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Boletín Diario Informativo de AMYTS del 23 de julio de 2021

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1. AMYTS ACTÚA: muchos médicos de Atención Primaria necesitan ansiolíticos para poder trabajar

2. AMYTS en los medios: denunciamos las condiciones laborales que sufren los médicos de AP, la externalización de un servicio fuera del ámbito público…

3. CESM ve «arbitrario» el decreto de interinos y augura un caos al aplicarlo en el SNS

4. Sanidad reconoce que «todo apunta» a que habrá que administrar una tercera dosis

5. Datos del Covid: cerca de 30.000 nuevos casos, 28 muertes e IA en 659

1. AMYTS ACTÚA: muchos médicos de Atención Primaria necesitan ansiolíticos para poder trabajar 

Muchos médicos de Atención Primaria necesitan ansiolíticos para poder trabajar. Habrá quien desconozca la realidad laboral de nuestros compañeros y crea que es una exageración, pero lleva tiempo sucediendo y no podemos mirar hacia el lado.

Los médicos de Atención Primaria llevan meses, años, sufriendo por unas condiciones laborales infaustas que ahora han explotado con la quinta ola del Covid-19.

Sobrecarga asistencial, déficit estructural de plantilla (1.500 plazas de médicos de familia sin cubrir), agresiones físicas a sanitarios, falta de tiempo para atender como merecen los pacientes, listas que superan los 70 pacientes diarios…

A todo ello se enfrentan cada día nuestros compañeros sin que la Administración haga nada por remediarlo, como llevamos tiempo exigiendo. Esta vez, Silvia Durán, coordinadora de delegados de AMYTS, y Amparo Naranjo, delegada de Atención Primaria, han sido quienes han dado voz a esta situación insostenible.

2. AMYTS en los medios: denunciamos las condiciones laborales que sufren los médicos de AP, la externalización de un servicio fuera del ámbito público…

El diario ZigZag se hace eco de la noticia que publicó el diario El País a mitad de semana en donde Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, mostraba su opinión acerca de la subcontratación en Madrid de la atención psiquiátrica hospitalaria a adolescentes que no requieran de más de cuatro semanas de ingreso.

ZIZZAGDIGITAL: Madrid destina casi dos millones de euros a la creación de una unidad «puntual» de atención psiquiátrica a adolescentes

El Gobierno de Madrid ha destinado 1.891.000 euros a subcontratar la atención psiquiátrica hospitalaria a adolescentes que no requieran de más de cuatro semanas de ingreso. La resolución, compartida por El País, detalla que el objeto de la inversión es una unidad de 24 camas para adolescentes -de 12 a 17 años- con cuadros psiquiátricos agudos, que requieran hospitalización durante un período de entre una y cuatro semanas. La adjudicataria del contrato, que tiene una duración de 8 meses, es la clínica Nuestra Señora de la Paz.

Hace años que la atención psiquiátrica en la región madrileña se integró dentro del ámbito hospitalario, pasando a depender de los jefes del área y dejando de prestarse a través de los centros de salud mental. Es por ello por lo que Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), no le ve sentido a este movimiento de la Consejería de Sanidad.

En sus declaraciones a El País, admite su sorpresa “ante la externalización del servicio fuera del ámbito público”. En su opinión, lo lógico sería dotar a todos los hospitales de unidades específicas de salud psiquiátrica para jóvenes. “Hay que integrar la asistencia a los adolescentes en el conjunto de salud mental, no segregarla del resto del servicio”, ha defendido.

Desde Sanidad, se ha hablado de la medida como una forma “de apoyo puntual” como respuesta a los problemas mentales detectados a raíz de la pandemia y no de externalizar el servicio de forma permanente. “Dotar y equipar de unidades requiere unos tiempos y unos procedimientos y hay que responder rápidamente a un aumento de la demanda puntual”, han explicado.

En su nota de prensa, han especificado que los pacientes que ingresen en esta unidad podrán estar acompañados de algún familiar y contarán con un aula en la que poder seguir el curso escolar.

 

Además, como compartimos en AMYTS ACTÚA, intervención de Silvia Durán, coordinadora de delegados de AMYTS, y Amparo Naranjo, delegada de Atención Primaria, en Onda Cero para denunciar el pésimo estado en el que se encuentra la Atención Primaria.

3. CESM ve «arbitrario» el decreto de interinos y augura un caos al aplicarlo en el SNS

«Arbitrario», «improvisado», «falto de concreción», «fuente de inseguridad jurídica», «inviable para el sector sanitario»… Estas y otras expresiones de parecido tenor acuden a los labios del presidente nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)Tomás Toranzo, cuando se refiere al controvertido Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ayer refrendó el Congreso de los Diputados por un solo voto a favor.

Por resumirlo en un término muy gráfico, Toranzo califica el decreto de «chapuza», y no sólo en los términos en que quedará redactado tras su paso por la Cámara alta para ser tramitado como proyecto de ley por vía urgente, sino en su redacción original, la que pactaron a principios de julio el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. «Esto sólo evidencia lo que el Sindicato Médico lleva diciendo desde entonces: el fracaso de un acuerdo que, tanto la Administración como esos tres sindicatos, han vendido como la panacea, y la dificultad, por no decir imposibilidad, de aplicarlo en el ámbito sanitario».

Al margen del contenido general de la propuesta consensuada el pasado 5 de julio, el presidente de CESM se refiere expresamente a la posibilidad de que los interinos que llevan 10 años «ininterrumpidos» en una plaza temporal puedan acceder a un puesto fijo mediante un concurso de méritos, en lugar del concurso-oposición previsto para la consolidación de plaza en la Administración pública. De entrada, Toranzo califica este plazo de «arbitrario», y se pregunta «¿por qué 10 años y no los 3 que ya fija la normativa actual como tiempo máximo para ocupar una plaza de forma eventual? ¿No es evidente que fijar ese plazo generará desigualdad y agravios comparativos?».

Pero el presidente de CESM va aún más allá, y habla de una «peligrosa» falta de concreción en los términos: «¿Qué significa ocupar «ininterrumpidamente»? ¿Se refieren a que alguien acumule esos 10 años con un solo contrato, con dos, con tres… o con 30 ó 40, como pasa en el sector sanitario? ¿Computan para ese tiempo los contratos de refuerzo por semanas o por fines de semana, o los contratos de sustitución de verano, tan a la orden del día en todos los servicios de salud?».

La última oleada de la Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica, que la Organización Médica Colegial (OMC) y el propio CESM presentaron en 2018, revelaba que el 27% de los médicos que trabaja para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no tiene plaza en propiedad lleva entre 11 y 20 años en esa situación (el 11,9%, más de 20 años), y el encadenamiento de contratos es la tónica de su realidad laboral. Además, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2021, el 32,3 por ciento de los trabajadores del ámbito socio-sanitario tiene un contrato temporal.

Es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé que, «con carácter excepcional», se opte por un concurso de méritos para la estabilización laboral en el sector público, y que el proceso extraordinario de consolidación que se llevó a cabo en 2001 con las transferencias sanitarias -al que ahora se invoca como antecedente más inmediato a nivel nacional-, se amparó en esa excepcionalidad, pero Toranzo asegura que ambos procesos no tienen nada que ver.

«La OPE de 2001 fue, sí, un proceso extraordinario de consolidación, pero se hizo en paralelo a un concurso de traslados, de forma que los aspirantes no optaban a una plaza concreta, sino a una plaza en el sistema sanitario, y luego se sometían a un concurso de traslados en el que todos los aspirantes competían con sus propios méritos. Salvo que haya cambios en la tramitación del proyecto, lo que ahora se pretende es que los interinos con más de 10 años de antigüedad consoliden su plaza, con el agravio que eso puede suponer para otro interino que lleve años esperando un concurso de traslados y no pueda optar ahora a una de esas plazas».

El presidente de CESM concluye que la OPE Extraordinaria del Insalud «conjugó los intereses de todos y se acomodó a la legalidad, y la prueba más evidente es que en apenas 4 años estaba prácticamente ejecutada en toda España y no hubo ni un solo recurso judicial al proceso«.

Más que mirarse en los antecedentes de este proceso, Toranzo recomienda al Ministerio de Política Territorial y a los sindicatos firmantes del decreto de interinidad que vuelvan los ojos a otras iniciativas autonómicas, dentro y fuera del ámbito sanitario, y al «incesante periplo judicial y la catarata de recursos que han provocado», y aquí cita expresamente el concurso-oposición de la Disposición Transitoria IV de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.

Ese proceso de consolidación de plazas sanitarias, basado en exámenes con banco de preguntas y que primaba los servicios prestados por los aspirantes en el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), se inició en 2003 y no culminó hasta 12 años después, «y fue un proceso trufado de reclamaciones y recursos en los juzgados, que, además, paralizó todo el resto de las OPEs en el servicio de salud y generó un enorme embudo de temporalidad«, apunta el presidente de CESM.

En Castilla y León, la resolución definitiva de la Transitoria IV afectó a 558 médicos e implicó, además, un cambio para los cerca de 400 facultativos que habían pedido un traslado, y cambios adicionales para el personal interino que se vio afectado por la culminación del proceso de consolidación.

Seguimiento exhaustivo

Con respecto a la posibilidad de que la fase de oposición no sea eliminatoria para los miles de interinos que sí deberán someterse a un concurso-oposición tradicional (una de las exigencias de Podemos y ERC que se introdujo ayer en el Congreso), Toranzo admite que su aplicación en el ámbito sanitario es «más viable, entre otras cosas porque respeta el principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes». Aun así, el presidente de CESM matiza que el hecho de que la fase de concurso de méritos pese un 40% en la nota final, «algo que los sindicatos firmantes venden como un gran logro», ya se da mayoritariamente en las OPEs sanitarias autonómicas: «En la mayoría de ellas, la valoración de los méritos ya llega al 40%, y en Castilla y León, por ejemplo, se eleva hasta el 45%».

Precisamente, los sindicatos que rubricaron el decreto con Iceta apelan a la prudencia y aseguran que se mantendrán «muy vigilantes» durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, que el Gobierno quiere culminar antes de octubre. Desde UGT Servicios Públicos recuerdan que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo está pensada, precisamente, para que «la esencia, objetivos e innovaciones de lo pactado permanezcan intactos y, si cabe, concretar más alguno de sus puntos».

En la misma línea, el Área Pública de CCOO asegura que durante la fase de tramitación se mantendrá en contacto con todos los grupos parlamentarios para «vigilar que no se modifiquen los aspectos fundamentales, especialmente en los puntos que aumentan el peso de la experiencia en la fase de concurso y simplifican la fase de oposición, y en la aplicación de las indemnizaciones como medida compensatoria y disuasoria». CCOO, UGT y CSIF coinciden en que es vital velar por que «cualquier modificación tenga la seguridad jurídica correspondiente y sea aplicable y efectiva».

FUENTE: DIARIOMEDICO

4. Sanidad reconoce que «todo apunta» a que habrá que administrar una tercera dosis

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que, de cara al futuro, «todo apunta a una tercera dosis de la vacuna» contra el coronavirus. «Lo que habrá que determinar es cuándo empezamos», ha matizado.

En una entrevista en Onda Cero, Darias ha dicho que «tenemos que seguir vacunando hasta alcanzar el 100% de la población». Preguntada por si tendremos que vacunarnos cada año, ha contestado que «sin duda alguna».

La ministra ha recordado que España tiene contratos con Pfizer y Moderna para los años 2022 y 2023. Pfizer sigue trabajando en una posible tercera dosis, que Estados Unidos considera todavía no necesaria.

Tal y como ha reconocido el director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, la farmacéutica no ha tenido tiempo para analizar «los efectos y consecuencias» que tendría este tercer pinchazo.

Respecto a la vacuna para los más pequeños, la ministra ha reconocido que la vacuna pediátrica será un «debate no exento de dificultad». «Muchos dicen que los niños no son los transmisores, pero es verdad también que si queremos inmunidad completa tenemos que poder hacerlo. Con mucha calma, todavía no hay aprobación», ha dicho.

La comunidad científica no respalda con unanimidad la necesidad de suministrar una tercera dosis de la vacuna, principalmente por la falta de evidencias claras. «Creemos que es muy temprano para saber si hace falta una tercera dosis, porque lo principal es vacunar al mayor número de personas, ya que si se ralentiza la vacunación podrán aparecer nuevas variantes», opina la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, África González.

Sanidad se niega a vacunar con Janssen a menores de 40 pese a la escasez de Pfizer y la explosión de la quinta ola

Andalucía, Madrid, Cataluña y Galicia se lo han pedido de forma explícita en la Comisión de Salud Pública celebrada este jueves y el ministerio ha rechazado la propuesta.

FUENTE: ELDIARIO.ES , ELMUNDO

5. Datos del Covid: cerca de 30.000 nuevos casos, 28 muertes e IA en 659

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 29.535 nuevos casos de Covid-19, 17.716 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 27.688 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 4.249.258 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 659,08, frente a 644,50 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 312.740 positivos.

En el informe de este jueves se han añadido 28 nuevos fallecimientos, en comparación con 41 el jueves pasado. Hasta 81.194 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 78 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

La presión asitencial en UCI crece medio punto hasta los 13,5%

Actualmente, hay 7.618 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (7.255 ayer) y 1.240 en UCI (1.180 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 1.370 ingresos (1.399 ayer) y 977 altas (955 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,37 por ciento (6,07% ayer) y en las UCI en el 13,52 por ciento (12,92% ayer).

Entre el 12 y el 18 de julio, las comunidades autónomas han realizado 1.175.782 pruebas diagnósticas, de las cuales 708.760 han sido PCR y 467.022 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 2.500,27. La tasa total de positividad se sitúa en el 15,81 por ciento, frente al 15,64 por ciento de ayer.

Europa pide «encarecidamente» evitar los viajes a media España por el Covid

El veto de la Unión Europea sobrevuela España al completo, en el punto álgido del verano. El aumento incesante de contagios ha hecho que incremente el número de territorios en rojo oscuro a los que la UE recomienda «encarecidamente» no viajar por alto riesgo de transmisión Covid-19.

De hecho, el número de territorios en riesgo «extremo» según el semáforo europeo prácticamente se ha triplicado en una semana, pasando de 3 a 8 comunidades autónomas en rojo oscuro según la  última actualización del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). Estos territorios son Cataluña, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Baleares, con una incidencia que ya supera los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

De acuerdo con la normativa europea en pandemia, los Estados miembros deberán exigir a a los viajeros españoles una prueba de detección de Cvid-19 antes de su llegada y a cuarentena o autoaislamiento según lo recomendado por el Comité de Seguridad Sanitaria.

El resto de comunidades continúan clasificadas en color rojo, con un riesgo alto de transmisión Covid-19  al egistrar en estos momentos una incidencia acumulada del virus a 14 días de entre 75 y 200 casos por cada 100.000 habitantes, y una tasa de positividad en pruebas diagnósticas del 4 por ciento o superior.

Una semana más, el mapa nacional vuelve a figurar enteramente en color rojo, lo que significa que desde la UE desaconsejan desplazarse a cualquiera rincón de nuestro país.

Aumento de zonas en rojo en Europa 

La situación también ha emperoado en el resto de Europa en estos últimos 7 días. Países Bajos e Irlanda presentan una situación muy similar a la de España con todos sus rincones en rojo o rojo oscuro. El riesgo extremo por Covid-19 también se registra en zonas de Grecia, Chipre, Italia y Dinamarca pero de forma minoritaria.

Francia y Bélgica, aparecen también prácticamente teñidos de naranja. Esto quiere decir que la mayoría de sus territorios tiene una tasa de contagios en los últimos 14 días inferior a 50 pero la tasa de positividad de la prueba es del 4 por ciento o más. También puede darse el caso de que la IA se encuentre entre 50 y 75 y la tasa de positividad de la prueba sea 1 por ciento o superior. El tercer supuesto para la clasificación en riesgo medio exige una incidencia a 14 días de entre 75 y 200 y una tasa de positividad menor al 4 por ciento.

El naranja también se extiende por la mayoría de zonas de Italia, Croacia y Dinamarca, mientras que el resto de países, consigue mantenerse en niveles de riesgo bajo, por lo que la mayoría del mapa europeo continúa en color verde con una tasa inferior a 50 casos por 100.000 habitantes y una tasa de positividad de la inferior al 4 por ciento, o en caso de que la incidencia acumulada sea inferior a 75, una tasa de positividad inferior al 1 por ciento.

FUENTE: REDACCIONMEDICA , REDACCIONMEDICA (II)

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