Boletín Diario Informativo de AMYTS del 5 de julio de 2022

La noticia, acogida con sorpresa y alegría por parte de la población general, no ha provocado tanto entusiasmo entre los sindicatos de profesionales sanitarios. ¿Por qué? Reconocen que será muy positiva para esas más de 60.000 personas que, a priori, mejorarán su situación laboral antes de que acabe 2024, pero matizan: por un lado, la ley sólo materializará una norma anterior –la Ley 20/2021, impulsada inicialmente por el ministro Iceta–, que fue aprobada para acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al dictaminar este que España abusaba de la interinidad; por otro lado, los efectos no se notarán sobre el mermado sistema sanitario, pues esos casi 70.000 profesionales mencionados no se incorporan al Servicio Nacional de Salud (SNS), sino que ya trabajaban ahí, aunque con peores condiciones, claro.

Manuel de Castro, vicesecretario general del sindicato AMYTS: “Que se abordara este problema es intrínsecamente bueno, pero estos procesos ya estaban en marcha desde hace meses”. De Castro no comparte la grandilocuencia del anuncio: “Que se vaya a hacer fijos a 67.000 sanitarios es fantástico, es de ley, porque hay gente que lleva 30 años trabajando de eventuales pasándolas canutas y esto lo regula. No obstante, el anuncio no es nuevo; sólo acopla el ordenamiento jurídico que aportó la ley 20/21”, comenta.

Algo que repiten casi todas las personas entrevistadas y que verbaliza De Castro es la siguiente idea: “A nivel personal, para los afectados, la ley es importante; a nivel del sistema, de números, no aporta”.

 

2. AMYTS en los medios: alertamos de la situación de las Urgencias en Madrid y valoramos el anuncio de Ayuso de reabrir todos los SUAPs

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3. CESM opina sobre el anuncio de Sánchez para estabilizar a los sanitarios: «Es mentira y propaganda»

CON SALUD: CESM, sobre la estabilización de sanitarios anunciada por Sánchez: «Es mentira y propaganda»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba recientemente que estabilizaría con contratos fijos a un total de 67.300 profesionales sanitarios “de todos los niveles de todo el conjunto de la Administración”. El objetivo de esta medida sería disminuir la temporalidad y la precariedad en uno de los sectores más afectados por esta situación.

Tal y como declaraba el socialista en entrevista para El País, “el compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral de nuestros servidores públicos, es total”, por lo que esta estabilización es un “esfuerzo” que “no se había visto en la historia el Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia”.

Con todo, la noticia no ha sido bien recibida por todos. Desde la presidencia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo asegura a ConSalud.es que las palabras de Sánchez no son otra cosa que “mentiras puras y duras” y un “anuncio totalmente propagandístico”. Y es que el real decreto ley que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros al que se ha referido Sánchez, “no tiene nada que ver con la estabilización de 67.000 sanitarios”.

Toranzo explica que este real decreto ley que se aprobará mañana modifica una parte del estatuto marco para cambiar los sistemas de contratación temporales a partir de que entre en vigor dicho decreto ley, “pero nada más”: “No habla ni de estabilización de interinos ni nada por el estilo”.

“La estabilización de 67.000 plazas deriva de otra ley, la ley 20/2021. Esta la ejecutan las Comunidades Autónomas, no tiene nada que ver el Gobierno, y deriva también de una exigencia de la Unión Europea para que la temporalidad sea inferior al 8%. El real decreto ley ni por asomo habla de esto. Sánchez ha mezclado dos informaciones y miente con impunidad y descaro”, apunta Toranzo.

Con todo, la modificación del estatuto marco es una buena noticia para los sanitarios, una vez que se constituye como una medida para acabar con los contratos eventuales. “Supone una mejora en los tipos de contratos que disminuirá la temporalidad y además sancionará a las administraciones que incumplan la ley. Eso ya está en marcha y ahora cada servicio de salud está negociando cómo se materializan las convocatorias, pero el consejo de ministros de mañana no tiene nada que ver con ese proceso”, sentencia el presidente del CESM.

LA RAZÓN: Las «mentiras» detrás de la estabilización laboral en la Sanidad

El presidente del Gobierno lo ha anunciado con ostentación: el Consejo de Ministros va a aprobar hoy «la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación». Esto se traduce en la eliminación de la figura de eventual y en la estabilización del contrato de 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración. El objetivo de esta medida sería disminuir la temporalidad y la precariedad en uno de los sectores más afectados por esta situación. Esta aserción, lejos de ser recibida con satisfacción y de ser aplaudida como una solución trascendental a uno de los retos históricos de nuestro sistema de salud, ha producido un clima de malestar entre representantes de médicos y sindicatos. Algunos han catalogado este anuncio de «impostura», «mentira» y «manipulación», y han lamentado que genera «expectativas infundadas» y que «juega con los problemas de precariedad de los profesionales de los servicios de salud».

Es el caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En declaraciones a LA RAZÓN, Tomás Toranzo niega que el Real Decreto-Ley que se somete a aprobación en el Consejo de Ministros permita la estabilización de 67.000 sanitarios: «Ni por asomo. Es una mentira más». El presidente de la CESM explica que este órgano aprueba una modificación de la ley 55/2003 del estatuto Marco para que, «en el futuro, la temporalidad sea la imprescindible». Es decir, los sistemas de contratación temporales cambiarán a partir de que entre en vigor dicho Real Decreto-Ley, «pero las administraciones podrán seguir haciendo contratos temporales de un máximo de tres años en algunos supuestos», indica.

«El Gobierno nos manipula. Tenía que haber empezado a negociar con las comunidades autónomas y los sindicatos hace un año, pero el Ministerio de Sanidad ha estado dando largas y perdiendo tiempo. Se ha negociado en el último momento y sin apenas tiempo. De ahí que se intente implementar mediante Real Decreto-Ley. Esto les permite saltarse todo control parlamentario y apuntarse el tanto como si fuera del Gobierno», denuncia. Además, subraya que este Real Decreto-Ley parte de una «exigencia europea urgente».

El CESM explica que atribuirse el mérito de conseguir la estabilización de plazas es una «impostura», ya que el trabajo de gestión y negociación de plazas ha sido de las comunidades autónomas. «Los diferentes sistemas de salud ya han identificado las plazas que se ofrecerán a un proceso selectivo, a través de un concurso-oposición o un concurso de méritos, ambos de libre concurrencia. Eso ya está en marcha y cada servicio de salud ya ha publicado la correspondiente oferta pública de empleo y ahora está negociando cómo se materializan las convocatorias», señala.

EL MUNDO: Las comunidades ya iniciaron hace un mes la estabilización de los sanitarios anunciada por Sánchez

«Lo que ha dicho Sánchez [presidente del Gobierno] de que iba a estabilizar a 67.000 profesionales sanitarios es radicalmente mentira. No se va a estabilizar a nadie. El cambio que se hará de la ley es procurar la oferta de plazas que estaban ocupadas con carácter temporal, pero eso lo hacen los servicios de salud, no lo hace el Gobierno».

Con estas palabras, Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), corrige las declaraciones que el presidente del Gobierno realizó en una entrevista concedida a El País, en las que afirmaba; «Vamos a hacer fijos a 67.000 profesionales sanitarios en España».

Para ello, el Gobierno aprobará hoy un real decreto-ley que es una reforma exprés del Estatuto Marco (EM), la ley que regula las condiciones laborales del personal estatutario sanitario, y el primer paso de un largo y complejo proceso de estabilización que, sobre el papel, debería estar ultimado en diciembre de 2024, y que los sindicatos del Ámbito de Negociación y las comunidades coinciden en que no está exento de muchas complicaciones.

La Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público fue el primer escalón para esa reforma parcial de la norma estatutaria que debía atajar la enormes tasas de temporalidad que existen entre el personal sanitario, el colectivo más afectado por la inestabilidad laboral de la Administración pública.

Al Gobierno se le olvida decir, no obstante, que la nueva ley antitemporalidad, de la que emana el decreto es fruto de los reiterados llamamientos de la Comisión Europea a España para que termine con el abuso de la contratación temporal y estabilice a los interinos de larga duración que tienen unas tasas de temporalidad injustificadas.

El presidente del sindicato mayoritario entre los médicos explica que «lo que el Consejo de Ministros aprueba no estabiliza un solo sanitario. Se trata de una modificación puntual del Estatuto Marco, para que, a partir de su publicación, los contratos temporales sean los menos posibles».

Toranzo reconoce que «había un problema estructural, con una temporalidad que ya estaba consolidada y que corresponde a las plazas por encima de plantilla. Ahora se acaba con ello y no van a existir; esto, en sí mismo, ya es un mecanismo para que la temporalidad sea menor».

Las largas y, en ocasiones, complicadas negociaciones con los sindicatos y los reiterados encuentros con las autonomías se han traducido en que todos los servicios de salud hayan publicado (antes del pasado 1 de junio) el listado de todas las plazas que se verían beneficiadas por este ambicioso proceso de estabilización.

En este sentido, el presidente de CESM explica que «los procesos de estabilización de plazas ya están iniciados; las ofertas de empleo ya se han hecho porque la ley exigía que se hiciese antes del 31 de mayo».

Esas 67.000 plazas, señala Toranzo, «ya están publicadas en los boletines oficiales de cada comunidad y están identificadas en cada sitio (tantas de trauma, tantas de otorrino, cuáles van a concurso oposición, cuáles a concurso de méritos…). Todo eso lo han hecho los servicios de salud regionales. Mañana [por hoy] no se aprueba nada de estabilizar absolutamente a nadie», reitera.

Además, antes del próximo 31 de diciembre esas mismas autonomías deberían hacer públicas las bases y baremos de las convocatorias, y ahí está el nudo gordiano de todo el proceso, porque las situaciones laborales son muy diferentes por autonomías y, sobre el papel, los criterios de esas bases deberían ser lo más similares posibles, para que el proceso de estabilización fuera relativamente homogéneo en el Sistema Nacional de Salud. «Ahí sí que el Ministerio de Sanidad tendrá un papel de coordinador, porque si no sería un desastre», apunta el presidente de CESM.

De acuerdo con lo que establece la ley de estabilización y el real decreto saliente del Consejo de Ministros, todo el proceso debería estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. En definitiva, solo dos años para resolver una tasa de temporalidad que el SNS arrastra desde hace décadas.

Toranzo señala que con las declaraciones del presidente «se ha creado mucha confusión porque daba la impresión de que uno, por llevar mucho tiempo en una plaza temporal, le iban a hacer fijo. Y son plazas a las que puede concurrir cualquiera. Hay una confusión tremenda y se han creado unas falsas expectativas».

El presidente de CESM recuerda que la participación en las ofertas de empleo «no tiene ninguna restricción y la concurrencia es libre y en igualdad», si bien reconoce que «otra cosa es que los méritos sean básicamente los servicios prestados y, por tanto, la persona que más tiempo lleve más opciones tendrá de hacerse con esa plaza».

La esencia de la reforma establece que desaparecen terminológicamente del Estatuto Marco las figuras de los «eventuales» y «sustitutos», y que ambas serán sustituidas por una única y nueva figura, la del «estatutario interino», que, como su propio nombre indica, serán nombramientos de «interinidad» y servirán para cubrir todos los supuestos contractuales que, hasta ahora, se realizaban bajo esas distintas denominaciones. Grosso modo, las plazas que hayan estado ocupadas «con carácter temporal e ininterrumpidamente» con anterioridad al 1 de enero de 2016 saldrán a concurso de méritos. Las que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente «al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020» saldrán a concurso-oposición.

A partir del establecimiento de esa nueva figura del «estatutario interino», el artículo 9 del nuevo EM contemplará hasta seis posibilidades de contratación temporal, pero, en términos generales, este tipo de relaciones contractuales de carácter temporal «no podrán tener una duración superior a tres años». Además, los llamados contratos de acúmulo de tareas, tan habituales hasta ahora en todos los servicios de salud, deben concretar la fecha de su inicio y de su fin y solo podrán firmarse por un plazo máximo de 12 meses, dentro de un periodo de dos años desde el primer contrato.

Durante todo el proceso de negociación, los sindicatos han recordado que los límites a la temporalidad ya existían en la redacción original del Estatuto Marco, y que esos límites no se han respetado por parte de las comunidades. De ahí, que una de las claves irrenunciables para los sindicatos era incluir garantías para que esos límites no pudieran saltarse y, en caso de hacerlo, se impusieran sanciones.

En este sentido, el nuevo EM incluye una disposición adicional relativa al control del abuso de la temporalidad, por la que «las Administraciones sanitarias serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación y nombramientos del personal estatutario temporal». En definitiva, el Gobierno central le recuerda a las comunidades autónomas que ellas son las contratadoras y, como tales, las responsables del cumplimiento de las nuevas condiciones laborales.

En caso de no respetarse estos plazos máximos, los interinos tendrán una indemnización que será equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. «No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria», dice el texto.

La profunda reforma del EM que reclaman los sindicatos por temas laborales la han pedido también varias voces oficiales autonómicas, ante el miedo que suscita en muchos servicios de salud lo que ahora se les viene encima: fijar unos baremos para las convocatorias que sean lo más homogéneos posible. Algunos dirigentes autonómicos han pedido abiertamente que esos baremos debería estar recogidos en una norma autonómica que garantice esa homogeneidad nacional y evite la inseguridad jurídica. En definitiva, en un nuevo EM fruto de una profunda y sólida reforma.

Las comunidades piden, en suma, que ese deseado EM incluya los criterios que debe respetar la constitución de cada baremo, porque -recuerdan- el reparto competencial existente en el SNS hace que sean, precisamente, las autonomías las competentes para el diseño de esos criterios. De fijarse en una norma nacional, los recursos judiciales serían una posibilidad mucho más remota.

Otro problema añadido a la inseguridad jurídica es que el largo y complejo proceso de estabilización debe estar culminado antes de dos años, porque ahí los limites de la ley antitemporalidad son muy claros. La pregunta que dejan en el aire tanto los sindicatos como algunos representantes autonómicos es ¿habrá suficientes recursos para garantizar la rapidez y eficacia de todos los procesos selectivos?

 

4. REPORTAJE EL PAÍS (con palabras de una delegada de AMYTS). La eterna provisionalidad de los sanitarios: “Llevo 19 años en urgencias y no ha salido ni una oposición para hacerme fija”

La eterna provisionalidad de los sanitarios: “Llevo 19 años en urgencias y no ha salido ni una oposición para hacerme fija”

Cuando Itziar Fortuny (delegada de AMYTS en el Hospital Infanta Sofía) empezó a trabajar como médico de urgencias en el Hospital de la Paz de Madrid, en 2003, le hicieron un contrato de media jornada. La otra media la cubría haciendo guardias. Después de unos cuantos contratos cubriendo huecos, consiguió una plaza de interina en el Infanta Sofía, cinco años después. Desde entonces sigue en el mismo sitio. “Llevo 19 años en urgencias y ni siquiera ha salido una oposición para optar a un puesto fijo”, se queja.

En realidad salieron dos convocatorias: ambas se cancelaron. “Estudié y pagué tasas para nada”, asegura. Su trayectoria no es una excepción en el ámbito sanitario, donde la temporalidad es del 40%, según un informe de Comisiones Obreras de diciembre de 2021. Comenzar cubriendo bajas, maternidades, haciendo suplencias de verano para luego acabar en un puesto de interino durante lustros es frecuente; tanto como no conseguir una plaza en propiedad hasta superada la cincuentena, aunque también hay quien se jubila sin tomar posesión. Esa provisionalidad tiene consecuencias: cobrar menos que los fijos y no poder planificar la carrera ni los traslados.

Esto es lo que quiere solucionar el Gobierno con un real decreto ley que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros. Con él calcula que 67.300 plazas de interinos pasarán a ser fijas y pretende evitar que se vuelvan a generar semejantes bolsas de eventuales. Para ello se prohibirá por ley que una plaza se mantenga con interinidades más de tres años. Las comunidades autónomas deberán cubrirlas con personal fijo después de ese tiempo. Esto, explican fuentes del Ministerio de Sanidad, no quiere decir que una persona no pueda estar ese tiempo de interino si se va cambiando de destino. Lo que se convierte en fijas son las plazas, no las personas, aunque lo más frecuente será que la norma beneficie a quien la esté ocupando.

Hay dos fórmulas: las que están ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016 saldrán a concurso de méritos. Y las que estén en esta situación al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 saldrán a concurso-oposición. Esto no solo incluye las plazas teóricamente estructurales o las que estén en la relación de puestos de trabajo, sino todas las que estén efectivamente ocupadas.

El decreto pondrá orden en una situación completamente anómala, permitirá el mejor desarrollo profesional de los sanitarios y les quitará incertidumbre a los que ocupen las plazas fijas y, en cierta medida, también a sus pacientes. Pero, como insisten algunos sindicatos del sector, no viene a resolver problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la falta de médicos de primaria o las estrecheces a las que están abocados los hospitales y centros de salud este verano.

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, explica que la fórmula está consensuada con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con los sindicatos. “Aunque bien es cierto que es la Unión Europea la que nos obliga [el organismo reprochó a España la temporalidad que tenían en el empleo público, lo que llevó a una profunda reforma para reducir los interinos], el real decreto es realista y viene a tratar de solucionar una de las graves quiebras de nuestro Sistema Nacional de Salud, la precariedad. Las otras dos son los salarios, inferiores a los de la UE, y la formación médica continuada. Pero, en mi opinión, este es el más importante de los tres. Permitirá a muchos profesionales establecer proyectos de futuro y de familia”, subraya.

Aunque puede parecer una buena noticia para el sector, algunos sanitarios que después de muchos años han conseguido plaza por medio de oposiciones miran con recelo esta regularización, que en muchos casos pasará a hacer directamente indefinidos a los profesionales sin pasar por ningún examen.

Sonia Melantuche, de 49 años, ha seguido la misma trayectoria que muchos de los que ahora se van a ver beneficiados por la regularización. Con la diferencia de que, en la última oferta pública de empleo a la que se presentó, en 2019, quedó la número 50. Aunque todavía no se ha resuelto la convocatoria, tiene prácticamente asegurado que se quedará en posesión de la plaza de celadora que lleva ocupando más de 13 años en el hospital de Móstoles. Antes de eso, lo habitual: contratos de sustitución, bajas. “El ambiente está molesto. No creemos que sea justo que hace tres años te tuvieses que presentar a plaza y ahora la vayan a regalar solo por el tiempo trabajado, que va a valer casi el 90% del baremo. Los que estamos en mi situación nos sentimos súper indignados”, protesta.

Elia Fernández, otra celadora que trabaja en Asturias y que muy probablemente se va a beneficiar de la medida del Gobierno, es comprensiva con la queja: “Entiendo que haya detractores. Me pongo en su lugar: estaban en bolsas y aprobaron una oposición. Pero tienen que entender que nosotros llevamos muchos años ahí y que la experiencia es un grado, estuvimos ahí a las duras y las maduras. Es una compensación a todos los años que llevamos”.

A ella le ha pillado al borde de la jubilación. Tiene 62 años y, con los ritmos que manejan las administraciones públicas, ni siquiera tiene claro que llegue a tomar posesión de su plaza antes de retirarse. La ocupa desde 2008 en el Hospital Valle de Nalón y suma casi tres décadas trabajando en el SNS. “Lo que sucede es que pasa el tiempo y las vacantes no salen. Y la gente que ocupa las plazas al final se acomoda. Transcurren los años y ya no tienes mucha energía para preparar las oposiciones, si es que se convocan”, justifica.

La interinidad, sin embargo, tiene más inconvenientes del simple hecho de que la plaza no esté en propiedad. No existe para ellos carrera profesional, lo que redunda en menos sueldo y ninguna posibilidad de moverse o progresar en su puesto de trabajo. Eduardo Jara, enfermero del Puerta de Hierro de Madrid, calcula que cobra 700 euros brutos mensuales menos de los que percibiría si tuviera la plaza en posesión, después de 24 años como interino.

Las razones detrás de que estos profesionales no hayan logrado plazas fijas es variada. Desde el caso de Fortuny, el primer testimonio de este reportaje, que no ha tenido posibilidad por falta de convocatorias, hasta el de Jara, que cuenta que en las sucesivas oposiciones no le ha sido posible conseguir la plaza: “La primera era muy fácil, pero estaba pensada para que se hicieran con ella los que llevaban más de 15 años. Yo saqué un 10, pero como no tenía suficiente antigüedad, me quedé fuera. En otra aprobé con un seis y pico, y me quedé a las puertas. Luego pasaron años sin convocatoria. Y la última, de 2019, no se ha resuelto todavía”.

Alejandro Cruz, enfermero almeriense de 30 años, todavía no ha llegado a esa situación. Está en la fase previa, la de encadenar contratos de sustituciones o bajas. Lleva 17 desde que en 2018 regresó de Manchester. “Me han llegado a hacer un contrato del 1 al 15 de diciembre y otro del 16 al 31″, asegura. Cuando terminó la carrera se fue al Reino Unido, atraído por mejores condiciones laborales de las que había en España. Y las encontró: más sueldo y mejor formación. Pero tras tres años decidió volver por razones familiares.

“Allí, cuando te cambiaban de puesto, te daban un mes de entrenamiento para adaptarte al nuevo. Porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un hospital de día de oncología que en una planta de cardiología o en una UCI. En España igual te van moviendo de semana en semana y llegas sin saber tus labores. Las acabas aprendiendo, pero al final esto también perjudica la atención a los pacientes”.

La nueva norma tratará de evitar que esto se repita. Quiere disminuir la temporalidad al 8% y que este tipo de contratos se produzcan en los casos en los que realmente existe una razón. “Por ejemplo, si se contratan personas de laboratorio para analizar la viruela del mono, es normal que sean temporales”, explica una fuente de Sanidad. “Pero si a los tres años siguen esos puestos activos o se han reconvertido en otra función dentro del hospital, tendrán que pasar a ser fijos”, añade.

Fuente: El País

 

5. Ofensiva autonómica para eliminar la nota de corte del examen MIR de 2023

Las comunidades autónomas siguen solicitando al Ministerio de Sanidad medidas concretas que den respuesta al déficit de profesionales que sufre el Sistema Nacional de Salud, más ahora cuando han quedado 93 plazas MIR de Medicina de Familia sin cubrir en la última convocatoria. Según ha podido saber Redacción Médica, varias regiones se han movilizado para requerir al Ministerio de Sanidad que elimine la nota de corte del examen MIR de 2023, permitiendo que todos los aspirantes que se presenten a la prueba médica tengan derecho a escoger plaza. Algo que ya sucedía en el pasado, cuando simplemente el examen MIR era una forma de ordenar a los aspirantes, sin eliminar a ninguno de ellos.

Precisamente, este año, debido a la nota de corte, ha habido 1.895 aspirantes eliminados de la prueba al no superar esta nota de corte, impidiéndoles poder optar a una plaza MIR. De no haber existido ese número de personas eliminadas, explican fuentes autonómicas, “se podrían haber cubierto las 93 plazas MIR de Medicina de Familia que hoy han quedado desiertas, pese a ampliar el cupo de médicos extracomunitarios”.

El objetivo de las regiones más afectadas por las plazas MIR que han quedado sin cubrir plantearán al Ministerio de Sanidad en la próxima Comisión de Recursos Humanos que de cara a la próxima convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada se elimine el requisito de superar la nota de corte para optar a una plaza MIR, así, confiesan, “las posibilidad de que todas las plazas ofertadas, que serán más el próximo año, se agoten entre todos los aspirantes que se presenten a la prueba”.

Con la actual formula, hay casi 2.000 médicos con la carrera superada que no podrán ejercer en el Sistema Nacional de Salud (SNS) al no contar con una especialidad. Una realidad que choca con las 217 plazas de especialista que se quedaron sin cubrir en las diferentes regiones tras finalizar el primer turno de asignación. De estas, se consiguieron asignar en segunda ronda y ampliando el cupo de extracomunitarios un total de 107 plazas, dejando 93 de Medicina de Familia desiertas.

Una de las regiones más afectadas por esta situación ha sido Extremadura. Su consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, titene intención de defender personalmente ante Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad la eliminación de la nota de corte y la “vuelta al antiguo sistema en el que no se excluía a nadie”, dejando así el examen como una fórmula para ordenar a los candidatos a la hora de escoger la plaza.

Esta medida lleva sobre la mesa del ministerio «varias semanas», según destacan fuentes a Redacción Médica, pero es ahora cuando existe un frente común de las comunidades autónomas más afectadas por el número de plazas desiertas para plantarse y exigir este cambio de forma inminente a la Dirección de Ordenación Profesional.

La petición de eliminar la nota de corte forma parte de las reivindicaciones de las diferentes regiones, desde donde se plantean otras medidas como la posibilidad de garantizar que el cupo de extracomunitarios esté totalmente cubierto, tal y como destacan a este diario fuentes de Castilla y León.

En el caso de Galicia, el consejero de Sanidad, Julio Comesaña, también ha puesto el foco en la eliminación de la nota de corte, subrayando como en la región “este año se solicitó  incrementar en 64 plazas para formar más MIR, con resultado negativo». Así, el consejero ha reiterado cómo «estamos ya en -64, nos gustaría que esos jóvenes que aprobaran el MIR pudieran estar formándose este año», subrayando que “esperamos que el Ministerio reaccione y busque alternativas, desde luego cambiando el sistema de preselección, sí puede trabajar en la modificación del criterio de corte«, dejando de este modo el examen como un modo de ordenar la elección de plazas para futuros especialistas.

Dentro de la falta de médicos de Familia, desde Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, planteaba la opción de que «aquellos que no aprobaron el MIR se empieza a tirar hacia abajo en la puntuación hasta cubrir el 100% de las plazas ofertadas».

A estas propuestas se suma el departamento de salud catalán, que tras la falta de respuesta a los incentivos económicos propuestos para atraer residentes de Familia, ha llegado a calificar como “fracaso” el actual sistema de asignación, reclamando así una rectificación de la normativa para que se articule un procedimiento que permita la adjudicación de todas las plazas que han resultado vacantes.

Fuente: Redacción Médica