Boletín Diario Informativo de AMYTS del 13 de enero de 2023

El 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la ley para reducir la interinidad en el sector público. El objetivo, que viene marcado por Bruselas y a cuyo cumplimiento están condicionados los fondos de recuperación, es limitar la temporalidad al 8%, casi 40 puntos menos que ahora en el caso de la sanidad. Las comunidades autónomas, desde que en 2002 se hizo efectivo el traspaso de competencias, han realizado procesos de oposiciones contados, de modo que ahora deben llevar a cabo un nuevo concurso extraordinario para fijar plazas que lleven años ocupadas por temporales o interinos.

“La estabilización derivada de la ley está en marcha, pero por el momento mantenemos la misma temporalidad que hasta ahora”, explica el presidente del sector hospitalario público del sindicato Amyts, Javier Ortega. El pasado 31 de diciembre vencía el plazo para que las comunidades autónomas convocasen esas oposiciones y, aunque todas han cumplido, el proceso se alargará hasta 2024.

La norma busca estabilizar las plazas, no a los profesionales, pero permite que aquellos puestos ocupados de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 puedan ser convocados por las administraciones por el sistema de concurso, esto es, sin examen y valorando solo los méritos de los candidatos, lo que en la práctica facilita el acceso a aquellos con años de experiencia. Para los puestos ocupados entre 2016 y finales de 2020, deberán someterse a un concurso-oposición con un examen no eliminatorio.

Del 64% en Catalunya al 19% en Aragón

En Madrid, que como puede verse en el siguiente gráfico es una de las comunidades más afectadas por la interinidad, el proceso será diferente. “Una de las ventajas es que los especialistas ya no van a tener un examen, sino concurso, lo que va a agilizar mucho más los procesos”, explica Ortega. El mérito es de la huelga indefinida que estos profesionales llevaron a cabo en mayo, tras el intento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de saltarse la ley estatal con una convocatoria in extremis unos días antes de la entrada en vigor de la norma y cuando ya se conocía su contenido, que beneficiaba a los profesionales en activo.

Consuelo Barrasa terminó su especialidad de médico internista en 2002. “Me ha pillado la peor época”, lamenta. “Cuando terminé, solo había contratos de urgencias, con turnos de 24 o 72 horas”, explica en conversación con elDiario.es. En aquella época acababa de tener su primer hijo y después de un año haciendo guardias y un contrato de invierno, decidió probar suerte en el centro de salud mental de Ciempozuelos, concertado y religioso, pero con una estabilidad que le permitió aumentar la familia.

En 2005, Consuelo volvió a reengancharse a la pública y en 2008 pasó de un contrato de guardias a uno de planta. “Por supuesto, eventual”, matiza. En 2015 consiguió una interinidad que, aunque más estable, es otra forma de inestabilidad. Por el camino hubo dos oposiciones, con plazas “irrisorias” para el personal que estaba trabajando de facto en puestos fijos y para los que no se tuvo en cuenta su época en la privada. En 2020, “ante las condiciones en las que te hacen trabajar y lo que te obligan a asumir en cuanto al riesgo de los pacientes” en el hospital donde se encontraba, renunció a esa interinidad y pasó a Atención Primaria, también sin un contrato fijo.

«Somos tantos que no sabemos si va a haber plaza para todos. Lo que han hecho con esta generación no tiene remedio. Lo que hemos pasado, lo hemos pasado, pero espero que a las siguientes no les hagan esto»

“Llegué como un recién licenciado, porque en la bolsa de empleo solo te cuenta la experiencia en Primaria. Llevo 26 años en el Sermas y no soy nadie”, dice. Consuelo concurrirá al nuevo proceso, aunque tiene dudas: “Somos tantos que no sabemos si va a haber plaza para todos. Lo que han hecho con esta generación no tiene remedio. Lo que hemos pasado, lo hemos pasado, pero espero que a las siguientes no les hagan esto”.

Gema Murias terminó sus estudios de enfermería en 2005. Desde entonces, trabaja en el servicio de salud del Principado de Asturias (Sespa). Allí las compañeras tratan de establecer listas para calcular quién conseguirá una plaza fija para 2024. “Debo tener unos 12 años y medio trabajados y estaré al final de la cola”, indica esta enfermera del área pediátrica del Hospital Universitario Central (HUCA).

Tras el proceso de estabilización, estos profesionales pueden ver que el puesto de trabajo en el que llevan años trabajando cambia, porque se estabilizan las plazas y no a los trabajadores. “Imagínate que soy de las últimas y cuando me toque elegir solo queda en Cangas, que es el destino más lejano. Tengo una niña de 10 años y tendría que desmantelar toda la rutina diaria de casa. No sé cómo lo haría”, advierte en un momento en el que no sobra personal en la sanidad pública.

Como se aprecia en la siguiente tabla, con datos de enero de 2022, Asturias es de las comunidades con mayor porcentaje de interinos, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Junto a Catalunya (64%), Canarias (59%), Comunitat Valenciana (55%) y Madrid y Murcia (52%), es de las que se encuentra por encima del 50%, lo que viene a mostrar que este mal afecta a sistemas de todo signo político.

“Los servicios de salud acumulan tasas de interinos grandísimas porque no han estabilizado plazas durante muchos años”, explica el portavoz del sindicato de enfermería Satse, Marino Barona. El proceso extraordinario puede ser “un parche”, pero tiene “que seguir adelante”. La idea es que, tras 2024, las comunidades autónomas realicen procesos ordinarios para evitar volver a una situación como la actual y mantener esa interinidad en el 8%. No obstante, este enfermero de Castilla-La Mancha advierte: “Habrá políticos que utilicen este proceso de estabilización para decir que han aumentado su plantilla, pero no es cierto. Están dándole una cierta estabilidad laboral a personas que ya están trabajando”.

«Habrá políticos que utilicen este proceso de estabilización para decir que han aumentado su plantilla, pero no es cierto. Están dándole una cierta estabilidad laboral a personas que ya están trabajando»

Pero, ¿qué ventajas tiene un funcionario de carrera frente a un interino? “Laboralmente, supone que hay ciertas condiciones, tanto retributivas como laborales a las que el personal interino no puede acceder”, explica Barona, que lleva en esta situación desde 2008. En algunos casos no se reconoce antigüedad, la carrera profesional, como en Castilla-La Mancha, donde los profesionales sanitarios protagonizaron paros y protestas en diciembre, o posibilidad de cambiar de puesto. Unas diferencias que los trabajadores solventan a su favor en los tribunales. “Pero tienes que llevarlo a juicio, con lo lenta que es nuestra Justicia”, aclara el portavoz de Satse.

Consuelo ha ganado ya tres demandas al Sermas, pero en algunos casos ha tenido consecuencias. “En la primera el director médico me dijo que o retiraba la denuncia o me iba. Ganamos, pero me tuve que ir del hospital donde me había formado”, explica.

Catalunya, con un sector hospitalario eminentemente concertado, es la comunidad autónoma donde más interinos trabajan en el sistema sanitario. “No lo vivimos como algo negativo, al contrario. Te garantiza una estabilidad hasta que sale la plaza y, a nivel de medicina, no tenemos contratos eventuales, salvo para compañeros extracomunitarios, que a partir de ahora pasaran a ser de tres años”, explica la vicesecretaria del Col·legi de Metges de Bracelona, Sònia Miravet. Ella admite, no obstante, que “lo que interesa es evolucionar a contratos laborales indefinidos para tener una estabilidad y garantizar la continuidad asistencial”.

En las últimas oposiciones, el Institut Català de la Salut (ICS) sí tuvo en cuenta la fidelización al puesto donde estaban los profesionales. “Si había aprobado la oposición con los puntos suficientes, podía quedarse en el puesto”, indica Miravet.

Las oposiciones han sido una suerte de rara avis en muchas comunidades. Cada administración las ha convocado a su gusto desde 2002 pero, a la vista de las cifras de interinidad, en todas ellas han sido escasas. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, las enfermeras se han examinado en 2022 en un proceso abierto en 2019. El Colegio de Enfermería de Valencia y varias organizaciones sindicales denunciaron que en el examen, al que se sometieron casi 25.000 aspirantes para 3.817 plazas, se exigían conocimientos de otras disciplinas y no se centraba en la práctica de esta profesión.

Paula Guerrero, que es enfermera en el hospital de la Ribera, en Alzira, se presentó a esa prueba. “Nunca he visto un examen así. Creo que no quieren baremos porque si pasas la fase de oposición tienes que presentar mucha documentación para el concurso y no tienen tiempo”, considera. Ella lleva desde 2008 en el mismo puesto de trabajo, “empalmando contratos hasta 2018”. Aquel año, la Generalitat revirtió el servicio, que hasta entonces había sido de gestión indirecta y se convirtió en interina.

Ese cambio, que en la práctica no supuso un cambio de puesto, ni de pacientes, ni de ‘jefe’ (sigue trabajando para Consellería), sí perjudicará a Guerrero de cara a la estabilización extraordinaria. “El tiempo que hemos trabajado en concesiones no se nos cuenta para los méritos”, lamenta. Ella también es de las que ha recurrido a los tribunales. “Me han reconocido la carrera profesional y ahora he ido a por los trienios”, explica.

También al personal no sanitario

La interinidad afecta también al personal no sanitario de la sanidad pública. De hecho, se encuentran en esta situación el 46% de los trabajadores y trabajadoras, frente al 43% del grupo de medicina y enfermería, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Por comunidades autónomas, la relación entre la tasa de interinos sanitarios y no sanitarias suele asemejarse, salvo algunas excepciones. En Catalunya, Canarias, Comunitat Valenciana y Murcia es donde el porcentaje de trabajadores que no son sanitarios es mayor. En este grupo se incluyen los puestos directivos, técnicos en áreas de administración o administrativos, entre otros.

La de Pilar es la primera cara que ven los pacientes que entran por la puerta de urgencias del hospital Materno Infantil de Gran Canaria. “Llevo de administrativa desde 2002, con promoción interna”, explica. Ella observa ahora el proceso de estabilización con cierta tranquilidad. En octubre de este año cumple 64 años y para 2024, cuando se fijen las plazas previstas, piensa jubilarse. “Me tengo que presentar, otra cosa es que estudie o no”, reconoce. Es la administrativa con más antigüedad en su servicio, así que “sería la última a la que quitarían”.

Como muestran los testimonios de este reportaje, la sanidad pública es un sector muy feminizado. Más del 75% son mujeres, con brechas especialmente marcadas en La Rioja y Aragón y, levemente más tenues en Canarias y Andalucía, como muestran los microdatos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que ha analizado elDiario.es y puede verse en este gráfico.

Esta disparidad entre ellos y ellas que recoge el Ministerio de Hacienda arroja otros datos: por ejemplo, que entre hombres y mujeres también hay diferencias en cuanto a la interinidad. Porque el 45% de las profesionales son interinas, frente al 39% de los profesionales.

“Alguien dijo una vez que el problema de la medicina es que nos habíamos metido las mujeres”, denuncia Consuelo, que afirma haber “hecho guardias con sacaleches”. Se refiere a un estudio del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, que vinculaba la feminización de la profesión con “una grave problemática”. Esta doctora hace su propio análisis: “Si hubiéramos tenido más hombres, no lo hubieran aguantado, pero nosotras hemos tirado carros y carretas”.

Fuente: eldiario.es