Boletín Diario Informativo de AMYTS del 29 de julio de 2021
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1. AMYTS ACTÚA. Instrucción sobre permisos de formación de la DGRRHH del SERMAS
3. La OMC insta a vacunarse a los sanitarios negacionistas
5. Sanidad suma 27.149 nuevos casos de Covid y la incidencia baja de 700
1. AMYTS ACTÚA. Instrucción sobre permisos de formación de la DGRRHH del SERMAS
En estos días se ha hecho pública una Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que, en base a un teórico acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial del día 30 de junio, se definía el ámbito de consideración de la formación continuada para la concesión de permisos de formación (según Pacto de 20 de julio de 1997 del extinto INSALUD, aún no revocado en la Comunidad de Madrid) para la formación presencial y para la formación on-line síncrona, es decir, que exige la participación virtual de forma interactiva en directo con el lugar desde el que se imparte la conferencia o clase.
Aunque pareciera que dicha Instrucción amplía los tipos de formación a los que se puede aplicar el permiso retribuido de formación, en realidad deja excluida de la misma a la formación on-line asíncrona, aquélla que no necesita ser realizada en un horario concreto, sino cuyo horario puede adaptarse a la disponibilidad de tiempo del alumno. Hay que tener en cuenta demás que en algunos ámbitos de ejercicio profesional dentro del SERMAS, como son los casos de SUMMA 112 o de los Servicios de Atención Rural (SAR) por ejemplo, los turnos de trabajo predominantes (noches, festivos y fines de semana) no suelen coincidir con acciones formativas presenciales u on-line de tipo síncrono, lo que supone una clara y específica discriminación de estos profesionales.
Desde nuestro punto de vista, toda formación de calidad que realice el médico debería ser reconocida, y específicamente a la hora de la concesión de permisos, por dos razones fundamentales:
- Es un requisito propio del ejercicio de la profesión médica, que beneficia fundamentalmente a los pacientes, pero que también contribuye a la motivación de los profesionales y al refuerzo de su rol profesional (art. 33, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias LOPS)
- Es, por ello, una obligación de las instituciones sanitarias, que deberán facilitar la “realización de actividades de formación continuada” ( art. 12, LOPS)
Entendemos que no se puede utilizar el requisito de coincidencia con el horario de trabajo para excluir la formación on-line asíncrona de la concesión de los permisos de formación, pues lo que supone en realidad es una limitación que estaría imponiendo la empresa, en este caso el SERMAS, a la formación de sus profesionales, y no la facilitación de la que expresamente habla la LOPS. Y no hay que olvidar que la modalidad asíncrona de la formación on-line permite la incorporación de herramientas pedagógicas muy potentes que pueden potenciar el aprendizaje adquirido en una actividad formativa, sin que haya evidencia de que sus resultados o utilidad sean inferiores a los de la formación presencial (y probablemente, en cambio, resulten ser superiores).
Por estas razones es por lo que AMYTS manifestó su desacuerdo con el contenido que la Dirección General de RRHH presentó ante la Mesa Sectorial, y se mostró partidaria de la necesidad de renegociar el acuerdo en su totalidad para adaptarlo a la realidad actual, que incluye las diferentes modalidades de formación on-line (por cierto, no coincidente con la que se maneja en la literatura al uso) y la aplicación real de los permisos para formación, para los que el límite horario de 40 h no sólo restringe lo acordado en la salida de huelga del SUMMA 112, que se aplicaba también al SAR, sino que parece claramente insuficiente de cara a las necesidades de formación actuales.
2. Sanidad y CC.AA. acuerdan los ámbitos para el reparto de 260 millones de euros para mejorar las capacidades del SNS
El Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles ha acordado los ámbitos para el reparto de un paquete de fondos de algo más de 260 millones de euros para “mejorar y reforzar las capacidades” del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según ha informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el acuerdo con las comunidades permitirá el reparto de 220 millones de euros para mejorar y ampliar las capacidades en salud digital en el SNS. Otros casi 40 millones de euros se destinarán al programa de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS, de la prestación farmacéutica y su distribución.
También se destinarán 2,8 millones de euros para financiar la Estrategia frente a Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas, incluida la ELA, “para hacer frente a la detección, la información y el apoyo a las familias y los profesionales”, ha dicho la ministra. Por último, algo más de dos millones de euros irá a la mejora de los sistemas de información del SNS.
Lo que no se ha llevado al orden del día, pero sí han mencionado algunas comunidades autónomas, es la posibilidad de establecer un protocolo común para poder solicitar el certificado de vacunación Covid-19 a las personas que quieran entrar en restaurantes y locales de ocio. Una medida que ya se lleva a cabo en Francia y que no descartan comunidades como Galicia. En este sentido, la ministra Darias cree que “sería complicado” llevarlo a cabo, ya que el certificado “tiene unos usos que están regulados y que tienen amparo legal, que son los que permite la Unión Europea”. Sin embargo, ha señalado que las comunidades, en el uso de “sus competencias”, pueden pedir pruebas de vacunación.
De igual modo, Darias ha rechazado imponer la vacunación obligatoria a los sanitarios por estar trabajando con personas de riesgo. “La inmensa mayoría de los sanitarios están vacunados”, ha afirmado la ministra, “y a los que no lo están, les recordaría el código deontológico. Están para salvar vidas y me consta el compromiso que tienen de seguir haciéndolo. Han estado desde el principio en primera línea de batalla y solo tengo agradecimiento hacia su compromiso”.
Durante la rueda de prensa, la titular de Sanidad ha anunciado que el ministerio va a reunirse con las sociedades científicas de ginecología y obstetricia así como de enfermería y matronas para “incidir en la importancia” de que las mujeres embarazada se vacunen. “Hemos tenido informaciones de casos con un desenlace fatal”, ha señalado Darias, que ha vuelto a instar a la vacunación.
Por último, la ministra ha dado a conocer el acuerdo por unanimidad para designar a los miembros del Comité Español de Medicina Personalizada. Un comité que ha quedado constituido durante el Consejo Interterritorial y que está formado por representantes del ministerio, CC.AA., sociedades de pacientes y otras organizaciones.
FUENTE: ISANIDAD
3. La OMC insta a vacunarse a los sanitarios negacionistas
Más vale prevenir que curar, dice el refrán. Y con este objetivo el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha sacado una nota advirtiendo a los sanitarios, no solo a los médicos, que deben vacunarse contra la covid-19. Lo han hecho antes de que «comportamientos irresponsables de sanitarios que no se han vacunado y han servido de vectores para contagiar la enfermedad pasen de ser anecdóticos a algo más», han confesado desde la institución.
Y es que, sin entrar en detalles, la OMC ha detectado «casos de personal sanitario que no se ha inoculado la vacuna de la covid-19 de manera voluntaria en apoyo a planteamientos negacionistas». Pues bien, la corporación médica recuerda a los integrantes y partidarios de los movimientos negacionistas que estas acciones «suponen un evidente riesgo para la salud individual y colectiva, y vulneran de manera clara la esencia de la propia profesión que debe de contribuir a generar confianza en las autoridades sanitarias y el conocimiento experto».
Como no podía ser de otra manera, desde la OMC avalan las vacunas contra la covid. Expresan «su total convencimiento de que la vacunación frente al virus SARS-Cov-2 es un ejercicio imprescindible de responsabilidad y solidaridad que está basado en la evidencia científica y que responde a los principios y normas del Código de Deontología Médica».
Por ello, desde el CGCOM, encargado de velar por la buena praxis de la profesión, insisten de manera clara en que «estas actuaciones, en un contexto de pandemia como el actual, pueden generar una importante alarma social y alentar de manera irresponsable a la desobediencia civil, además de ser contrarias a la evidencia científica».
Es decir, en definitiva, «supone un riesgo para la salud pública que puede violar las normas deontológicas de la profesión».
Ante la llegada de las vacunas, el pasado mes de enero, el CGCOM realizó una declaración en apoyo a la campaña de vacunación en la que se instaba a los profesionales sanitarios no solo a vacunarse sino a ostentar el liderazgo de la comunicación pública en este ámbito y ejercer con su ejemplaridad personal el mensaje.
Finalmente, el CGCOM insta «encarecidamente» a todos los profesionales sanitarios a vacunarse, puesto que son agentes de riesgo y transmisores de enfermedades y pueden incurrir en un supuesto de irresponsabilidad respecto a la Administración que puede ser reclamado por esta al profesional sanitario.
Aunque la OMC, en su comunicado, no entra en el debate de la obligatoriedad de la vacunación del profesional sanitario, en estos meses, en países vecinos, como Italia o Francia, se ha impuesto la vacunación obligatoria de los profesionales sanitarios.
Los argumentos más poderosos para desestimar la obligatoriedad de la vacunación en España se sostienen en las altas tasas de vacunación que caracterizan a nuestro país. Esta situación ha sido destacada por Carmen Cámara, secretaria general de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), cifrando en porcentajes por encima del 90% la inmunidad alcanzada en España en todas las vacunas recogidas en los calendarios vacunales.
Esta mínima repercusión que los movimientos antivacunas tienen en España -comparando a la presencia en países de nuestro entorno como Francia o Alemania- explica que España ostente la cobertura vacunal contra la covid-19 más altas de Europa en las franjas de edad de la población más vulnerable.
Sin embargo, hay voces cualificadas del mundo del derecho y la sanidad que ante el riesgo de que los movimientos negacionistas de la pandemia empiecen a calar en nuestra sociedad empiezan a hablar alto y claro de una vacunación obligatoria entre los profesionales sanitarios.
FUENTE: DIARIOMEDICO
4. La caída del ritmo de inmunización en los países ricos impulsa medidas coercitivas para quienes no se vacunen
En el catastrófico accidente que la pandemia ha sido para el mundo, las vacunas llegaron a finales de 2020 como los codiciados botes salvavidas que permitirían salvar a los náufragos. Tras una primera etapa de mucha ansiedad por ser los primeros en subir a ellos, los países ricos ven ahora cómo muchos de sus ciudadanos prefieren seguir en el agua, a riesgo de ahogarse. Al mismo tiempo, la variante delta, la más contagiosa desde que el virus comenzó a propagarse en China, está generando nuevas olas epidémicas que, si bien son menos virulentas que las anteriores en los países con altas tasas de vacunación, están volviendo a comprometer a los sistemas sanitarios y eliminando parcelas de normalidad que se habían recuperado. Con este panorama y una inmunidad de rebaño que los expertos cifran más cerca del 90% que del 70% que se consideró en un principio, cada vez más gobiernos apuestan por dar un empujón a los ciudadanos para que suban al bote, restringiendo actividades y libertades a aquellos que rechacen la vacunación o incluso imponiéndoselo a sus funcionarios. La opción de obligar a la población general a recibir el pinchazo no se está barajando, de momento, en la mayoría de países occidentales.
En España los problemas del avance vacunal suenan como un debate lejano: el ritmo de vacunación sigue constante y la semana pasada se convirtió en el país de entre los 50 más poblados del mundo con mayor porcentaje de personas con la dosis completa (aunque Canadá la ha superado este martes, según datos de Our World In Data, un repositorio impulsado por la Universidad de Oxford). Según el último informe del Ministerio de Sanidad, un 55,7% de la población ha recibido la pauta completa, mientras que la media en la Unión Europea es del 47% y en Estados Unidos, donde el proceso comenzó antes, no alcanza el 49%.
Aquí el debate de restringir el ocio a los no vacunados, como han planteado Galicia o Canarias, se debe más a una estrategia para frenar la expansión de la quinta ola que para incentivar una vacunación que, de momento, no necesita alicientes: todas las franjas de edad están acudiendo masivamente a los centros de salud cuando les toca. Aunque el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha llegado a plantear la obligatoriedad de la vacuna entre los empleados públicos.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido este miércoles que alguna comunidad ha planteado usar el certificado de vacunación para limitar el ocio a los no inmunizados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. “Pero no estaba en el orden del día, ahora lo que toca es seguir vacunando y llegar a los hitos señalados, como es alcanzar el 70% de población vacunada a finales de agosto. No estamos teniendo problemas de vacunación, antes al contrario: la gente lo que quiere es vacunarse cuanto antes. Y esperamos que siga así”, ha zanjado.
Las medidas para vacunar en los países occidentales
Estados Unidos, que fue uno de los países más aventajados en las primeras etapas, ha probado varias tácticas para incentivar a sus ciudadanos a inocularse contra la covid-19 ante el estancamiento de la vacunación. Desde dinero en metálico —el Ayuntamiento de Nueva York paga 100 dólares a la personas que se pongan la primera dosis— hasta cerveza gratis. Pero la cifra de población con la pauta completa sigue estancada y la Casa Blanca estaba este miércoles considerando la obligatoriedad entre los funcionarios federales. Es algo que también han anunciado otras administraciones, como el Estado de California y la ciudad de Nueva York. De no vacunarse tendrían que pasar pruebas PCR semanalmente. Incluso empresas privadas, como Google o el periódico The Washignton Post, requerirán un certificado de vacunación a sus trabajadores, según informa The New York Times.
En Francia, los sanitarios que no quieran recibir la inyección pueden quedarse sin sueldo desde septiembre (en un principio se habló de despidos, pero el Parlamento, al votar la ley para establecer estas medidas, suavizó el tono este fin de semana) y el Gobierno no descarta hacer lo propio con los profesores, los cuidadores en residencias, bomberos o militares de seguridad civil, si no se alcanzan amplias coberturas. En el país galo, a partir de agosto será necesario un certificado sanitario para acceder a lugares públicos como bares y restaurantes, incluso en terraza. También será necesario para viajar en avión o en trenes de larga distancia. La medida ya está vigente desde la semana pasada para acceder a cualquier evento cultural y deportivo donde se concentren más de 50 personas, incluidas atracciones turísticas, cines y teatros.
Italia impondrá medidas similares en agosto y Alemania las está sopesando. Estos movimientos han desatado una tormenta en los países que los están aplicando. Algunos sectores políticos del país transalpino, especialmente vinculados a la derecha populista, han tratado de obstaculizar la implantación de estas medidas que consideran excesivas. Matteo Salvini, el líder de la ultraderechista Liga, por ejemplo, ha señalado que no es necesario vacunar a los jóvenes. El primer ministro, Mario Draghi, gran defensor de las vacunas para todos, ha respondido con contundencia: “Un llamamiento a no vacunarse es un llamamiento a morir”. En Alemania, además de protestas hay una pugna entre los partidarios de mantener la libertad individual para vacunarse y quienes quieren ser más duros y exigir el certificado vacunal para ciertas actividades. En Francia, la semana pasada se manifestaron 114.000 personas contra las medidas.
Las razones del freno a los pinchazos son variadas. El movimiento antivacunas, muy activo e influyente en países como Estados Unidos y Francia, donde hay grandes bolsas de población que abogan contra las inoculaciones, es una parte del problema, pero no la única. También tiene su papel la capacidad del sistema sanitario para llegar a toda la población, la desidia de parte de ella, que se siente fuera del sistema o las personas que simplemente tienen miedo y prefieren no arriesgarse a sufrir unos efectos secundarios que aunque muy infrecuentes (mucho más que la posibilidad de enfermar gravemente por culpa del coronavirus), son posibles. Existe también lo que se conoce como el efecto polizón: personas que quieren esperar a que sean los demás quienes se vacunen para aprovecharse ellos de la inmunidad de rebaño.
Fernando García López, presidente del Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, explica que en cada país hay que buscar una respuesta acorde a su situación. “No son lo mismo las medidas para vacunar a los sanitarios de Francia, con coberturas relativamente bajas, que las que ha impuesto el Reino Unido en las residencias, donde son muy altas y quizás no sería necesario, por lo que ha provocado grandes protestas”, reflexiona. Este experto, como otros consultados, aboga primero por convencer y, antes que obligar, incentivar con ciertos beneficios, como están haciendo algunos países. El de la vacunación obligatoria es un conflicto entre el bien común y las libertades individuales que los expertos en bioética tienden a aplazar hasta que no sea estrictamente necesario.
Un caso paradigmático en el avance de la vacunación, como fue Israel, lleva semanas estancado. Alcanzó a principios de abril el 50% de la población con pauta completa, pero desde entonces, en casi cuatro meses, apenas ha avanzado 11 puntos para situarse en el 61%. El primer ministro, Naftali Bennett, anunció el jueves que se iba a reintroducir el pase verde o certificado de vacunación digital para poder acceder a cafés y restaurantes, gimnasios, centros culturales y deportivos y lugares de culto, aunque el Gobierno aún no ha adoptado la decisión.
“Hay más de un millón de ciudadanos (un 11% de la población) que están en condiciones de ser vacunados y no lo han hecho. Están poniendo en peligro la salud y la economía de todos los israelíes”, advirtió el primer ministro. “Ahora que se ha comprobado en todo el mundo que las vacunas son seguras y efectivas”, agregó, “ha llegado la hora de que se inmunicen y dejen de amenazar la salud de sus seres queridos, sobre todo de los mayores”. En Israel no existe un movimiento antivacunas definido, salvo algunos casos de negacionistas activos en las redes sociales, pero las comunidades más desfavorecidas, la minoría árabe (21%) y los judíos ultraortodoxos (12%), han sido las más refractarias a recibir las dos inyecciones de Pfizer.
El residual movimiento antivacunas en España
El movimiento antivacunas también es residual en España, un país con una fuerte cultura de vacunación que se refleja en las altas tasas en las campañas infantiles. Según la última encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), el número de personas que rechaza de plano ponerse la vacuna en España pasó de un 33% el verano pasado a un 4% el pasado mayo. Por eso, la mayoría de los expertos consultados están de acuerdo en que no es necesario imponer ningún tipo de obligatoriedad, al menos, de momento. Alberto Infante, profesor de la Escuela Nacional de Salud, cree que no hay que “dar argumentos a los antivacunas” para que se movilicen, como sucede en otros países. “No hay que trasladar contextos distintos, como el francés, aquí, donde incluso los más jóvenes están respondiendo bien. Sería contraproducente”, sentencia.
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, cree que no está de más el debate sobre la obligatoriedad. Porque aunque en su opinión hoy por hoy no es necesario, habrá qué ver lo que sucede en el futuro. Con una inmunidad de rebaño que los expertos ya sitúan cerca del 90% el debate llegará cuando sea el momento de vacunar a los niños. Aproximadamente un 11% de la población en España es menor de 12 años, para quien todavía no hay vacuna, pero probablemente estaría lista a finales de 2021 o principios de 2022. “El criterio para vacunarlos es o que les proteja a ellos o que sirva para la inmunidad de rebaño. Para ellos seguramente haya más riesgos que beneficios, puesto que la gran mayoría cursa la enfermedad de forma muy leve. Entonces habrá que preguntarse si para lograr la protección de grupo tiene sentido vacunarles a ellos u obligar a los adultos que no se hayan pinchado todavía”, señala.
Otro debate es el del personal sanitario. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha hecho un llamamiento este miércoles a todos los sanitarios para que se vacunen “ante algunos casos detectados”. Su presidente, Tomás Cobo, explica a EL PAÍS que quienes no lo hagan pueden estar violando el código deontológico, puesto que ponen en riesgo la salud pública. “En los casos que tienen contacto con pacientes habría que plantearse apartarlos y ponerlos en otras tareas”, asegura.
Sanidad ve “complicado” que las comunidades usen el Certificado Covid-19 para acceso a interiores
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha declarado, tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que, en cuanto a la posibilidad de exigir el Certificado Covid-19 Digital de la Unión Europea (UE) para el acceso a interiores, como los de la hostelería, “las comunidades autónomas pueden llevar a cabo aquellas medidas que estimen oportunas, pero dentro de las que corresponden a su ámbito competencial, y, en este caso, el Certificado Covid-19 sería complicado”.
“Los usos son los que están regulados por la UE y reglamentados por el Parlamento Europeo, y cualquier otro uso que no sea ese tiene el amparo legal que tiene”, expresó Carolina Darias, que señaló que, no obstante, este asunto no fue abordado en esta última reunión, pues “no formaba parte del orden del día”.
Aunque la titular de la cartera sanitaria del Gobierno reconoció que hay Ejecutivos autonómicos que “están empezando” a utilizar esta medida para la hostelería y el ocio nocturno, destacó que pueden hacer uso de otros mecanismos para regular los accesos a interiores.
FUENTE: ELPAIS, ACTASANITARIA
5. Sanidad suma 27.149 nuevos casos de Covid y la incidencia baja de 700
La incidencia acumulada a 14 días baja de 700 casos en España. Así consta en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, en el que se añaden 27.149 nuevos casos de coronavirus y 73 muertes.
No obstante, el total de pacientes por Covid hospitalizados se sitúa en 9.672, estando 1.593 ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dada su gravedad.
El rango de edad con una mayor incidencia acumulada en 14 días es el grupo de los 20 a 29 años, con 1.491.59 casos positivos en total. Le sigue el grupo de entre los 12 a 19 años, con 1.193.91 positivos.
Asimismo, España ha realizado ya un total de 1.239.247 pruebas de diagnóstico frente al Covid-19: 772.388 PCR y 466.859 test de antígenos.
305 casos importados en la última semana
Respecto al número de casos de Covid importados de otro país, el informe publicado hoy por el Ministerio de Sanidad señala que han llegado a España un total de 11.165 positivos y en los últimos 7 días 305.
Finalmente, los países que registran un mayor número de casos confirmados en Europa son Rusia, 6.172.812, Francia, 6.026.115, Reino Unido, 5.745.526, y les siguen Turquía, con 5.618.417, e Italia,4.325.046. Fuera de Europa, el ranking lo encabeza Estados Unidos, la India y Brasil con valores superiores a los 19 millones de casos positivos por Covid.
FUENTE: REDACCIONMEDICA
