Boletín Diario Informativo de AMYTS del 22 de diciembre de 2023
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1. AMYTS solicita la reclasificación de las escalas y grupos de las profesiones sanitarias
5. El Ministerio de Sanidad tumba la jubilación médica a los 72 años: «No vamos a exprimirlos»
1. AMYTS solicita la reclasificación de las escalas y grupos de las profesiones sanitarias
Hace algo más de 15 años se implantó en el sistema universitario español el llamado “Plan Bolonia”, que trataba de homogeneizar las titulaciones universitarias a nivel europeo para facilitar el reconocimiento adecuado de las mismas en todo el territorio de la Unión Europea. Al igualar tanto las entonces conocidas como diplomaturas y la mayoría de las licenciaturas en una única titulación -denominada “grado” con una duración de 4 años- dio comienzo a un intento de redefinición de los niveles de adscripción de diferentes profesiones en la función pública que aún dura, incluso intensificándose en los últimos meses.
Médicos y arquitectos quedaron excluidos de ese sistema único de clasificación universitaria al reconocerse su excepcionalidad para seguir cumpliendo con los requisitos de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, manteniéndose la duración de 6 años de estudios para alcanzar la titulación correspondiente. Sin embargo, a pesar de esa excepcionalidad, el nivel universitario quedaba equiparado al del resto de estudios de grado, lo que motivó que esos colectivos -con el Foro de la Profesión y el Colegio de Arquitectos al frente- tuviera que pelear, en las mesas y en las calles, por el reconocimiento de la excepcionalidad durante varios años. Finalmente, se consiguió el reconocimiento de ambas titulaciones con nivel MECES3, en la clasificación europea, lo que las hace equivalentes al nivel de máster universitario.
Hoy vuelve a ser necesaria esa lucha por el reconocimiento de la excepcionalidad. Pues hasta ahora, en la antigua comprensión de los niveles de la Administración del Estado, el nivel A1 que requería la titulación de licenciatura es el que se otorga a los médicos. Y, además, no queda muy claro que dicho nivel pueda otorgarse (o no) a los grados que emergieron de Bolonia, ya que esa antigua clasificación de niveles administrativos (que la última modificación legislativa del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante el RDL 5/2015, no actualizó adecuadamente) no parece guardar relación con la nueva clasificación de titulaciones universitarias.
Sea cual sea la solución que se alcance, la clasificación que pudiera surgir en el futuro debe reconocer ese extra de formación que se exige a los médicos, dos años más que al resto de grados universitarios. Y, por si eso fuera poco, hay que recordar que la legislación europea exige el título de especialista para acceder a las plazas de médico especialista de los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario público, lo que supone una prolongación de entre 4 y 5 años en la formación exigida a estos profesionales. Seis años extra de formación como requisito para el acceso a una plaza de la Administración pública requiere, por tanto, un nivel excepcional que reconozca este esfuerzo añadido, y la extraordinaria capacitación adicional que ello otorga.
Por tanto, la profesión médica exige clara y rotundamente la creación de un nivel específico que reconozca el extraordinario nivel formativo que se le exige para integrarse en el Sistema Nacional de Salud, lo que les convierte en garantes de la calidad asistencial de este importante servicio. Y seguirá esforzándose para mejorar su nivel competencial, siempre dentro de lo que considera que es su perfil constitutivo, el de la detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para conseguir mejorar la calidad y/o la duración de vida de los y las pacientes, y la aplicación específica de estos conocimientos en los ámbitos de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la salud pública.
Fuente: AMYTS
2. El Grupo de Odontología de AMYTS denuncia ante la Inspección de Trabajo los riesgos laborales de los nuevos sillones dentales instalados en los centros de salud
El Grupo de Odontología de AMYTS ha presentado una denuncia a Inspección de Trabajo ante la situacion en la que se encuentran los gabinetes de las unidades de salud bucodental de la Comunidad de Madrid que en muchos casos se ha visto incluso empeorada tras la instalación de los nuevos sillones, y que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En concreto, en muchos de estos gabinetes de odontologia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud existen instalaciones que contravienen la normativa tanto de espacio de trabajo como de ruido o el RD 664/1997 de Riesgo Biológico.
Por ejemplo, en varios de ellos, no existe en la zona de instalaciones y servicios un espacio dedicado a la zona de sucio y limpieza, sino que esas actividades se realizan dentro de la zona asistencial. «Además se incumple en numerosos casos el requisito de paredes, suelo y techo lisos, lavables y resistentes a desinfectantes, y sin ángulos entre parámetros verticales y horizontales», se puede leer en la denuncia que hemos presentado en AMYTS.
Es tal la situación generada por estos nuevos sillones que en muchos casos existe una evidente falta de espacio para realizar la actividad asistencial o el mero hecho de registrar la actividad en la historia clínica no es misión sencilla.
Asimismo, existe maquinaria industrial como el compresor y el motor de aspiración ubicados dentro del propio gabinete (zona asistencial), en lugar de en la zona de instalaciones y servicios generales. Esta maquinaria genera un alto nivel de ruido, incumpliendo la normativa sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
El Grupo de Odontología de AMYTS puso en conocimiento de la Gerencia de Atención Primaria esta serie de irregularidades y nada ha cambiado: «La última vez hace ya más de un mes, y al no haber recibido respuesta alguna, nos vemos obligados a poner en conocimiento de Inspección de Trabajo la situación en la que se encuentran estos espacios y solicitar que se proceda a realizar una revisión de los mismos».
Por todo ello, desde AMYTS hemos solicitado a la Inspección de Trabajo que se revise la situación en dichos gabinetes dentales y, además, que la revisión del cumplimiento de requisitos necesarios se haga extensiva a todos los gabinetes de odontología del Servicio Madrileño de Salud.
Fuente: AMYTS
3. EL ESPAÑOL. «Sanidad cesa al jefe de la UCI pediátrica de La Paz tras la baja de 9 médicos: ‘Era insostenible'»
La situación de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del Hospital La Paz se ha vuelto «insostenible». Así lo denunciaban esta misma semana fuentes sindicales después de que la vuelta de un superior hubiera llevado a la ‘espantada’ de nueve médicos.
La Consejería de Sanidad ha tenido que tomar cartas en el asunto y, pese a tener un proceso abierto con jefe de la UCI (que ya había sido retirado de su puesto anteriormente por «comportamientos inadecuados»), ha decidido volver a cesarle.
La decisión, tal y como han confirmado fuentes del equipo de la consejera Fátima Matute, ha sido tomada por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz.
«Ante la situación creada con múltiples bajas en el departamento y que pueden afectar al servicio», puntualizan.
Así las cosas, el objetivo dentro del Servicio Madrileño de Salud es «garantizar una adecuada asistencia a los niños que tienen que ingresar en esta unidad». «Un servicio, el de la UCI PEDIÁTRICA, que requiere contar con un normal desarrollo en sus funciones».
Ese «normal funcionamiento» se estaba poniendo en entredicho pues, según los propios médicos, «estaba al borde del colapso«.
«Además de los 7 médicos de baja, se han sumado otros dos y han renunciado otros dos. La plantilla actual, para guardias, es de 2,5 adjuntos», puntualizó esta misma semana el sindicato AMYTS en su cuenta de Twitter.
Tal y como publicó Madrid Total en el mes de octubre, el conflicto generado entre el jefe de la UCI y los facultativos responde a un tema de «comportamientos inadecuados en cuanto al trato del personal a cargo de este jefe, que fue llevado a una comisión interna para resolver el problema».
De hecho, este jefe de servicio fue relevado del puesto por la dirección del centro hace casi tres años debido a un conflicto laboral que le enfrentó con parte de su equipo y ahora ha tenido que ser restituido en el cargo tras recurrir judicialmente y darle la razón un juzgado de primera instancia.
El instructor del expediente concluyó en su día que las formas de ejercer la jefatura de esa persona eran «inapropiadas» y la propuesta que elevó ante la dirección-gerencia del hospital fue que se la relevara de sus funciones como jefe.
«No cumplía los mínimos de generación de un clima adecuado de trabajo en una unidad de alta responsabilidad como es la UCI pediátrica, en un hospital puntero en su actividad pediátrica como es La Paz, lo que hacía la situación insostenible», explicaba en ese momento Daniel Bernabéu, representante del sindicato médico.
El informe que acabó con el cese de este jefe aseguraba que quedaba «acreditado que las formas del jefe de servicio para con los interesados son injustificadas. Amén de sus formas físicas que causan intimidación, destaca ante todo el uso a veces de una forma de expresión que puede definirse como humillante para su interlocutor».
Pero, tres años después de ese juicio, la Gerencia se vio obligada a reincorporar al profesional, puesto que había recurrido su relevo en los juzgados y debían de esperar a una sentencia firme.
La situación se ha vuelto a repetir y, con los citados nueve médicos fuera de sus funciones, la decisión ha vuelto a ser la de 2020: cesarlo.
El proceso anterior todavía está abierto, por lo que las autoridades sanitarias no quieren hacer más declaraciones. Concretamente, queda un recurso planteado por la parte contraria.
Fuente: El Español
4. El Ministerio de Sanidad se compromete a que Familia y Urgencias serán especialidades independientes
Medicina de Familia y Urgencias serán especialidades independientes, sin una troncalidad encubierta. Es lo que ha manifestado el Ministerio de Sanidad a las autonomías y luego ha reiterado la ministra Mónica García al término de la reunión del Consejo Interterritorial, que ha abordado la tramitación de la especialidad de Urgencias, si bien las comunidades no han podido ver aún una versión del borrador del real decreto que incorpore las alegaciones al documento que se puso en audiencia pública.
«Queda perfectamente delimitada la parte que tiene ver con Medicina de Familia y con Medicina de Urgencias, si bien es verdad, que, como en muchas especialidades hay una parte de conocimiento común, como pasa en las quirúrgicas«, ha señalado García en rueda de prensa.
También los consejeros de Aragón, José Luis Bancalero, y Galicia, Julio García Comesaña, han señalado que, en palabras del primero, el compromiso de Sanidad es que «no hay una troncalidad encubierta», y que van a ser especialidades independientes. El consejero de Murcia, Juan José Pedreño, ha instado a esperar al programa oficial de Urgencias para ver si existe compatibilidad con Familia, ya que la intención es establecer una vía rápida de reespecialización entre ambas mediante una prueba de competencia y dos años ‘extra’ de formación, en lugar de cuatro.
Fuentes autonómicas consultadas por DM han señalado que, tras las explicaciones del ministerio en reuniones anteriores, consideran que, al tratarse de dos estructuras docentes diferenciadas las que dan contenidos, aunque sean comunes, «está a salvo el carácter autónomo y específico de cada especialidad».
La cuestión preocupaba debido a que el proyecto de real decreto de la especialidad de Urgencias hablaba de dos años de formación común con Medicina de Familia y citaba el artículo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias referido a la troncalidad, si bien sociedades como Semes o SEMG recientemente señalaban que en realidad el texto se refiere a las competencias comunes. En última instancia, habrá que ver el detalle y la redacción concretos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Otra de las preocupaciones de las comunidades tiene que ver con que la aprobación de una especialidad de Urgencias no se traduzca en menos plazas para Medicina de Familia. García ha señalado que esto es un compromiso de las comunidades, que son las que en última instancia convocan las plazas.
Varias autonomías señalan que crear las nuevas estructuras docentes para la nueva especialidad tiene un coste, mientras que el proyecto de decreto en su disposición adicional cuarta indica que no supone incremento de gastos de personal, ni precisa de nuevas dotaciones presupuestarias, llevándose a cabo con las existentes.
No obstante, en la memoria de impacto económico el ministerio sí ha calculado que la especialidad de Urgencia implicará un gasto de 23,36 millones de euros para la Administración General y casi 40 millones para las autonomías, al menos ocho que ya han manifestado su interés en crear plazas.
RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Respecto a la reclasificación profesional, en concreto la reivindicación de Enfermería para pasar del grupo A2 al A1, García ha señalado que no se ha abordado en la reunión (hubiera estado fuera del orden del día), pero ha manifestado que el ministerio «tiene el compromiso de reclasificar no solo a las enfermeras, sino también a los TCAE, a los celadores, y estamos estudiándolo y valorándolo para hacerlo lo más pronto posible». Respecto a si específicamente las enfermeras conseguirán el grado que reclaman, García ha recordado que tienen que abordarlo con Función Pública.
¿Esta reclasificación incluye analizar también la posibilidad de subir el médico a una categoría superior, la llamada A+? Padilla ha recordado que, una cosa es la reclasificación de otros grupos, que viene de mandato legal, y otra la de los médicos, pues el A+ es «una categoría no existente». Como las clasificaciones no se limitan al ámbito de la sanidad sino que afectan a toda la Función Pública, “hay que trabajar con ese ámbito para ver si existen problemáticas y casuísticas parecidas en otras titulaciones que pueden ser transponibles a este asunto. Lo que no vamos a hacer es prometer cosas cuya competencia es compartida con otros departamentos minsiteriales. Sí nos comprometemos a trabajar con todos los agentes implicados, los ministeriales y quienes lo están reivindicando”. El secretario de Estado ha añadido que tienen previstas reuniones con organizaciones profesionales donde esperan abordar esta cuestión.
Fuente: Diario Médico
5. El Ministerio de Sanidad tumba la jubilación médica a los 72 años: «No vamos a exprimirlos»
El Ministerio de Sanidad ha cerrado la puerta a una nueva regulación que prolongue la edad de jubilación de los médicos hasta los 72 años. Esta iniciativa que algunas comunidades como Galicia o La Rioja habían trasladado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) como fórmula para paliar la escasez de facultativos en algunas especialidades no cuenta con el visto bueno del nuevo equipo de trabajo de Mónica García. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado esta opción para no “exprimir a los profesionales” que llevan décadas trabajando en la sanidad.
A pesar de que la petición para cambiar el modelo de jubilación médica ha aparecido por segunda vez consecutiva en el turno de ruegos en la cumbre con las comunidades, el número dos del Ministerio ha insistido en que no hay “voluntad” por parte del Gobierno para aumentar la edad de retiro de los médicos, mientras que ha insistido en que es una competencia que radica en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. “Debería ser un orgullo que profesionales que llevan 30 años trabajando tengan la capacidad de poder retirarse a descansar”, ha subrayado Padilla.
El secretario de Estado ha recordado además que todavía está vigente el plan de la jubilación activa que permite a los especialistas de Atención Primaria y a los pediatras prolongar su carrera laboral para paliar precisamente el déficit de profesionales. La medida acordada por el ministro José Luis Escrivá durante la pasada legislatura permitía compatibilizar una reducción de jornada con el cobro del 75 por ciento de la pensión para incentivar a los médicos a prolongar su estancia en los centros de salud.
Padilla ha apuntado que esa iniciativa ya representa un “avance” en la gestión de los recursos humano pero que se circunscribe a unas “condiciones concretas y una duración determinada”. Por eso, ha rechazado una medida generalizada en todo el SNS para alargar la jubilación a los 72 años, ya que supondría una “barra libre” en la gestión. “Lo que hay que hacer es tener la capacidad de que los profesionales que terminen la especialidad se queden, especialmente en Atención Primaria”, ha apuntado.
