Boletín Diario Informativo de AMYTS del 31 de enero de 2024
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5. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública
1. EL PAÍS. Ayuso plantea que la Inteligencia Artificial paute dosis de fármacos o gestione la ocupación de las UCI en el futuro. ¿Qué nos parece en AMYTS?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto encima de la mesa este lunes que la Inteligencia Artificial (IA) servirá para pautar dosis de medicamentos para pacientes o para gestionar el flujo de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Aunque el Gobierno regional ha aclarado luego a preguntas de este diario que esas palabras no son el anuncio de proyectos oficiales, sino que simplemente suponen enunciar una hipótesis sobre cómo será el futuro de la medicina, los sindicatos del sector han reaccionado inmediatamente mostrando sus dudas. No es la primera vez que lo hacen: la Comunidad de Madrid ya tiene en marcha un plan piloto para aplicar la IA para detectar enfermedades raras.
“Tenemos que ver todo lo bueno que la Inteligencia Artificial nos puede ofrecer”, ha dicho la líder conservadora en el discurso con el que ha clausurado la presentación del estudio El impacto de la IA en la educación. “Desde luego, en la gestión de servicios públicos hay muchas, muchas, ventajas, por ejemplo en materia sanitaria, para conocer qué dosis exacta de medicamento necesita cada paciente, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos distintos, dependiendo de la fase, por ejemplo, de un tumor a la hora de recibir fármacos, o a la hora de detectar en las ucis los números exactos en tiempo real de cada una de ellas y saber qué boca de urgencias puede permitir que lleguen nuevos pacientes”, ha argumentado.
“Cuando se gestionan decenas de miles de datos de tantas personas, nos ayuda a comprender mucho mejor cómo evoluciona la sanidad, las enfermedades, qué cribados hacer”, ha empezado a enumerar ejemplos; “o a la hora de luchar contra el fuego; o a la hora de saber dónde puede haber un atasco y dónde, por lo tanto, podemos enviar más tráfico a las zonas de entrada de las ciudades”, ha añadido. Y ha subrayado: “Para esto desde luego [la IA] es un gran aliado, pero ahora sobre todo tenemos que ver qué daños colaterales puede provocar en la población”.
El pasado julio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) hizo público el borrador de un documento sobre el uso de la IA en el desarrollo y regulación de los medicamentos de uso humano y veterinarios. Dos meses después, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo de colaboración con Microsoft y la Fundación 29 “para implantar un proyecto pionero en el mundo que aplicará la IA en el diagnóstico de enfermedades raras, ayudando a los profesionales sanitarios a reducir los tiempos a la hora de identificar este tipo de patologías, entre otras aplicaciones”.
Aquel hito, que llegó tras meses de protestas en la Atención Primaria por la falta de médicos y de tiempo para atender a los pacientes, llenó de dudas a los sindicatos del sector. Lo mismo que las palabras de este lunes de la presidenta regional.
Así, Daniel Bernabéu, presidente del sindicato médico Amyts, asegura que el uso de la IA puede favorecer la gestión de la sanidad pública. Pero, advierte, hay varias tareas que resolver antes de implementarla. “En cuanto a gestión [en urgencias o cuidados intensivos] sí es una herramienta útil. Pero hay que definir con qué datos se va a alimentar la IA y quién los va a introducir. También es clave que estén coordinados con los datos a nivel nacional para evitar peleas por diferencias en la información”, explica Bernabéu.
Sobre la posibilidad de usar esta tecnología en diagnóstico y recetas, el presidente de Amyts añade otros retos. Uno es determinar quién asume la responsabilidad de los resultados en el paciente cuando se usan herramientas de IA. “En otros países se están haciendo ensayos. Funciona como una ayuda, pero el facultativo es el que decide. No se le ha dado a la IA un valor estructural”, detalla Bernabéu y agrega que, por eso, es vital tener un protocolo antes de implementar una IA en sanidad. “Los médicos deben saber si les obligan o no a usarla o quién tiene la última palabra en un diagnóstico [¿la IA o el médico?] y quién les protege, quién sume responsabilidades de su uso”, cuestiona.
Otro elemento, indica, es que los pacientes tienen derecho a saber que su proceso va a estar asistido por IA. “Está bien [la IA]. Pero también es cierto que hay una presión de la industria y el optimismo tecnológico para usarla, pero aún hay unas contrapartidas que debemos evaluar”, dice Bernabéu.
Pero el presidente de Amyts resalta: “Si no hay financiación suficiente en la sanidad pública, por mucha IA que tengamos no vamos a mejorar los resultados. Hay cosas que no podemos dejar de hacer, como subir la inversión y solucionar las sobrecargas a especialidades como medicina de familia”.
Fuente: El País
2. Excluida una aspirante en el concurso de méritos para una plaza fija en la categoría de Facultativo Especialista en Cardiología
Este miércoles 31 de enero de 202 la Consejería de Sanidad ha publicado la exclusión de una aspirante en el concurso de
méritos por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Cardiología.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del SERMAS en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses a través del siguiente enlace.
Fuente: Comunidad de Madrid
3. V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SINDICATOS MÉDICOS. Externalización, reversión y contratación de profesionales: comparativas de sistemas públicos y privados
La segunda mesa de la V Conferencia Internacional de Sindicatos Médicos celebrada en Alicante los días 25 y 26 de enero organizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) con la colaboración de CESM CV y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, abordó la comparativa entre los sistemas de salud públicos y privados y las diferencias entre algunos países. Moderada por Soledad Iglesias, del Sindicato Médico del Uruguay, contó con las exposiciones de Waldir Cardoso, del Sindicato Dos Médicos do Pará (Brasil), el abogado de Abdón Pedrajas Littler Javier Molina y Luis Lazarov, del Sindicato Médico del Uruguay.
Tras la lectura por parte de Iglesias de la declaración conjunta de los sindicatos de Argentinas y Uruguay, Waldir Cardoso explicaba cuáles eran las características del sistema de salud brasileño, un «Sistema Único de Saúde» (SUS), con criterios como universalidad, igualdad, integral, regional y jerarquizado, descentralizado, con participación social, con promoción de la salud y prevención de la enfermedad y complementario, que puede recibir la colaboración del sistema privado.
Además, señalaba los principales indicadores de resultados 33 años después, con la estrategia de salud familiar, que suponía una cobertura en hogares rurales del 77% y del 57,3% en hogares urbanos (datos de 2019), un aumento del gasto en salud (10,3% del PIB en 2020), una reducción de la mortalidad materna de casi el 60% y de la mortalidad infantil en menores de cinco años del 75%. La tasa de mortalidad en recién nacidos se situaba en 11 muertes por cada 1.000 nacimientos, y la mortalidad infantil en 13 por cada mil nacidos. En este sentido, había aumentado la esperanza de vida en casi una década (80 años en mujeres, 73 en hombres).
Cardoso también explicaba que en Brasil los sectores público y privado son independientes entre sí, y el privado es complementario el SUS. Este seguro médico privado es voluntario, y aproximadamente el 23% de los brasileños tienen planes de salud privados.
Por su parte, Javier Molina abordó el tema de las concesiones administrativas, puesto que «políticamente parece una idea muy buena la externalización pero luego se quiere internalizar y no se sabe cómo hacerlo y resulta una decisión política sin seguridad jurídica. Esa tendencia a la ‘fiesta de la reversión política’ ha terminado y hay que ver los indicadores de salud y de calidad», afirmaba.
Para explicar que la reversión no siempre ha sido pacífica, recordaba que la actual regulación en la Ley de Contratos del Sector Público es el resultado de la condena a las Administraciones Públicas, pero se preguntaba si se aplica la Directiva 2001/23/CE a las Administraciones Públicas. Utilizando lo que llamaba la «reversión traumática» del Modelo Alzira, exponía que se externalizó el servicio con normas privadas y se rescató con normas públicas, lo que dejó un rescate con sorpresa que eran los trabajadores en tránsito. «Si se hace una fotofinish al inicio y al final del rescate, quedan los trabajadores fijos a extinguir, con el Decreto 22/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regulan los efectos de la extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión del Departamento de Salud de La Ribera, en materia de persona, una ficción jurídica que narcotiza y congela los derechos de los trabajadores«, decía.
Continuaba Molina asegurando que la figura de estos trabajadores no existe en la legislación, el ‘trabajador a extinguir’, ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en el EBEP, sino que están en tierra de nadie. Desconoce la reciente doctrina del TSJUE (Caso Correia Moreira; cuando alguien del sector privado es rescatado por el público, el público en ningún caso puede desconocer las condiciones laborales de ese trabajador que subroga y debe tener las mismas condiciones laborales de ese compañero del público) y las comunidades autónomas no tienen competencias para alterar la regulación laboral, que es competencia exclusiva del Estado. Apuntaba que el trasvase patrimonial no es importante pero sí lo es desempeñar la misma actividad ya sea para una Administración u otra.
En este sentido, los médicos fijos a extinguir «han sido momificados puesto que se ha neutralizado la negociación colectiva, han visto reducidas sus expectativas económicas (no tienen sistema de incentivos), no se les han reconocido los servicios prestados y su posición corre el riesgo de ser amortizada (Operación Tetrick)», decía Molina.
Por último, señalaba que el problema está en el origen de la externalización y la contratación del personal. Si la Administración tarde o temprano revertirá, el sistema de contratación debe ser mixto, como si se tratara de una Administración Pública, ya que se evitaría la ‘momificación’. «Una regulación de los colectivos revertidos en el EBEP evitaría espejismos. Un convenio colectivo de franja ayudaría a proteger al colectivo médico. Somos los pilotos de un hospital, nos debemos plantear si un convenio colectivo en franja es la forma de adquirir esa fuerza», sentenciaba.
Reforma lenta en Uruguay
El último ponente de esta mesa fue Luis Lazarov, del Sindicato Médico del Uruguay, quien mencionaba algunos aspectos a tener en cuenta de su país, con algo más de 3 millones de habitantes y entre dos países grandes que suelen ser turbulentos. El gasto en salud es de poco más del 9% del PIB, y algo más de 6 puntos son de financiación pública. «Hicimos una reforma entre 2000 y 2010 que buscó priorizar mecanismos de más equidad respecto a lo que teníamos, una cobertura poblacional más extensa y mejorando dicha cobertura. Intentamos dar estabilidad institucional al sistema, tenemos un sector privado puntual muy desarrollado, arraigado sobre todo en ingresos medios y medios altos. La estabilidad fue parte del objetivo de esta reforma para recaudar con un criterio y reembolsarlo con otro diferente más enfocado a las necesidades, tratando en lo posible de que una amplia gama de la población tenga cierta libertad de elección. El foco queríamos ponerlo en marcar que dentro de este objetivo estaba simplificar la institucionalidad, mejorar los mecanismos de recaudación y reembolso, la calidad asistencial, con éxitos relativos, y tenemos además el Fondo Nacional de Recursos que se encarga de dar cobertura con un criterio muy diferente a lo que son actos, técnicas y fármacos de alto precio y técnicas de baja prevalencia y de alto coste», explicaba.
Añadiendo más datos, Lazarov mencionaba que Montevideo concentra alrededor de la mitad de la población del país y el resto son departamentos, y tienen una constelación importante de instituciones, ya que no son un país federal pero tienen una gran segmentación y fragmentación institucional. Esa constelación institucional diversa repercute sensiblemente para la actividad médica, puesto que lo sanitario se organiza casi en espejo a la fragmentación institucional. «Tenemos 3 unidades médicas. El Sindicato es el de mayor representación, hay una segunda de médicos en el interior y una tercera más pequeña por especialidades anestésico quirúrgicas. La representación es del sindicato pero debe oír a las otras dos gremiales y obliga a una negociación interna de forma permanente. A su vez los médicos tienen dos organizaciones no médicas, que se fragmentan a su vez en función del sistema en que negocian. La complejidad de los procesos de negociación salarial se expresa en ese crisol gremial que a su vez tiene que organizarse en hospitales públicos y hospitales privados, de ahí la sensación de los trabajadores médicos que tienen la definición de ser financiados por fondos públicos pero son contratantes por el sector privado, similar al Modelo Alzira. Es parte de una estructura que se viene solapando pero hay reformas que son de manera gradual, las transiciones son de periodos más largos de lo deseado y complican el trabajo, desde nuestro punto de vista», lamentaba.
Según su exposición, en Uruguay hay en paralelo también un número muy importante de médicos por habitante, siendo en América Latina el segundo país después de Cuba con más médicos por habitante del continente, lo que va acompañado de que no hay desempleo médico. «El médico en Uruguay en promedio en los últimos años mantiene entre tres y tres cargos y medio, hablando del pluriempleo. Desde 2012 hasta hoy se mantiene este pluriempleo con la complejidad que eso lleva aparejado. Hemos encarado el proceso de concentración de trabajo. Por 26 horas mensuales, con 3 cargos, te pueden suponer unos 4.000 euros», explicaba.
Lazarov admitía que tienen la resistencia de las Administraciones contratantes, que ellos firmaron estos acuerdos de reforma laboral en su momento porque las nuevas generaciones fueron cambiando su paradigma, y que la Medicina no es solo una profesión vocacional. «Nosotros estuvimos dispuestos a incluir en los cargos la obligatoriedad de las noches o los fines de semana de manera que puedan encontrar cierta cobertura porque nadie quería hacer guardias. Las resistencias las hemos encontrado por parte de ciertos gobiernos. Hoy tenemos entre un 15 o un 20% de médicos que podrían concentrar el trabajo, e incentivando con fondos públicos la concentración del trabajo, pero pese a todo, el proceso ha sido muy lento», concluía.
Tres puestos de trabajo en Argentina
Aprovechando la presencia también de Pablo Maciel, de la CICOP argentina, éste hizo una breve descripción del funcionamiento en su país para la cobertura a la población, con sistema público, privado, y de pagas. «Ahora estamos en la situación en que millones de personas empiezan a emigrar por la imposibilidad de pagar las prepagas al sistema de salud. Este sistema fragmentado que sigue siendo motivo de discusión tuvo una crisis importante en la última pandemia que evidenció lo que los sindicatos veníamos denunciando. Estamos en una gran fragmentación en la que intervenimos todos, y tiene que ver con la necesidad de integrar de alguna manera un poco más de nuestro sistema de salud. Esta fragmentación impone un mercado laboral también muy fragmentado, que era el multiempleo, como en Uruguay. Esto requiere un profesional que pueda cubrir 3 lugares de trabajo con modelos de contratación diferentes. Si somos autónomos no tenemos pagas, ni vacaciones, etc. Esto es lo que estamos discutiendo. En la pandemia empezamos un sistema de discusión o integración de nuestra situación. No vamos a revertir la situación salarial simplemente así, debemos negociar como sindicatos para que nuestro mercado laboral tenga una situación más saludable», sentenciaba.
Fuente: CESM
4. V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SINDICATOS MÉDICOS. «Si tenemos afectadas las condiciones de trabajo y el salario, el producto que es la salud no va a ser lo más eficiente»
La tercera mesa de la V Conferencia Internacional de Sindicatos Médicos celebrada los días 25 y 26 de enero en Alicante organizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) con la colaboración de CESM CV y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) abordó las condiciones de trabajo, salarios, jornada laboral, guardias médicas y el derecho comparado. Moderada por Guillermo Llago, secretario técnico jurídico del Sindicato Médico CESM CV, contó con la participación de Manuel Alegre, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Soledad Iglesias y Luis Lazarov, del Sindicato Médico del Uruguay y Mindi Fitz-Henley, presidenta de la Medical Doctors Association de Jamaica.
El primero en intervenir fue Manuel Alegre, del TSJ de la Comunidad Valenciana, quien además de repasar el marco legislativo de las condiciones de trabajo señaló lo que se considera tiempo de trabajo, que tiene una definición negativa, puesto que es «todo lo que no es tiempo de descanso». «Todo el tiempo de atención continuada es tiempo de trabajo, computa, con independencia de que la retribución pueda ser distinta. Una guardia presencial, lo mismo y con la misma retribución. Respecto a la guardia no presencial o localizada (que no pueden imponerse tan largas o frecuentes que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores), la idea clara es que todo lo que no sea tiempo de descanso es tiempo de trabajo. Significa, tal y como se ha interpretado por los tribunales, bien por el tiempo de llamadas, de obligación de respuesta, todo lo que impida a la persona organizar su vida, satisfacer intereses personales o sociales, y ese tiempo también computará como tiempo trabajado», aseguraba.
Por su parte Soledad Iglesias aseguró que las condiciones salariales determinan el producto final, que es la producción de la salud, sobre y con el paciente, por lo que «si tenemos afectadas las condiciones de trabajo y el salario, el producto no va a ser lo más eficiente«. Explicó también que en América Latina los sistemas son diferentes, y dividió su exposición en dos bloques, el laboral y el salarial.
Respecto al bloque laboral, los principales problemas son las deficiencias en infraestructura, con grandes dificultades sobre todo en el sector público. En el sector privado es mejor pero hay déficit en algunos lugares. Hay problemas con los recursos médicos, la distribución y el acceso a los mismos, que acaba condicionando la asistencia que se dispensa al usuario. Hay una falta de recursos humanos médicos (y otros recursos humanos que integran el personal de salud) y de distribución, a lo que se suma la emigración, de América Latina a Europa y dentro de los propios países de América Latina. «Hemos sentido ese impacto de la migración, sobre todo de nuestro país a Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, etc. Hay una distribución inadecuada de los recursos humanos según el territorio y según el subsector. La actividad laboral se lleva a cabo con cargos que van desde las 20 a las 48 horas semanales, que generan jornadas laborales extensas por efecto del multiempleo con los efectos negativos tanto para el trabajo médico como para el servicio que se presta. Nos criamos en que cuanto más trabajemos, mejor, y nos damos cuenta de que cuanto más trabajemos, más nos enfermaremos«, lamentaba Iglesias.
Además, señalaba las diferencias entre las relaciones laborales dependientes y las independientes, con preocupación por la precariedad de los contratos y los regímenes provisionales, en los que se plantea la necesidad de ajustarlos para mejorar las condiciones económicas al retiro y acotar los años de ejercicio.
Respecto al bloque salarial, Iglesias añadía que no existe comparación rigurosa y estricta de lo que son los salarios médicos y las características del ejercicio de la Medicina y las distintas especialidades entre sí. Cuentan con una Plataforma de Análisis Comparativo como herramienta que usan desde 2016 hasta ahora, y que refleja que hay una gran variabilidad de ingresos médicos, ya que los hay muy altos y muy bajos. Existe una percepción de que las remuneraciones son bajas, asimétricas y que en los últimos años han tenido un deterioro importante en algunos países, ya que no ha habido aumentos de salarios correspondientes.
En este sentido, aseguraba que los salarios bajos también repercuten en la generación de más multiempleo. Algunos de los cargos son de 26 horas de consulta clínica mensuales en Uruguay. «Lo que hacemos es tener 3 o 4 cargos de este tipo, vamos de un lado a otro corriendo, sin prestar mucha atención, con jornadas extenuantes, trabajando de lunes a lunes, y ese es el mecanismo que teníamos hasta la reforma para poder juntar un salario digno y poder dar sostenibilidad al sistema, y es así como nos enfermamos», criticaba.
Tras Iglesias tomó la palabra su compañero Luis Lazarov, quien expuso que uno de los problemas que tienen es que acuden a las negociaciones colectivas a través del sindicato médico. «Hay convenios colectivos y tenemos que ir con estrategia y algunas reivindicaciones, tiene uno que establecer criterios generales. Para nosotros es difícil fijar criterios que no vayan por un aumento que vaya ligado al aumento de la economía. En segundo plano está el problema de qué pasa con el resto de actividades, como los médicos en otros países. Cómo comparamos si los médicos ganan mejor o peor o dependiendo de qué factores», explicaba.
De ahí que en Uruguay exista el desafío de retomar el proyecto, porque hay cuestiones en las que se ha avanzado con algunos países. Por ejemplo, Argentina estuvo presente en noviembre pasado y este año esperan que sobre finales de año tengan el proceso de incorporación de información que sea comparable y les permita dar los primeros pasos, no solo respecto a la carga física de trabajo sino también la monetaria, un instrumento que les permita hacer una comparación razonable entre países. «En el caso nuestro, poder usar estos marcos referenciales para poder tomar decisiones a nivel gremial de lo que implica apoyar el crecimiento de las remuneraciones de los salarios. Nuestra voluntad es que se empiece a caminar lo antes posible», admitía.
Especial precariedad en Jamaica
Por último, Mindi Fitz-Henley, psiquiatra en salud mental comunitaria, explicaba por qué lamentablemente no habían cambiado mucho las cosas en Jamaica desde su última presentación en Berlín en 2016, con ejemplos que siguen vigentes ahora, sobre todo en cuanto a equipos obsoletos y condiciones de trabajo. Siguen estando obligados a lavarse las manos con jabón en barra antibacteriano comprado en el supermercado y cortado en trozos para que dure más, usan bolsas de basura rojas en lugar de batas quirúrgicas, tienen que utilizar tubos ET con agujeros cortados como tubos de toracostomía y operan en habitaciones con luces, aire acondicionado y calefacción que no funcionan correctamente y puertas que no cierran como deberían. Lo resumía en que el centro de salud es una gran amenaza para el personal y los pacientes, no apto para ser utilizado.
Por otro lado, aseguraba que el Ministerio de Sanidad es responsable de contratar residentes, y que el número de éstos ha aumentado sin que se haya aumentado el número de plazas, y el periodo de Senior House Officer (SHO, equivalente a los MIR) no es obligatorio salvo que se quiera trabajar en el sistema público, y no hay plazas suficientes. «En 2021, después de que el Ministerio de Salud y Bienestar nos declarara héroes, advertimos de que iba a haber una gran cantidad de SHO sin trabajo; una época en la que teníamos una escasez desesperada de personal, todos los hospitales estaban llenos y se estaban agregando hospitales de campaña. Hicimos lobby repetidamente para que los contrataran y nos dijeron que no había puestos disponibles y que no había dinero para pagarles, y al mismo tiempo ocurrió algo ilegal; nuestra asociación establece claramente que los médicos deben tener contratos de 2 a 3 años, pero a muchos se les otorgaron contratos ilegales de un año, y presionamos en los medios sin parar, lo cual llevó a que desde el ministerio se sentaran en una reunión con nosotros y nos informaron de que corregirían los contratos ilegales y nos darían 120 puestos para que nuestros SHO fueran contratados en el sistema, la primera vez que se aumentaban puestos en más de 10 años«, añadía.
Fitz-Henley mostraba las pocas diferencias en las condiciones laborales de 2016 respecto a las de 2023. Se exige que trabajen 40 horas semanales durante cada semana laboral de 7 días, aplicando tasas de pago por turnos de emergencia con respecto a las horas trabajadas que excedan las 40 horas semanales, con 14 días por año de vacaciones, 10 días de licencia departamental por año y 10 días de licencia por enfermedad en 2016. En 2023, son 15 días de vacaciones por año y se añade el permiso de paternidad, que son 14 días, con una ampliación de la baja de maternidad de hasta 60 días y se añade una licencia por adopción.
Esto significa que las especialidades trabajan los fines de semana además de las horas de trabajo «regulares» y en tareas de emergencia adicionales, es decir:
- Lunes de 8 a.m. a 8 a.m. (servicio las 24 horas).
- Martes de 8.00 a 16.00 (en realidad las 19.00 después de las rondas).
- Miércoles de 8 a.m. a 16.00.
- Jueves de 8 a.m. a 8 a.m. (servicio las 24 horas).
- Viernes de 8 a.m. a 16.00.
- Sábado de 8 a.m. a 8 a.m. (servicio fin de semana).
- Domingo de 8 a.m. a 8 a.m. (servicio fin de semana)
- Lunes de 8 a.m. a 16.00 (servicio fin de semana)
TOTAL; 120 horas.
Como se puede comprobar, en cualquier tarea de emergencia asignada no se podía dormir, comer ni ir al baño, y como se puede imaginar, esto tiene graves repercusiones para los médicos y la calidad de la atención que se puede brindar a los pacientes. Desde 2020 el Ministerio de Salud y Bienestar ha informado del aumento del 50 al 60% de los errores médicos, probablemente debido al agotamiento, el cansancio y el exceso de trabajo.
La presidenta de la Asociación jamaicana explicaba que tras varios intentos de negociación y de menosprecio por parte del ministerio en 2023, con presiones para firmar acuerdos poco beneficiosos, «creemos que están intentando deliberadamente garantizar que nuestro salario sea lo más bajo posible. Al limitar las horas extra, exigiéndonos registrar la entrada y la salida, están menospreciando nuestros servicios y aportaciones al sistema. Para poder prevenir esto, sugiero que hagamos que los cirujanos y otras especialidades que frecuentemente hacen horas extra gratis comiencen a registrar sus horas, por lo que llegarán a las 40 horas máximas el miércoles y tendrán que pagarles más del 70% más de lo que les pagan ahora. Solo así se plantearían revertirlo rápidamente», concluía Fitz-Henley.
Fuente: CESM
5. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública
Como anunció la ministra de Sanidad Mónica García, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto legislativo para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. El texto ahora pasará al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, que el Ejecutivo estima para el próximo trimestre, según ha señalado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa posterior a la reunión.
García ha recordado que la creación de la agencia «ha estado en espera durante una década; un proyecto que se gestó en la legislatura anterior y que tiene pendientes muchas reformas desde la Ley 33/2011, la ley de salud pública, que el PP metió en un cajón y que fue recuperada por el anterior Gobierno».
La ministra ha citado la pandemia de covid, «que puso en jaque a nuestro sistema sanitario y donde se evidenciaron los desafíos pendientes que teníamos como sociedad y como sistema sanitario con respecto a la detección precoz, a la evaluación y a la respuesta rápida a las emergencias sanitarias».
La futura agencia, ha señalado la ministra, «viene a paliar esas carencias y también a reforzar nuestra capacidad de anticipación, nuestra capacidad de coordinación, e incorpora las lecciones extraídas y aprendidas durante la pandemia».
Cinco son las misiones de la futura agencia que la ministra ha enumerado y que, según ha señalado, «son fundamentales. La primera es modernizar y cohesionar nuestro sistema de vigilancia, nuestros radares para que puedan responder con agilidad a futuras pandemias, a futuras epidemias y a futuras amenazas para la salud».
García ha explicado que la segunda misión de la agencia, «es la incorporación de un concepto que es un concepto fundamental el de OneHealth y que tiene que ver con que la salud de las personas está interrelacionada con la salud ambiental y con la salud animal». A ello se añade la anticipación a «las amenazas que supone el cambio climático. La Agencia Estatal de Salud Pública también viene a reforzar esta capacidad de evaluación de información y de recomendación ante los riesgos de la emergencia».
En cuanto a la cuarta misión del futuro organismo, la ministra ha dicho que se fundamenta en la «mejora de la coordinación y la colaboración científica académica con la industria y con las diferentes administraciones, con las diferentes instituciones para monitorizar y acompañar las diferentes estrategias de respuestas». Por último, la agencia va a «evaluar los determinantes sociales de la salud, que son los determinantes que impactan más en la salud de la población».
«En suma, esta agencia estatal viene a reforzar nuevamente el compromiso y el papel de este Gobierno con nuestra sanidad pública y con nuestra salud pública. En concreto, viene a contribuir a varias cosas: a no olvidar; a aprender las lecciones de la pandemia; a tener un Sistema Nacional de Salud más fuerte y resiliente; y a responder con mayor agilidad y mayor información en el presente para poder estar más seguros en el futuro», ha apuntado García.
Respecto a la ubicación de la agencia, la ministra ha explicado escuetamente que «se ha abierto el procedimiento para la designación de la sede, que depende del Ministerio de Política Territorial. Ya hay candidaturas y entidades locales que se postulan».
Entre esas candidaturas se encuentra la de Zaragoza, que ya ha dado los primeros pasos para postularse y que espera a conocer los criterios que se establezcan para albergar la agencia.
REACCIÓN DE LAS SOCIEDADES
Desde la Sociedad Española de Epidemiología, su presidente, Óscar Zurriaga, ha celebrado la aprobación del proyecto, para, a continuación, señalar que, «por desgracia, ya llega tarde porque su creación estaba prevista en 2011 y en la legislatura anterior ya se aprobó en Consejo de Ministros y fue al Parlamento. Por desgracia, la finalización de la legislatura impidió que acabara siendo aprobada. Esperamos que esta vez sea la buena -ha dicho- y, además, esperamos que este proyecto de ley sea mejor que el anterior«.
Zurriaga señala que el texto anterior «era excesivamente escueto» y añade que lo que en definitiva esperan los epidemiólogos es que «realmente se cree [la agencia], que exista y que empiece a funcionar; con un mejor proyecto de ley y un mejor reglamento y que pueda ejercer las funciones para la que ha sido prevista».
Eduardo Santué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), cree que «la decisión de poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública es una decisión de gran relevancia, por lo que puede implicar para la coordinación y la prevención de problemas de salud pública a gran escala».
Para llevar a buen término la puesta en marcha de la agencia, Sespas pide que haya «un presupuesto realista, que dote de los necesarios recursos humanos, de prestigio y que sepan en qué consiste la creación de estrategias de salud pública». Ese presupuesto, en opinión de Sespas, «debe permitir también unos materiales, unos recursos modernos, actualizados, que incorporen bases de datos, computación, nuevas tecnologías y el personal necesario también para manejarlo adecuadamente».
Pero más allá de lo meramente técnico, Santué señala una necesidad casi más importantes: «Que la la Agencia tenga un apoyo institucional a todos los niveles».
