Boletín Diario Informativo de AMYTS del 18 de mayo de 2023
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2. Sanidad valida la incorporación de la Comunidad de Madrid a la historia clínica europea
4. La inmunización frente a la bronquiolitis en bebés divide a las comunidades autónomas
5.Solo una condición hace atractiva la nueva jubilación demorada al médico
1. El BOCM publica las mejoras retributivas para los médicos de Atención Primaria alcanzadas en el acuerdo de desconvocatoria de huelga
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves 18 de mayo de 2023 el acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado el 3 de mayo, por el que se aprueban «la modificación de determinadas medidas en materia de recursos humanos contempladas en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria 2022-2023 y la determinación y aplicación de nuevos conceptos retributivos para las categorías de médico de familia y pediatra de atención primaria».
Unas medidas que son fruto del esfuerzo de casi cuatro meses de huelga de médicos de familia y pediatras para empezar a levantar la crítica situación de la Atención Primaria.
Esto dice lo publicado este jueves en el BOCM:
ACUERDO PUBLICADO EL 18 DE MAYO DE 2023
Fuente: BOCM
2. Sanidad valida la incorporación de la Comunidad de Madrid a la historia clínica europea
El Ministerio de Sanidad ha validado los trabajos desarrollados por la Comunidad de Madrid para sumarse al servicio de interoperabilidad de la información clínica de la UE, conocido como historia clínica europea. De esta manera, la Comunidad completa su incorporación a la red de asistencia sanitaria transfronteriza en E-Health Network, en la que ya participaba con la receta electrónica europea.
La Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS) y los servicios My Health@EU de la Unión Europea permiten compartir los datos interoperables de salud entre los países de la UE incorporados al sistema, de modo que, cuando una persona necesite ser atendida por un profesional sanitario de otro país, este pueda consultar sus datos clínicos más relevantes (European Patient Summary o Historia Clínica Resumida – EUPS).
España, a través del Ministerio de Sanidad, participa activamente en estos servicios coordinando la realización de las pruebas necesarias que permiten a las comunidades autónomas cumplir con las especificaciones acordadas con la Comisión Europea. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha validado los trabajos desarrollados por la Comunidad de Madrid para cumplir los requisitos establecidos en el seno de la Comisión Europea para el intercambio del EUPS.
Así, Madrid se ha unido este miércoles 17 de mayo a las comunidades de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña y País Vasco, que ya pueden compartir el European Patient Summary con los profesionales sanitarios de Portugal, Croacia, Francia, Luxemburgo y Malta. En Madrid estaba ya activo el servicio europeo de interoperabilidad de la receta electrónica, que también está disponible en Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cataluña.
A lo largo de este año se irán incorporando más autonomías y nuevos países de la Unión Europea a este proceso, lo que permitirá crear un servicio generalizado para todos los ciudadanos.
Este servicio tiene como objetivo las personas que viajan entre países de la UE y necesitan ser atendidas médicamente; el hecho de que sus datos clínicos estén disponibles facilita una atención sanitaria de mayor calidad y seguridad clínica.
Fuente: Europa Press
3. CESM exige a Sanidad que no eluda su responsabilidad en las negociaciones de la huelga convocada en Ceuta y Melilla
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) quiere mostrar su rechazo al modo en que desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), responsable de la sanidad en Ceuta y Melilla y dependiente del Ministerio de Sanidad, se está intentando deslegitimar a los dos sindicatos autonómicos confederados que mantienen una huelga convocada desde el pasado 9 de marzo como última opción para lograr mejoras laborales de los profesionales que ejercen en ambos territorios.
Tras una reunión el pasado jueves entre los responsables de Ingesa y de los Sindicatos Médicos de Ceuta y Melilla miembros del Comité de Huelga, este martes el organismo dependiente del departamento ministerial que dirige José Manuel Miñones ha emitido un comunicado en el que además de señalar cuáles son los supuestos puntos de conflicto que impiden el acuerdo y derivar la responsabilidad hacia el Ministerio de Hacienda, deriva cualquier negociación a la Mesa Sectorial y a los manidos grupos de trabajo que se han mencionado con anterioridad y que o no se han convocado o no han dado los frutos necesarios, diluyendo en el tiempo las reivindicaciones sindicales.
El reduccionismo al aspecto económico y la manipulación de cifras que recoge el mencionado comunicado para solicitar la desconvocatoria de huelga resulta evidente en cuestiones como el aumento anual señalado por la declaración de zona de difícil desempeño a las comunidades autónomas o el incremento por las guardias médicas, olvidando cuál es el número máximo legal permitido. Respecto al primer punto, la intención de hacer pasar 15.000 euros anuales como una cifra abultada queda diluida si se recuerda que en otros territorios como la Comunidad Valenciana la Consejería ya puso sobre la mesa en su momento un aumento de 10.000 euros anuales sin que mediara la declaración de zona de difícil desempeño que sí es aplicable a Ceuta y Melilla, una reivindicación histórica de los sindicatos confederados.
Conviene recordar que la sanidad en las ciudades autónomas lleva años en peligrosa decadencia y acumula las últimas posiciones a nivel nacional en varios indicadores, como el nivel de sobrecarga laboral por una inquietante falta de profesionales -que provoca que en algunos servicios hospitalarios haya sólo dos personas que acumulen hasta 15 guardias mensuales o un solo oncólogo en hospital para más de 86.000 habitantes-, la carrera profesional y la hora de guardia peor pagadas o el mantenimiento de un complemento específico que penaliza a los médicos que ejercen también en el sistema privado, todas ellas cuestiones que desincentivan ejercer en estas dos ciudades autónomas.
La consecuencia de esta falta de profesionales por la precariedad de las condiciones laborales supone también una peor calidad en la asistencia sanitaria que se presta a la población de ambas ciudades, y es responsabilidad única de Ingesa y, por extensión, del Ministerio de Sanidad, por su falta de compromiso para establecer mejoras que hagan atractivo el ejercicio en Ceuta y Melilla y su empeño en ponerse de perfil ante una negociación urgente y necesaria para solucionar el problema.
Ante la situación descrita, la respuesta de los responsables de la gestión sanitaria ha sido el silencio, la negativa a negociar, el retraso constante en el tiempo de la adopción de medidas o la derivación de los problemas a la cartera de Hacienda como último responsable de los incrementos de dotación presupuestaria que suponen las medidas solicitadas. Ahora, además, se intenta deslegitimar a los dos sindicatos convocantes de la huelga con cifras descontextualizadas y se dinamita cualquier opción de negociación trasladando estas cuestiones a la Mesa Sectorial, además del traspaso de la responsabilidad de Sanidad a Hacienda.
Por todo lo anterior, CESM quiere recordar al ministro de Sanidad y a los responsables de Ingesa su obligación de negociar con el Comité de Huelga que mantiene conflicto convocado desde marzo en busca de unas mejoras en beneficio de la profesión médica y de la población atendida, un conflicto al que este mismo martes se suma el 061 y el SUAP. Si la decisión sobre la aprobación de un incremento presupuestario es competencia de Hacienda no puede esgrimirse únicamente ese argumento para no buscar un entendimiento entre ambas carteras que permitan el acuerdo, como sí ha ocurrido en diferentes comunidades autónomas en los últimos meses. Los profesionales de la sanidad de Ceuta y Melilla son los peor retribuidos y con los menores recursos disponibles, por lo que exigimos al ministerio que asuma su responsabilidad y se siente a negociar un acuerdo que evite el riesgo en el que está sumida la asistencia sanitaria de ambas ciudades que, de seguir esta deriva, no resultaría extraño que se vieran obligadas a recurrir a la sanidad militar, al Ejército, para garantizar la asistencia de la que ahora no disponen sus ciudadanos.
En consecuencia, CESM responsabiliza única y exclusivamente al Ministerio de Sanidad y, por ende, al Gobierno de España, del deterioro de la calidad asistencial y del clima laboral en ambas ciudades autónomas y se les conmina a una verdadera negociación que dé salida a la grave situación sanitaria en que se encuentra Ceuta y Melilla.
Fuente: CESM
4. La inmunización frente a la bronquiolitis en bebés divide a las comunidades autónomas
Tener menos de un año de vida es uno de los principales factores de riesgo para sufrir una bronquiolitis grave, una infección del tracto respiratorio inferior que requiere hospitalización, especialmente en bebés que nacen a principios del otoño. El patógeno que la origina es el virus respiratorio sincitial (VRS), que este invierno saturó las plantas y las UCIS de los hospitales españoles. Aunque el patrón del virus es mayormente estacional (su periodo álgido es de octubre a marzo), la pandemia de covid amplió su radio de acción a otras épocas del año, hasta el punto de que, en 2022, se hizo presente incluso en verano. En España, al menos uno de cada diez ingresos hospitalarios en niños menores de cinco años es por este motivo y el 95% de los casos en menores de dos años ocurren en niños previamente sanos.
La aprobación, hace unos meses, del anticuerpo monoclonal nirsevimab por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para la prevención de la infección del tracto respiratorio inferior causada por el VRS en recién nacidos y lactantes cambió completamente el panorama. Con este medicamento se espera poder reducir en un 80% las asistencias médicas relacionadas con este virus, que supone la principal causa de hospitalización en menores de dos años.
Aunque la decisión de inmunizar a los bebés menores de seis meses con este medicamento aunó a todas la comunidades autónomas, las recomendaciones de uso a la hora de incluirlo en el calendario común de inmunización infantil, las tienen divididas. Mientras Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Galicia, Canarias y Asturias defienden que hay que inmunizar a todos los bebés sin distinción, tengan o no factores de riesgo, Sanidad y el resto de las regiones y ciudades autónomas mantienen que sólo se debe recomendar en aquellos que presenten factores de riesgo. De este modo, la conclusión de la Comisión de Salud Pública extraordinaria –que tuvo lugar el pasado martes 9 de mayo– no fue otra que la disparidad de criterios entre los directores generales de salud pública.
Este jueves el tema se seguirá debatiendo en una nueva cita, partiendo de las evidencias que apoyan una y otra decisión, como ha podido saber LA RAZÓN. El ministerio de Sanidad esperará a esta reunión para volver a valorar las evidencia existentes, según han señalado fuentes de este.
Pero para los especialistas, no hay mucho que debatir. «La ficha técnica del producto es muy clara al respecto. Está indicado para ser administrado a neonatos y lactantes antes del comienzo de la temporada de VRS, o desde el nacimiento en los nacidos durante esta –de octubre a marzo–. Si consideramos como perfil de riesgo a un lactante de menos de 1 kg de peso, hay que valorar cuidadosamente su indicación, así como en prematuros de menos de 29 semanas. No se habla de otros perfiles de riesgo, ya que no hay estudios en niños con problemas hepáticos o renales. Por tanto, sería para todos los bebés sin distinción», explica Francisco J. Roig Vázquez, neumólogo del Hospital HM Montepríncipe, de Madrid.
De la misma opinión es Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo y profesor Icrea en el centro de investigación ISGlobal, en Barcelona, que, aunque entiende que «vacunar a todos los lactantes tiene un coste mucho más elevado, considera que «siempre es más barato prevenir que curar. Eso lo sabemos por experiencia».
«Se debería proteger a todos los bebés, y de modo estacional –se tendría que empezar a vacunar a finales de septiembre, para que la protección dure hasta marzo–. La diferencia que yo establecería es que el lactante con factores de riesgo se tendría que vacunar dos veces en su primer año de vida –a los seis meses y al cumplir un año– y, el que no los tiene, sólo una», destaca. «Es un error no ampliar la protección a todos porque un niño que tiene un mes en septiembre, por ejemplo, tiene el mismo riesgo de que su pronóstico sea de gravedad si tiene VRS que un bebe con una cardiopatía, o un problema renal», añade.
La Comisión también valorará que, actualmente, la incidencia del VRS se encuentra en mínimos, fuera ya de su mayor impacto estacional. Actualmente, según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la tasa de VRS que detecta la Atención Primaria se encuentra en descenso y estable, en consonancia con la caída de los picos de las enfermedades respiratorias, y se sitúa en menos de 1 caso por cada 100.000 habitantes.
Fuente: La Razón
5. Solo una condición hace atractiva la nueva jubilación demorada al médico
El Gobierno ha aprobado esta semana una nueva fórmula para calcular los incentivos económicos que percibirá cualquier trabajador si decide retrasar su jubilación más allá de la edad ordinaria prevista. Esta alternativa, acordada en el Consejo de Ministros, permitirá compatibilizar un pago único al solicitar la pensión con un pequeño incremento porcentual en cada nómina mensual. Una vía mixta que solo beneficia a los médicos en algunos casos concretos, pues solo resulta lucrativa para su disposición inmediata.
Las nuevas cuentas diseñadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, contemplan que las personas que retrasen su jubilación entre 2 y 10 años en el tiempo podrán cobrar un incremento en su prestación de jubilación del 2 por ciento cada ejercicio. Adicionalmente, podrán recibir también un abono único en su cuenta correspondiente a la mitad del dinero que ingresan quienes optan únicamente por esta opción.
El coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Vicente Matas, ha explicado a Redacción Médica que esta nueva posibilidad resulta “muy poco interesante” para los médicos en edad de jubilación, a no ser que tengan algún problema de salud diagnosticado que motive que su esperanza de vida pueda ser “muy corta”.
Según los cálculos realizados por la organización sindical, los facultativos que apuesten por esta nueva fórmula de incentivos económicos recibirían 6.000 euros de manera directa una vez que presenten su jubilación, así como un sobresueldo del 2 por ciento en su prestación mensual. Este monto representaría aproximadamente 61 euros brutos más. En 14 pagas se traducirían en un refuerzo de 854 euros anuales.
Estas cifras implican que la fórmula mixta de la jubilación demorada solo salga rentable para los médicos si tienen una esperanza de vida inferior a los 7 años una vez que deciden retirarse. Si sobreviven más tiempo, es preferible que opten por la vía de un complemento prolongado del 4 por ciento en su pensión de cada mes.
Más allá de estas cuentas particulares, desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) consideran que el planteamiento del Gobierno con los incentivos por demorar la jubilación y las penalizaciones por acortarla demuestran que “no hay equilibrio” en el sistema de pensiones. Mientras que por retirarse uno o dos años antes de la edad prevista se puede sufrir un recorte de cerca del 21 por ciento, los beneficios máximos por aguantar más en el puesto no superan el 8 por ciento.
Este debate llega en un momento marcado por las reclamaciones de los principales sindicatos del sector sanitario para que se facilite una jubilación anticipada a los 60 años sin pérdida de retribución para los profesionales de la salud debido a la peligrosidad que entrañan sus puestos. Los representantes de los trabajadores consideran que aspectos como las guardias, el contacto con agentes tóxicos, los riesgos biológicos o los entornos insalubres. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social ha rechazado por el momento esta petición.
