Boletín Diario Informativo de AMYTS del 22 de octubre de 2021

Más directores de centros de salud de Madrid se van sumando a la guerra contra las restricciones que están sufriendo a la hora de pedir prolongaciones de jornada para suplir las ausencias de médicos, a pesar de que la Gerencia de Atención Primaria ha enviado un escrito a los directores afirmando que no han cambiado las condiciones. Sin embargo, continúan los escritos ante lo que los profesionales consideran un ataque a su autonomía de gestión.

Ya son 118 directores de centros de salud de las áreas Oeste, Sur, Noroeste y Sureste del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de localidades como Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe y Leganés. En toda la comunidad hay 265 centros de salud, con lo cual ya supone el apoyo del 44,52%.

Según los directores, las direcciones asistenciales trasmitieron recientemente nuevas condiciones a los coordinadores de los centros de salud respecto a los módulos de prolongaciones de jornada: la dirección tendrá que validar previamente estas peticiones y sólo se estudiarán las solicitudes de centros en los que no se pueda garantizar el 75% de la cobertura del total de profesionales de la plantilla, con los turnos de mañana y tarde.

Fuentes consultadas por DM señalan que hasta hace poco no se habían denegado las peticiones de prolongaciones de jornada, que han supuesto cierto alivio para cubrir la falta de profesionales, especialmente a la hora de asegurar la asistencia en verano. Los directores consideran que este movimiento supone de facto una desautorización y un riesgo para los profesionales, cada vez más sobrecargados, y para los propios pacientes, en una primaria que está en una situación límite.

«Esta orden van en contra de la normativa vigente que regula la dirección de los centros de salud, prohibiéndoles de forma verbal el uso del capítulo I del contrato-programa sin la supervisión de la dirección asistencial sin que haya una norma superior. De ahí el levantamiento de los directores», explica María Justicia, presidenta de Atención Primaria de Amyts.

Inicialmente, los doblajes de los médicos de primaria implicaban asumir voluntariamente otras siete horas de trabajo adicionales, que se pagaban a razón de 12 euros la hora en neto. Para hacer esta cobertura más atractiva, los módulos de prolongación de jornada (4 horas a 200 euros para médicos) empezaron a utilizarse a finales de 2019.

Justicia recuerda que dichos módulos «se habían creado inicialmente para periodos críticos, como las navidades. Debido a la covid y al deterioro y falta de médicos de primaria, desde diciembre del año pasado se han ido usando esos módulos porque no hay suplentes, y hasta ahora se han ido renovando de forma continua».

Se supone que, según el tipo de ausencia, su cobertura por suplencia o módulo de prolongación va a cargo del capítulo I del centro de salud (días de libre disposición, permisos legales, trienios y vacaciones de antigüedad y primeros 20 días de IT, salvo contingencia profesional) o bien se hace cargo la dirección asistencial de forma centralizada (IT de larga duración, vacantes, días de compensación de coordinadores de centros y tutores, libranzas sindicales). Según las fuentes consultadas, el director simplemente informaba de lo que necesitaba y ya estaba establecido a cuenta de quién iba.

No obstante, las direcciones asistenciales habrían señalado que no se iba a diferenciar por el tipo de ausencia, independientemente del presupuesto al que vaya a cargo, y que todas estarían sometidas a autorización previa.

Los directores de centros consideran fundamental poder gestionar los módulos de prolongación de jornada como una forma de garantizar unos mínimos de accesibilidad, dado que la alternativa es sobrecargar aún más a los profesionales del centro. Además, señalan que muchas de las peticiones se deben, de hecho, a las ausencias de larga duración, de las que en teoría se encarga la gerencia, y que no son, por tanto, achacables a la gestión de estos coordinadores. En los últimos años, señalan, ni siquiera se consume el gasto del capítulo I porque, de hecho, no hay suplentes.

Vista la situación, las últimas cartas remitidas a la Gerencia de Atención Primaria reclaman que la denegación de cada petición registrada se haga por escrito y que sea la dirección asistencial la que se lo comunique al sustituto y asuma la organización de la cobertura de la ausencia.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad niega que haya habido algún cambio. En una carta firmada por Sonia Martínez Machuca, la gerente asistencial de atención primaria: «No hay ninguna modificación respecto a la descentralización de la gestión de ausencias que está recogida en el Contrato Programa de Centro 2021 y al presupuesto asignado para ello a cada uno de vuestros centros». Fuentes de la consejería inciden en que «la situación no ha variado y no hay presupuesto cerrado para esto, ya que se atienden y remuneran todas las prolongaciones necesarias y se seguirá haciendo».

No obstante, hay directores de centros de salud que creen que la carta tiene un tono ambiguo y no aclara la situación, que Sanidad achaca a un malentendido. Martínez Machuca señala, por ejemplo, que «como en todos los casos en que se invierten los recursos de la organización, los gestores debemos priorizar su uso racional, oportuno, proporcional y eficiente, tal y como os ha sido trasladado a lo largo de los últimos días por vuestras respectivas direcciones asistenciales».

La gerente recuerda en su misiva que «dado que las situaciones de los centros de salud son diversas y como complemento a la gestión descentralizada, la tarea de las direcciones asistenciales incluye la coordinación y supervisión, equilibrando la carga asistencial entre los diferentes centros, con visión global y buscando garantizar disponibilidad de estos módulos para aquellos centros en los que la necesidad asistencial es mayor».

«Se mantiene, pues, el circuito establecido para la gestión de las prolongaciones: el director del centro establece la necesidad de suplir la ausencia de un facultativo y se traslada esta necesidad a la unidad periférica de recursos humanos de la dirección asistencial correspondiente. Ante la falta de disponibilidad de suplente, se asigna la posibilidad de prolongación al personal disponible. Y esta prolongación se realiza con determinados requisitos: siempre en distinto turno del habitual, no más de una prolongación por día laborable, no más días laborables que los existentes en el mes en curso y siempre con profesionales en activo en la Gerencia asistencial de atención primaria». Según las fuentes consultadas, estos requisitos no se habían aplicado hasta la fecha.

2. AMYTS INFORMA. Soy MIR y estoy embarazada: ¿Qué pasos tengo que seguir para pedir la baja?

ARTÍCULO DE REDACCIÓN MÉDICA CON INFORMACIÓN DE AMYTS

¿Qué pasa si eres MIR y te quedas embarazada? Te lo contamos en unos pasos. Cualquier duda, contacta con nosotros. Aquí estamos para ayudarte@SheilajustoS @residentesAMYTS pic.twitter.com/NkZx2K4ctb

— Médicos y TS-Madrid (@amytsmedicos) October 21, 2021

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de información, debate y denuncia para los MIR, donde tratan y comparten todo tipo de cuestiones que repercuten en sus condiciones laborales. Uno de los perfiles más activos en las plataformas es el de Sheila Justo, presidenta del Sector Médicos Jóvenes y MIR de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), quien recientemente ha compartido cómo actuar correctamente en caso de que una residente se quede embarazada. Un estado que, según Justo, “no debe suponer menoscabo económico”.

Según las indicaciones de Justo, el primer paso que debe dar una residente en estado de gestación es pedir cita al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para notificarlo. “Ha cambiado tu situación, ahora es especialmente sensible y hay que evitar riesgos”, recomienda.

Este servicio se encargará de hacer una evaluación específica del riesgo del embarazo de la residente en su entorno de trabajo, cuyo estado de salud puede verse afectado por agentes biológicos como el Covid-19, las guardias, la nocturnidad o los turnos prolongados. Otros aspectos a tener en cuenta pueden ser las radiaciones ionizantes, los agentes mecánicos o los riesgo de contusiones en el abdomen.

Por otro lado, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tendrá que redactar un informe de recomendación para la adaptación puesto de trabajo durante el embarazo. Por ejemplo, se puede recomendar la exención de guardias, turno prolongado y nocturnidad por riesgo durante la gestación.

En cuanto a la exención de guardias, Justo remarca que las residentes recibirán un promedio de guardias de los últimos seis meses. En este sentido, subraya que si la médico residente se reduce ella misma las guardias no percibirá dicho complemento. “Siempre hay que notificar a Prevención de Riesgos Laborales”, insiste.

“En caso de bajas relacionadas con el embarazo, debemos informar a la empresa de esta relación, pero no tiene por qué saber el motivo de la baja, ya que también nos corresponde el promedio de guardas”, finaliza Sheila Justo, que recuerda que el embarazo no debe suponer menoscabo económico.

Fuente: Redacción Médica

3. CESM ACTÚA. Un centenar de organizaciones reclaman una representación sindical real y democrática en la negociación colectiva en las Administraciones Públicas

Un centenar de organizaciones sindicales, entre las que se encuentra la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que cuentan con más del 40% de la representación en las administraciones públicas de nuestro país han constituido la Plataforma EBEP 36.3. con el principal objetivo de acabar con el actual monopolio sindical existente en base a una interpretación errónea y restrictiva del Estatuto Básico del Empleado Publico (EBEP), y que supone que miles de empleados públicos no están representados de forma justa y democrática en las Mesas Generales de Negociación estatal, autonómicas y locales.

En el acto de presentación, el portavoz de la Plataforma, Jesús Santos, explicó que, en la actualidad y a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2018, las distintas administraciones públicas están aplicando una interpretación errónea y desvirtuada del artículo 36.3. del EBEP relativo a la constitución de las mesas de negociación en las administraciones y entidades públicas que claramente beneficia a los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF.

Esta situación, apuntó, conlleva la exclusión sistemática de la participación en las Mesas Generales de Negociación de las Administraciones Públicas de otras organizaciones sindicales que obtienen en dichos ámbitos un respaldo electoral suficiente, y en muchos casos superior al obtenido por las organizaciones sindicales mencionadas, lo que supone de facto la exclusión de los legítimos representantes elegidos directamente por los empleados públicos en beneficio de dichos sindicatos favorecidos, llegando en algunos casos al margen de la decisión de los electores a la aberrante situación de entrar a formar parte de las mesas de negociación en algunas administraciones locales por imperativo legal y sin haber siquiera concurrido a las elecciones sindicales.

Según dijo Santos, esta realidad dificulta enormemente y de manera injusta la acción sindical de las organizaciones profesionales y sectoriales, muy mayoritarias en algunas administraciones públicas, abocándolas en la práctica a la desaparición a corto o medio plazo, del actual tejido sindical independiente ante la limitación de órganos de expresión y participación. “No se está garantizando la voluntad de los empleados públicos expresada libre y democráticamente en las urnas electorales sindicales para elegir a sus representantes en las mesas de negociación de sus condiciones laborales”, añadió.

Asimismo, aseguró que esta situación va totalmente en contra de postulados que se están defendiendo en todos los ámbitos de una democracia más participativa, al reconocer una representación de los trabajadores en exclusiva a unas organizaciones sindicales mediante ley (o sentencia en este caso) al margen del apoyo real que las mismas tengan en los centros de trabajo. De esta forma, se está “empobreciendo” la representación, la participación y, por tanto, la calidad de los acuerdos que se puedan alcanzar en el ámbito de la negociación de las administraciones públicas, dijo.

Por ello, la Plataforma reclama la reforma del apartado tercero del artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público al objeto de que se establezca que para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, las Mesas Generales que se constituyan lo hagan tomando en consideración los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos comprendidos en el correspondiente ámbito de negociación. De este modo, estarán representadas en estas Mesas Generales las organizaciones sindicales que hayan obtenido el 10% del total de representantes electos elegidos en el conjunto de los órganos de representación de personal funcionario, estatutario y laboral de la administración pública correspondiente.

Aunque se trata de un tema complejo y que podría dar la impresión de ser una simple disputa entre sindicatos, desde la Plataforma han insistido en que lo que está en juego es la democracia sindical en las administraciones públicas, la cual pretende ser sustituida por una dictadura sindical que obvia la voluntad que miles de empleados públicos han expresado con su voto en las urnas.

En el acto de presentación de la Plataforma se dio a conocer, además, el estudio jurídico realizado por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Remedios Roqueta Buj, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, donde queda patente el desajuste e inadecuación al fundamento y fondo del EBEP de la practica actual en la constitución de las Mesas y la necesidad del cambio legal propuesto.

La Plataforma EBEP 36.3 está compuesta por más de 100 organizaciones sindicales independientes con representación dentro de la administración pública del Estado, CC.AA. y Administraciones Locales, así como en todos los sectores de ésta (AGE, sanidad, enseñanza, hacienda, seguridad y emergencias…entre otros). Actualmente ostentan una representación de más del 40% de la representación sindical en las AA.PP.