandemia.
Hay una responsabilidad, por tanto, clara, de nuestras administraciones sanitarias en los problemas asistenciales que se están generando en distintos lugares de nuestra geografía. A la vez que existe, también, una clara responsabilidad de esas mismas administraciones en que, una vez llegados a esta situación, traten de poner remiendos para dar solución a la misma, en un intento de ocultar esa responsabilidad y tratar de seguir garantizanado, aunque sea en peores condiciones, el derecho a la asistencia sanitaria que tienen nuestros conciudadanos. Es una situación ante la que todos debemos responder, pero se da la paradoja de que las Administraciones, pensando que es un problema sólo suyo, tratan de resolverlo a golpe de decreto que, como decía más arriba, raya con la vigencia de los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad, sin contar en absoluto con la valoración de quienes conocen bien la situación, los propios profesionales y sus organizaciones, además de los ciudadanos. En lugar de atender a los análisis realizados y de colaborar con las organizaciones profesionales, actúan desde un cierto iluminismo que parece una rancia reedición del principio absolutista del despotismo ilustrado: todo por el pueblo, pero sin el pueblo.
Y las medidas generadas crean serias dudas:
- Sobre su legalidad: ya hemos comentado antes que alguna de las medidas tomadas (y hemos hablado de Castilla y León, pero en otras autonomías también se contrata a médicos sin titulación de especialista para la cobertura de plazas del correspondiente sistema sanitario público) parece contravenir directamente la vigencia de la Directiva (UE) 2005/36/CE relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
- Sobre el respeto del principio de igualdad, existiendo diferentes frentes en los que éste parece ser violado:
- Deja de exigirse un requisito, la formación especializada, que sin embargo se exige al resto de profesionales, que han orientado su trayectoria profesional a través del sistema de formación MIR para poder alcanzar puestos de trabajo que ahora, no sabemos si de forma excepcional, pueden ser alcanzados sin ese itinerario formativo
- Se genera una situación de desigualdad tanto en condiciones retributivas como en la capacidad para la toma de decisiones entre dos colectivos en situación equivalente, los residentes de primer año de formación especializada (que no pueden actuar con autonomía y tienen unos salarios menores que quienes ocupan ya los puestos de trabajo especializados) y los médicos sin título de especialista que acceden a las plazas no cubiertas por otros profesionales
- Se generan dos itinerarios profesionales diferentes, uno respaldado legalmente y otro sin respaldo legal, que puede hacer que quienes sigan este último sean cesados en cuanto vuelva a haber condiciones atractivas o mayor disponibilidad de especialistas, o que les mantenga a lo largo de toda su trayectoria profesional en situación de precariedad (recordemos el antiguo, y no tan antiguo, problema de los MESTOS). Algo similar podría ocurrirle, por cierto, a los profesionales extracomunitarios con titulación de especialista válida si no se mantiene en el tiempo la posibilidad de su contratación en el sistema sanitario público.
- Sobre el respeto del principio de mérito, ya ha quedado suficientemente reseñado que se pierde la validez del requisito de título de especialista para el acceso a determinadas plazas, título que es un claro ejemplo de mérito adquirido por los profesionales
- Y sobre el respeto al principio de capacidad, por la abundantemente testimoniada utilidad de la formación especializada para enfrentar los problemas sanitarios que se presentan en la realidad asistencial con un mayor nivel de preparación y calidad profesional y, por tanto, también asistencial.
Una situación en su conjunto que, además, alimentará el enfrentamiento entre profesionales y, a su vez, retroalimentará la posibilidad de que las Administraciones tengan menos freno a su iluminismo al encontrarse el frente profesional dividido, cronificando una toma «chapucera» de decisiones políticas sin perspectiva profesional. Aquí los intereses individuales, en una sociedad tan claramente individualista y en un ambiente laboral y social tan poco “amigable”, alimentan lógicamente la división que las decisiones administrativas hacen posible, en un intento de diluir las responsabilidades incurridas por las mismas Administraciones que las promueven.
Y ya para terminar, déjenme añadir una reflexión de alcance sobre el concepto de indisponibilidad, más allá de su significado más o menos obvio de “falta de disponibilidad”. El concepto ha sido utilizado por filósofos como el alemán Hartmut Rosa, refiriéndolo a la resistencia que la realidad ofrece a responder exactamente a nuestros deseos, y a la necesidad de aceptar esa resistencia y tratar de buscar oportunidades de “resonancia” o sintonía con respecto a ella para hacer la vida más plena. En este caso, hablar de indisponibilidad de los profesionales supone que estos no son meras herramientas disponibles al antojo del gestor sanitario (meros “recursos humanos”), y que no van a dejar tratarse como tales. Seguirlo intentando muestra una actitud llamada al fracaso, mientras que desarrollar políticas de gestión respetuosas con la dimensión humana (y, por tanto, indisponible) de los profesionales puede ser más exitosa y, desde luego, más gratificante para todas. Algo perfectamente en línea con lo que ya escribí en esta misma sección hace dos semanas, y que hace necesario que el gobierno de la sanidad se abra a la participación de todos sus agentes, incluyendo profesionales y pacientes. Quizás por aquí haya una mejor oportunidad para resolver, sin tener que recurrir a medidas parciales y chapuceras, los problemas a que nos enfrentamos. Pero eso requiere una concepción mucho más humana de la política que, por desgracia, parece no estar de moda, a pesar de las apariencias.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética. Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Fuente: AMYTS
2. ¡Por si te la perdiste! La emotiva y espectacular viñeta de Mónica Lalanda celebrando nuestro triunfo en las elecciones sindicales del SERMAS
Fuente: AMYTS
3. AMYTS en los medios: denunciamos la situación crítica de algunos centros de salud ‘caídos’ y reclamamos inversión para la Atención Primaria
EL SALTO: Hasta 70 pacientes en las consultas madrileñas: la ciudadanía se une para recoger reclamaciones
El pasado 29 de noviembre Daniel García Blanco, médico de familia del Centro de Salud Vicente Soldevilla, tenía a 79 pacientes en su agenda. Cuando terminaba su turno, a las 18 h, no quedaba ningún médico en el centro. Y este no era un día “excepcional”, explica García. Tener entre 50 y 60 pacientes al día es una constante en un centro que, denuncia, solo cuenta con dos facultativos en activo por las tardes cuando debiera haber nueve. En marzo de 2023 finalizaba una huelga médica de casi cuatro meses de duración, con unos acuerdos que incluían el tope a las agendas: 34 pacientes por día y un turno que absorbería el exceso de demanda. “Los acuerdos de la huelga no sirven de nada si no hay profesionales para poder cumplirlos. No se puede limitar las agendas cuando ni siquiera hay los profesionales suficientes trabajando en cada turno. Es imposible así crear un turno extra”, expone García Blanco.
Y es que la falta de personal médico sigue siendo un problema en la Atención Primaria madrileña que no ha permitido poner en marcha el “parche” prometido por el gobierno de Díaz Ayuso para acabar con agendas kilométricas. En junio del año pasado se comenzaba a instaurar el sistema acordado para finalizar el conflicto, consistente en establecer un tiempo máximo por paciente de 10 y 15 minutos en medicina de familia y pediatría, con 34 pacientes como tope para lo primero y 24 para lo segundo. El exceso de la demanda se atendería en módulos adicionales con voluntarios, que trabajarían en su turno contrario, por 50 euros la hora con un máximo de cuatro horas.
“En nuestro centro las agendas de absorción de la demanda están implantadas desde el mes de junio pero, ¿quién pasa esas citas? Desde la Gerencia de Atención Primaria nos dicen que deberíamos organizarnos dentro del propio centro. Yo que veo 50-60 pacientes en mi turno, ¿tengo que alargar la jornada para atender lo que no se ha atendido por la mañana?”, expresa el médico de familia del Soldevilla. “Nosotros escribimos a la gerencia pidiendo gente para cubrir esas agendas. El mensaje que se da desde arriba es que no hay médicos y que hay que educar a la población para que no demande tanto. Pero eso no tiene ningún sentido”.
Y no tiene sentido, porque, explica este facultativo, las listas de espera se alargan y la salud de los pacientes empeora. De esta manera no es posible frenar la demanda. “Tenemos listas de espera de más de un mes, la próxima cita que tengo es para el 4 de enero. Es inasumible. Yo tengo 1.900 personas en mi cupo de pacientes, a esto hay que sumar 5.000 personas que están sin médico asignado que se distribuyen entre los profesionales del centro. Hay gente que lleva más de un año sin médico asignado”, denuncia García.
Y todo esto en la comunidad que menos porcentaje invierte en Atención Primaria, un 10,7% del total de la inversión en sanidad y que para 2024 presupuesta un leve aumento hasta el 11,6%. Mientras, hay un millón de pacientes sin médico asignado. “Tenemos centros de salud alrededor que están mejor, pero no somos los únicos en esta situación. En la Comunidad de Madrid hay 15 centros en situación crítica desde hace mucho tiempo y hay que abordar su situación ya. Esto es un maltrato a la población que tiene un coste en salud”, concluye el médico de familia.
Desde el sindicato médico AMYTS, convocantes del paro que finalizó en el mes de marzo, confirman a El Salto este escenario. «Hemos tenido una reunión de seguimiento de los acuerdos de huelga. A pesar de que la administración nos indica que hay pocos centros que no hayan instaurado ya las agendas para absorber demanda, hay algunos que están en situación muy crítica que están teniendo problemas para encontrar voluntarios para cubrir estos turnos», explica Isabel Vázquez, presidenta del sector de Atención Primaria de AMYTS. Además del centro Vicente Soldevilla, pone como ejemplo el Centro de Salud Campo de la Paloma o el Centro de Salud de Abrantes. Pero también pide no perder de vista los consultorios rurales, donde encontrar voluntarios para que se desplacen a 30 kilómetros es complicado. Situación similar está atravesando el área de pediatría, donde la falta de pediatras per sé está haciendo imposible encontrar voluntarios.
“Han vuelto a pedir por correo a todos los médicos si hay nuevos voluntarios pero es probable que cada vez haya menos, la voluntariedad va cayendo con el tiempo”, expresa Vázquez. De fondo, avisa la representan de AMYTS, está la falta de médicos “y esa es la madre del cordero”. Vázquez valora que lo que se consiguió con los acuerdos de huelga es solo un inicio de una posible solución, un alivio de la sobrecarga de los compañeros “pero no es una solución definitiva ni va a servir para solucionar el problema”. “La solución pasa por hacer atractivas las plazas de Atención Primaria, motivar a los profesionales para que vengan, y para que no se vayan. Es un problema de recursos humanos que llevamos arrastrando muchos años y todo pasa porque la Comunidad de Madrid ponga un presupuesto sobre la mesa”, expresa.
Mientras, desde el colectivo Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio que organizó las dos grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública, en modo paralelo a la lucha sindical de los médicos, prosiguen con sus acciones. En esta ocasión y bajo el lema “Reclama”, pretenden aglutinar las quejas de la ciudadanía ante la falta de acceso a la medicina familiar.
Pero no sólo: quieren recoger denuncias sobre el estado de las urgencias extrahospitalarias, que en las ciudades funcionan sin médicos desde hace un año, y las listas de espera en la atención hospitalaria que suman ya un millón de personas.
“El objetivo principal es concienciar a la población y que se dé cuenta de que la sanidad pública de calidad es su derecho. Que no nos resignemos ni bajemos brazos, sí podemos hacer cosas. Los gobiernos tienen que velar por proteger nuestra salud. Tenemos el derecho y la obligación de reclamar lo que nos corresponde”, explica Ana Encinas, médica de familia e integrante de este espacio de lucha.
Para ello, y a través de las asociaciones vecinales que trabajan en cada barrio y cada pueblo, irán recogiendo los diferentes modelos de reclamaciones para, finalmente, entregarlos de manera conjunta ante la Consejería de Sanidad en un acto que fijarán más adelante. La campaña, que arrancaba el pasado 30 de noviembre, se ha iniciado vistiendo de pegatinas los centros de salud. Pegatinas que incluyen un código QR por si se quisiera hacer la reclamación online.
“Ayuso ha dicho que estamos todos muy satisfechos con la sanidad que tenemos, que no conoce a nadie que esté insatisfecho. Vamos a exponer nuestra falta de satisfacción con reclamaciones masivas”, concluye Encinas.
4. La creación de empleo en sanidad cae un 83% con 2.000 puestos en noviembre
El mes de noviembre ha dejado un nuevo incremento del empleo sanitario. Sin embargo, los datos de afiliados a la Seguridad Social dentro de este sector publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan una desaceleración notable con respecto al mes anterior. Mientras que en octubre el empleo sanitario aumento un 0,93 por ciento, noviembre sólo alcanza el 0,16, un 83 por ciento menos en un mes. Sin embargo, el incremento de profesional sanitario afiliado llega a los 2.068 nuevos empleos, fijando para el mes de noviembre un total de 1.286.859 totales.
Con este dato, la creación de empleo sanitario en noviembre alcanza concretamente los 2.068,64 empleos en su variación mensual. En octubre, esta cifra creía hasta los 11.779 nuevos afiliados, un 0,93 por ciento más, llegando a los 1.284.791 afiliados totales. Esto demuestra que, a pesar de que el dato total de empleo sanitario en noviembre es mayor, el crecimiento ha sido más pausado en el último mes.
Por otra parte, la asistencia en establecimientos residenciales alcanza en noviembre un total de 313.852 empleos, fijando un crecimiento mensual del 0,98 por ciento, con 3.050,25 nuevos afiliados en este sector a la Seguridad Social. Supone un crecimiento mayor que el de actividades sanitarias, ya que en octubre la asistencia en establecimientos residenciales alcanzaba los 310.802 empleos totales, con una caída del 2,49 por ciento y 7.947,36 empleos menos.
Los datos generales del Ministerio fijan para el mes de noviembre un total de 19.707.499 afiliados a la Seguridad Social, un inremento del 0,14 por ciento, siendo así 26.654 empleos nuevos. Mientras, en octubre el dato total de afiliados en el conjunto de sectores llegaba a los 19.680.845, siendo esto un aumento del 0,12 por ciento, con 22.681 afiliados nuevos en octubre.
Empleo sanitario tercer trimestre 2023
A falta de conocer los últimos datos por trimestres en cuanto a empleo, el sector sanitario ha incrementado en el tercer trimestre de 2023 su número de profesionales ocupados. Así lo reflejaban los últimos datos del paro del Instituto Nacional de Estadística, donde se plasma que el sector sanitario mostraba un aumento de más de 93.000 empleos comparado con los datos del tercer trimestre de 2022. La última cifra fija en 1.361.900 sanitarios ocupados en el tercer trimestre, frente a los 1.297.800 que había hace un año. En total se ha alcanzado un aumento en empleo sanitario de 93.200 empleos en un año. El número de sanitarios empleados arrancó 2023 con 1.268.700 en el primer trimestre y continuó en el segundo trimestre con una cifra más elevada de 1.295.500 sanitarios ocupados.
El empleo sanitario a tiempo completo también ha experimentado un aumento en el último año, de hasta 137.000 sanitarios. El último dato del tercer trimestre alcanza las 1.778.300 profesionales ocupados con este tipo de jornada, frente a los 1.641.300 que había en el tercer trimestre de 2022. Además, en el último trimestre el aumento ha sido de 139.000 sanitarios ya que en el segundo trimestre fueron hasta 1.639.300 trabajadores. Por otra parte, el empleo con jornada a tiempo parcial se ha visto reducido en el último año. El último dato del tercer trimestre de 2023 llega hasta los 262.400 sanitarios a tiempo parcial frente a los 280.800 que había en el mismo trimestre del mismo año.
Fuente: Redacción Médica
5. La Comunidad ha vacunado a cerca de un millón de madrileños frente a la gripe
La Comunidad de Madrid ha vacunado hasta la fecha a 945.540 ciudadanos frente a la gripe, de los que 31.807 son niños sanos menores de cinco años y que tienen, al menos, seis meses de edad. Este último grupo se ha incluido por primera vez en el programa, que comenzó el pasado 16 de octubre y se extenderá hasta el próximo 31 de enero.
Además, según el registro de la Dirección General de Salud Pública, han recibido la dosis de refuerzo contra el COVID-19 un total de 650.532 ciudadanos, que conforman prácticamente los mismos grupos de riesgo que para el virus estacional antes mencionado, que son, con la excepción de los niños, los siguientes: personas de más de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas, convivientes de vulnerables, personal sanitario y sociosanitario y profesionales de servicios esenciales.
En paralelo a estos programas, hasta la fecha se ha inmunizado a más de 25.000 bebés de hasta seis meses frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Desde comienzos de este mes de noviembre, este servicio se presta en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús con cita previa a través de la web de autocita de la Comunidad de Madrid (no es necesaria los viernes de 15 a 21 horas, así como en las maternidades públicas de la Comunidad de Madrid.
La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha hecho un llamamiento para que los grupos de riesgo se inmunicen frente a los agentes infecciosos dado que aún la incidencia de la gripe es baja en la región con 10 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 25 que es el umbral epidémico de esta temporada. Andradas ha explicado que desde hace tres semanas se detecta la circulación del VRS en la región, que, como en otras temporadas, precede a la aparición y circulación de la gripe.
En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid prosigue con la inmunización de los niños frente al VRS y que es de suma importancia que protejan los bebés para evitar las complicaciones de este patógeno, como bronquiolitis y neumonías. En el marco de la campaña de inmunización, los datos preliminares, apuntan a un menor impacto en las urgencias e ingresos en lactantes por bronquiolitis por VRS.
Para ser vacunado en la red pública de Atención Primaria, el usuario tiene que solicitar cita con el personal de enfermería. Para ello tiene varias opciones: presencialmente, en su centro de salud; llamando al teléfono de este último (indicando la opción 3); en los propios quioscos digitales ubicados en estos recintos, mediante el botón vacuna antigripal; a través de la APP Cita Sanitaria; o en la web de la Comunidad de Madrid.
Además, hay otros lugares donde los usuarios pueden recibir sendas vacunas de la gripe y el coronavirus: el Centro de Vacunación autonómico, ubicado en el número 15 de la calle General Oraá de la capital; los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (pacientes de riesgo); los servicios de salud laboral de los centros sanitarios, y los recursos del área de Salud del Ayuntamiento de Madrid.
El Ejecutivo regional cuenta, asimismo, con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Madrid para inocular a los trabajadores sanitarios. A estos últimos, al igual que a los mutualistas, se les suministra la tercera dosis de refuerzo frente al COVID-19 en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.
