Boletín Diario Informativo de AMYTS del 25 de octubre de 2021

 

2. Los sindicatos de Mesa Sectorial valoran movilizaciones ante la imposición y no negociación de la Consejería de Sanidad para Atención Primaria

Por fin la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, ha respondido al escrito de rechazo que las cinco organizaciones sindicales (OOSS) con presencia en la Mesa Sectorial hemos presentado, donde dejamos claro el rotundo rechazo al ‘Plan de mejora de Atención Primaria’ presentado por la Administración y que nunca ha sido negociado. Consideramos este plan insuficiente y mal dotado presupuestariamente. Es un proyecto que no resuelve los problemas de este nivel asistencial y no logrará revertir el continuo y constante deterioro de la Atención Primaria, la pérdida de profesionales y el, cada día mayor, rechazo de estos a trabajar en los centros de salud por las condiciones que la Consejería les ofrece.

La contestación de la directora general se limita a hacer un repaso histórico sobre las reuniones mantenidas para intentar convencer de que los sindicatos no hemos querido negociar, mientras que la Administración ha puesto todo de su parte para que se negocie en varias ocasiones. Pero este escrito no explica que para poder negociar hay que tener voluntad por ambas partes y la Consejería de Sanidad, no ha hecho ningún esfuerzo por mejorar la propuesta económica inicial.

Finaliza esta contestación concluyendo lo siguiente:

“Esta Administración se ve en la necesidad de iniciar la implementación de alguna de las medidas contempladas en materia de Recursos Humanos, ejecutando la financiación adicional asignada al efecto”.

Cabe resaltar que algunas de las medidas ya se han implementado sin consenso ni negociación con los representantes de los profesionales. Entendemos que la Administración, no habiéndose alcanzado un acuerdo con las cinco OOSS presentes en la mesa sectorial, continúa su implantación en los términos que, unilateralmente y sin acuerdo, ha decidido la Consejería de Sanidad, única responsable de las previsibles y nefastas consecuencias que para la Atención Primaria traerá consigo su puesta en marcha.

Reunirse sin intención de llegar a un acuerdo, rechazar todas las alegaciones y aportaciones presentadas por las cinco OOSS, demuestra la más absoluta falta de interés en establecer una
verdadera negociación, tan solo pretende la imposición unilateral con el intento de aparentar que se llega a un acuerdo. Insistimos en que el plan no ha tenido respaldo alguno por nuestra parte.

Por todo ello, manifestamos de nuevo nuestro absoluto rechazo a este “Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria” y si el consejero de Sanidad quiere retomar la negociación, será necesario que se haga directamente con él, eliminando mediadores. Por nuestra parte, consideraremos la posibilidad de iniciar cuantas acciones entendamos necesarias, para la defensa de una Atención Primaria de calidad, bien financiada y dotada de los profesionales que la hagan posible.

Por tanto, insistimos: NO AL PLAN DE MEJORA DE ATENCIÓN PRIMARIA IMPUESTO UNILATERALMENTE POR LA CONSEJERÍA.

Por los sindicatos de la Mesa Sectorial: Teresa Galindo (SATSE), Mariano Martín-Maestro (CCOO), Julián Ezquerra (AMYTS), Rosa Vicente (CSIT UNIÓN PROFESIONAL), Julián Ordóñez (UGT)

ESCRITO ENVIADO A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

Fuente: AMYTS

 

3. ¡No te pierdas los últimos artículos de opinión de la Revista Madrileña de Medicina! «La tormenta perfecta» ; «Pequeñas y grandes tiranías de los poderes públicos»

CON FIRMA. «La tormenta perfecta», por Ana Giménez

En relación con la sanidad, llevamos décadas fomentando la situación en la que nos vemos actualmente sumidos. Décadas destruyendo la cultura de auto cuidados familiares de la población, décadas lanzando mensajes de forma constante, persistente, pertinaz, sobre que cualquier decisión en salud de los ciudadanos debe ser supervisada por un profesional sanitario… Décadas en las que explicamos que solo los profesionales sanitarios pueden salvar a la población de sí mismas, por la toma de decisiones no profesionales.

Cada año, avanzamos más en esta infantilización de la población, de tal manera que no solamente les hemos convencido de que no deben tomar ninguna decisión en salud sin consultarlo previamente, sino que, en la actualidad, se lo impedimos: hemos prohibido a la población incluso adquirir medicamentos que en otros países se compran en el supermercado, como son el paracetamol, y el ibuprofeno, o adquirir la misma dosis de su hormona tiroidea que lleva tomando desde hace años. Nuestra población, con mentalidad infantil según lo que parecen pensar nuestros dirigentes, no tiene la capacidad suficiente de control sobre su salud, una capacidad que le permita adquirir una caja de -por ejemplo- paracetamol 650 con 40 comprimidos, pues se entiende que la posesión de esa caja les podría hacer tomársela de forma compulsiva y sin control. Por ello, para “salvarles” solamente les permitimos adquirir a un precio abusivo 12 comprimidos de paracetamol de 500…

Este proceso insidioso de infantilización de la población y de dependencia absoluta del sistema sanitario ha llegado a un punto culminante en el que la población ya está consultando absolutamente por todo: por una rozadura, por mocos de un día devolución, por unas décimas de fiebre, por una sensación de estar destemplado… Además, COVID ha extremado esta paranoia, puesto que lo que antes se interpretaba como una gripe ha resultado ser la Parca que se ha llevado a una parte importante de nuestra población, sobre todo a los más débiles.

Pues bien, con esta situación en la que toda la población es dependiente del sistema sanitario coincide una falta de inversión, en cantidad adecuada y suficiente para ese sistema sanitario que tendría que dar solución a nuestra población tan dependiente. Y estalló la tormenta perfecta: población que necesita consultar por todo (por su bien), y sistema sanitario en el que los profesionales son maltratados, son escasos y, por lo tanto, huyen, o simplemente abandonan. No hay profesionales. Y la población está indefensa.

Tendremos que explicar claramente a la población lo que está sucediendo, tendremos que hacer muchas cosas, pero salvo que queramos que, como en la película de George Clooney, esto sea un naufragio sin supervivientes, es imprescindible como mínimo recuperar el profesional sanitario que ya no quiere trabajar en la sanidad pública. Y darles aquello que necesitan:

• necesitan, necesitamos, respeto y reconocimiento
• necesitamos una retribución adecuada y competitiva
• y necesitamos condiciones laborales adecuadas para el desarrollo de nuestro ejercicio.

Y cuando hablamos de condiciones laborales, nos referimos sobre todo al tiempo: ¡el tiempo, idiota,  el tiempo!

Eso es lo que necesitamos en Atención Primaria: necesitamos tiempo suficiente para atender, diagnosticar y enseñar a nuestros pacientes y devolverles parte del control.

El hecho de que ahora mismo la Atención Primaria esté tan desbordada que apenas es capaz de cumplir sus funciones, que apenas es capaz de atender nada más que lo urgente porque no tenemos tiempo para lo importante, que es la prevención y la promoción de la salud, es gravísimo. Necesitamos tiempo. El tiempo es nuestra herramienta más importante para tener una buena relación médico-paciente, para poder mejorar la salud de nuestros pacientes. Está demostrado que, en consultas de menos de ocho minutos, no hay cabida para la prevención y la promoción de la salud.

Necesitamos tiempo para atender a nuestros pacientes. Ya no sé cómo decirlo.

Ana Giménez Vázquez
Especialista en Medicina de Familia, doctora en Medicina
Tesorera de AMYTS

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CON FIRMA. «Pequeñas y grandes tiranías de los poderes públicos», por Miguel Ángel García

Hoy quiero acercarme a una situación que yo creo universal en nuestra sociedad, aunque lo acompañe de ejemplos concretos. Se trata de las situaciones, cada vez más frecuentes, en que los ciudadanos, y hasta el conjunto de la sociedad, podemos acabar siendo víctimas de algunas inercias administrativas muy extendidas, hasta donde sé, en nuestras Administraciones Públicas. Inercias que se imponen por ley, o por la vía de los hechos, y que dificultan, en ocasiones enormemente, la vida de los administrados. Pequeñas y grandes inercias frente a las que el ciudadano no puede defenderse. O lo tiene muy difícil. De ahí que haya hablado de “tiranías”.

Utilizas bicicletas del sistema municipal de transporte. En una de esas ocasiones, el sistema no funciona bien y una bicicleta no se engancha adecuadamente a la base en la que se aparcan; puede que por esa razón se te atribuya un tiempo de uso mucho mayor del que realmente has realizado, por lo que decides llamar para comunicarlo. Pero como el ayuntamiento de turno canaliza dichas llamadas a través de su sistema de información general, que puede tener enormes demoras tan sólo para saludarte y decirte que pasa la llamada a la unidad competente, allí estás, junto a la base de las bicicletas, perdiendo el tiempo en un desplazamiento que, a lo mejor, haces con tiempo limitado (para ir al trabajo, a una cita médica, a…). Y no hay alternativa: o esperas, o… esperas.

Pagas tus impuestos regularmente, y hasta te atreves a hacerlo por vía telemática, porque no se te da mal esto del ordenador y te parece más cómodo (aunque más de una vez te arrepientes de la decisión tomada por la complejidad de algunos procesos o la necesidad de estar continuamente actualizando y adaptando el software). Y de repente quieres participar en un proceso público de licitación o subvención, y te aparece como causa de exclusión el que tienes alguna deuda con Hacienda de la que ni siquiera eres consciente. Acabas enterándote de que recibiste una notificación (¿yo?) en tu buzón de notificaciones (¡ni sabía que existía!) por una reclamación de un pago a terceros que, a lo que se ve, tienen deudas con el erario público (¿ellos? ¡¿Y yo qué tengo que ver?!). Así que a pagar con retrasos e intereses, incluso con sanción por la demora, y a “emparaionarte” un poco más con la informática para estar consultando, de vez en cuando, ese nuevo buzón que había aparecido en tu vida sin que nadie te pidiese permiso ni te diese explicaciones.

Te presentas a una oposición. Aquí ya no tienes elección: o lo haces por vía telemática, o… lo haces por vía telemática. Te armas de paciencia, ves si lo puedes sacar tú solo adelante, buscas ayuda si no puedes, y consigues hacerte una hoja de ruta (aunque sea mental) para triunfar en el proceso. “Es que el procedimiento administrativo lo exige así”. Bueno, pues a ello. Eso sí, fotocopia / escanea cantidad de documentos que ya has entregado en ocasiones previas para otros procedimientos ante la misma Administración para adjuntarlos a la inscripción en el proceso… ¡porque la Administración no ha sido capaz de poner en funcionamiento un sistema que permita recordar la documentación que ya has entregado previamente! ¡¡¡Aunque se lo obliga la ley, ese mismo procedimiento administrativo al que ellos hacían referencia!!!

Acabas trabajando para la Administración tras haber superado ese proceso de oposición. Pongamos, por ejemplo, que lo haces en el sistema sanitario (pero podría ser en el educativo, en servicios ambientales…). La elevada demanda de la población, a la que la Administración no hace sino garantizar y prometer actuaciones, y los recortados presupuestos para ello, te hacen «vivir en un sinvivir» para tratar de realizar tu trabajo lo mejor posible y satisfacer, al menos dentro de tus posibilidades, las demandas que recibes. La situación económica empeora, la necesidad de servicios aumenta, y los presupuestos no sólo no aumentan, sino que pueden llegar a disminuir. Y tus quejas no van a ninguna parte. No sólo eso, sino que si haces públicas esas quejas, con ayuda de grupos y organizaciones, al poco aparece el político de turno a tratar de desmentir la realidad (aunque la realidad no miente nunca) y a lanzar cortinas de humo que oculten su incapacidad para mantener el nivel de servicios o reducir el de la demanda, haciendo por ejemplo partícipe a la población de la situación. El servicio público que tanto quieres y cuidas, al que pretendes dedicarte con arte y corazón, se convierte para ti en una trampa personal. ¡Sálvese quien pueda!

Y, para rematar la faena, la Administración de turno, en base a su visión ideológica, diseña una serie de acciones que, de verte implicado en ellas, supondrían una grave amenaza para tu conciencia que protege la legislación fundamental de tu país. Gracias a ella, existe la posibilidad de objeción de conciencia, pero como esto parece obstaculizar las acciones que tan sabia Administración ha planteado, esta comienza a maquinar contra ese derecho fundamental, sin buscar soluciones alternativas…

Como pueden ver, hay para todos. La sociedad ha ido evolucionando en una dirección de impersonalización en la que las personas acaban siendo meros números o, aún peor, meros instrumentos en manos de la Administración. A veces por inercia, cierto, pero otras veces por mero interés de quienes ocupan sus cargos, o por una obcecada visión ideológica. El caso es que la persona acaba estando bajo el poder de la Administración, y no bajo su servicio. El temido Leviatán.

¿Es esta la sociedad que queremos?

Por cierto, que nadie se confunda. No hago esta reflexión desde una óptica antisocial ni anti-Administración en absoluto. Creo que las Administraciones están para servir a los ciudadanos, y para hacerlo desde la perspectiva del bien común, de aquel conjunto de condiciones que hacen posible la mejor vida para cada uno de sus ciudadanos. Y creo que las personas somos seres en relación, que no podemos entender nuestra vida al margen del resto de personas que conviven con nosotros, de sus vidas y de sus intereses. Pero eso no significa que tengamos que acabar siendo víctimas de las inercias de las Administraciones, o de los intereses y las ideologías de sus ocupantes. Hay que buscar mejores equilibrios, y ahí está el arte -tan perdido- de la buena política. Un arte por recuperar.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

Fuente: EL PAÍS

 

4. Las comunidades prescinden de al menos 21.000 sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia

REPORTAJE DE EL PAÍS CON DECLARACIONES DE CESM

La pandemia está en descenso en España y las comunidades empiezan a replegar efectivos sanitarios. Según los cálculos de este diario, las autonomías ya han prescindido de, al menos, unos 21.000 profesionales contratados como refuerzo para afrontar la crisis sanitaria. Y siguen en el punto de mira los que están en activo. Andalucía, por ejemplo, ya ha anunciado que, de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, 8.000 dejarán de trabajar el 1 de noviembre. También Galicia ha anunciado que entre noviembre y diciembre prescindirá de los 1.200 sanitarios contratados para la pandemia. Otras autonomías han ido menguando efectivos de apoyo en los últimos meses y fían la continuidad del personal a la evolución de la crisis sanitaria, pero también hay quien se ha conjurado para consolidar esas plazas pase lo que pase: Cataluña, Baleares, Canarias y La Rioja, por ejemplo, quieren mantener a los efectivos que han incorporado. Sindicatos y profesionales alertan de que los recortes de personal aumentarán la carga de trabajo para los que se quedan, sobre todo cuando comience la campaña de vacunación contra la gripe, y lamentan “la oportunidad perdida” para reforzar el sistema de salud.

Con una incidencia a 14 días instalada en torno a los 44,5 casos por 100.000 habitantes y el 78% de la población española vacunada contra la covid, la pandemia está, en estos momentos, bajo control, y las comunidades apuran a reordenar recursos. Aparte de replegar dispositivos y plantas covid, avanzan con el tijeretazo a los refuerzos contratados en los últimos meses. Este contingente llegó a ser de, al menos, unas 80.600 personas, según los datos facilitados por 13 autonomías. Se trataba, sobre todo, de enfermeras, auxiliares, celadores y médicos, aunque algunas comunidades incluyen en esta bolsa también al personal de limpieza y de cocina de los hospitales, por ejemplo. En cualquier caso, no se puede desglosar en este artículo porque no todas las comunidades han facilitado los datos por categorías profesionales.

Este grupo de refuerzo, con todo, ya no es lo que era y apunta a ser menos. Murcia, por ejemplo, llegó a tener 6.000 profesionales contratados de refuerzo, pero ahora solo hay 2.460 —433 de ellos, médicos y 801, enfermeras—. En Extremadura, por su parte, apenas quedan 429 trabajadores de los 1.938 refuerzos que se llegaron a incorporar y la Consejería de Sanidad fía la continuidad de los que todavía permanecen “a la evolución de la pandemia y de las necesidades asistenciales que vayan surgiendo, pudiendo aumentarse el número, en el caso de que sea necesario”, matiza un portavoz.

La Comunidad Valenciana también contrató a 9.309 sanitarios para afrontar la crisis sanitaria, pero en junio ya anunció que solo renovaría a 6.050 de ellos hasta diciembre y según cuál sea la situación epidemiológica, se decidirá si es necesario prorrogar. En Cantabria había en septiembre 475 refuerzos activos de 1.448 que llegaron a contratarse durante la pandemia, y Castilla-La Mancha, que llegó a tener 7.400 profesionales adicionales contratados, solo mantiene el 64% de ellos. “Somos la comunidad autónoma que más contrató en proporción a su plantilla y somos una de las pocas que aún mantenemos ese porcentaje tan alto en nuestro sistema, además con visos de consolidación, principalmente en medicina y enfermería”, defiende un portavoz.

Los próximos meses serán clave para la bolsa de efectivos que sigue trabajando. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado que los 1.200 profesionales se irán en cuanto finalice su contrato en noviembre o diciembre. Fuentes de la Consejería de Sanidad lo justifican por el fin de la emergencia sanitaria, pero añaden que los presupuestos de 2022 prevén 1.338 nuevas plazas.

Andalucía ha sido la otra comunidad que la semana pasada dio un paso al frente y admitió que solo mantendrá al 60% de los contratados.

Las comunidades presionan y reclaman más recursos. Cataluña, por ejemplo, asegura que tiene cerca de 15.000 profesionales más que en 2020 y “no tiene previsto despedir los refuerzos extraordinarios contratados para la covid”, indica un portavoz del Departamento de Salud. Pero reclama que se mantengan los fondos destinados a la pandemia en 2022. “El año que viene continuarán siendo necesarios [estos refuerzos], ya que, entre otras cosas, se mantendrán acciones que han emergido por la pandemia, como la vacunación o la detección con pruebas diagnósticas, además de recursos estructurales con los nuevos dispositivos creados o el incremento de camas de cuidados intensivos”, agrega este portavoz.

La Rioja, por su parte, contrató a unas 380 personas durante la crisis sanitaria y siguen en activo, al menos, hasta final de año: “No hay nada decidido de qué se va a hacer. La voluntad es que se queden”, apunta una portavoz de la consejería riojana. En esta línea, también Navarra apuesta por “mantener al máximo posible [de los profesionales] con nuevas funciones más estructurales”, pero no concreta cuántas personas son. Aragón ha advertido de que será cada centro sanitario el que estudie caso por caso los 1.500 refuerzos para ver si se necesita o no su continuidad. Asturias, Castilla y León, Ceuta y Melilla han asegurado no disponer de la información.

En el País Vasco, la plantilla estructural del sistema de salud ronda los 33.000 profesionales, pero durante algunos momentos de esta pandemia se ha acercado a los 40.000, es decir 7.000 refuerzos más. La consejería no facilita cifras concretas de los trabajadores adicionales que hay ni cuántos se quedarán en el sistema: “Todavía no tenemos datos de cómo va a ser la desescalada de personal, o si va a haber desescalada con el fin de la pandemia”, aseguran fuentes del departamento vasco de Salud. Pero los sindicatos ya han denunciado que el Ejecutivo vasco está rescindiendo contratos y ha reducido plazas de celadores.

Tampoco en Madrid están claras las cifras. Preguntada por este diario, la Consejería de Sanidad, a través de un portavoz, cifra en “más de 11.000″ los contratos de refuerzo covid. Según su último desglose de estos profesionales, de junio, eran más de 11.100; y siete meses antes, en noviembre de 2020, los cifraron exactamente en 11.324. Sin embargo, no explican que muchos de ellos era ya personal del Sistema Madrileño de Salud sin contrato fijo y, en cualquier caso, las cifras del portal estadístico del personal del Sistema Madrileño de Salud (Sermas) no reflejan esos números y las cifras han subido y bajado cada mes desde marzo del pasado año.

En febrero de 2020 había 73.815 personas en la plantilla del Servicio Madrileño de Salud, y, según esos datos mensuales publicados por la consejería, el mes en el que más personal hubo contratado respecto a ese mes, fue el pasado julio, con 83.985 personas en plantilla, es decir, 10.080 profesionales más. Ahora, con las últimas cifras, de septiembre, hay 9.841 personas más en el total que componen el sistema. Es decir que, al menos, Madrid ha perdido 239 profesionales entre agosto y septiembre. En cualquier caso, los contratos de refuerzo son “hasta el 31 de diciembre” y de “de momento el tema de futuras renovaciones no se ha tocado”, explica el mismo portavoz.

Los sindicatos auguran un invierno “terrible” por la falta estructural de personal y las cargas de trabajo. María José Campillo, de la Confederación de Sindicatos Médicos de España: “El panorama es muy malo porque antes de la pandemia ya estábamos al límite. Hay gente dejando la profesión porque ya no puede más”. Llueve sobre mojado, insiste la facultativa: “Aquí el problema que ha habido es que ya estaba todo muy recortado. [Las administraciones] no encuentran médicos dispuestos a trabajar con las condiciones laborales que les ofrecen”.

Fuente: EL PAÍS