Boletín Diario Informativo de AMYTS del 24 de abril de 2024

Con 459 plazas desiertas de Medicina de Familia en el MIR 2024, Julián Ezquerra no hace sino imaginar un futuro alternativo para una Atención Primaria en «estado terminal» y poco atractiva para las nuevas generaciones de médicos. Como solución, plantea un «cambio de modelo» que pivote en la figura enfermera y que permita ajustar costes, ahorrar tiempo y reducir las demoras en primeras consultas en la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Atajar la «pesadilla» por la que atraviesa Atención Primaria exige, en su opinión, un replantamiento de la organización actual. En este sentido, Ezquerra propone una nueva fórmula en la que Enfermería haga de «primer filtro» para el paciente en el Sistema Nacional de Salud y, solo en los casos necesarios, sea derivado al primer médico de Familia o pediatra «accesible». De esta forma, argumenta, se reduciría el tiempo de espera en este nivel asistencial e incluso en las intervenciones quirúrgicas, además de suponer un «ahorro de costes».

Como base de esta reestructuración, el experto señala aspectos como la cronicidad, los problemas sociosanitarios, la promoción de la salud o las ayudas que brinda la tecnología. Sin embargo, pese a reconocer los beneficios que reporta la Inteligencia Artificial, Ezquerra es firme en cuanto a la presencialidad en consulta si se quiere preservar una «relación óptima médico-paciente», tal y como advierte en este nuevo episodio de su pódcast ‘Desde mi atalaya’.

A la lista de mejoras en este nivel asistencial, el experto añade incentivos que ayuden a compensar el «aislamiento y la soledad» que padecen algunos médicos de la ‘España vaciada’ y sirvan a su vez como reclamo a la hora de ocupar estas plazas de difícil cobertura.

Fuente: Redacción Médica

4. Los altos cargos citados a testificar en el proceso iniciado por CESM por las mascarillas defectuosas se niegan a declarar

Este martes estaban llamados a declarar en el juzgado de instrucción número 14 de Madrid siete cargos sanitarios del Gobierno central y de dos comunidades autónomas citados a testificar como investigados en el proceso abierto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por un delito contra los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la compra y distribución entre los profesionales sanitarios de mascarillas no homologadas y que no protegían del contagio por coronavirus en las primeras semanas de abril de 2020.

Por el juzgado han pasado Patricia Lacruz Gimeno, entonces directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia; la subdirectora, Cristina González del Yerro, y la vocal, Isabel María Piñeros; Nuria Queraltó Hernández, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS); Begoña Macarrón Gómez, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Cataluña; Pablo Valbuena, del área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Turismo, y Roberto Gutiérrez Moisen, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los cinco responsables del Gobierno central se han acogido a su derecho a no declarar, alegando para ello que la Abogacía del Estado había presentado un recurso a la causa «por un defecto técnico del procedimiento«, y del que la CESM, como sindicato recurrente, no tenía conocimiento hasta ese momento. Sí han dado su versión de lo sucedido ante el juez Nuria Queraltó Hernández, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y Begoña Macarrón Gómez, técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Universitario Parc Taulí (Sabadell), que han reconocido en su declaración que actuaron para que las mascarillas defectuosas, que fueron entregadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los sanitarios, fueran retiradas de circulación porque no les protegían.

Macarrón, según apuntó en su declaración, recibió las mascarillas en el hospital el día 2 de abril y ante la sospecha de que no estaban homologadas, el día 9 de abril de 2020 obtuvo la autorización para remitirlas al Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo -organismo estatal que tiene su sede en Sevilla-, que las recibió el 11 de abril para su análisis. Los resultados no dejaron duda de que no servían para evitar el contagio del coronavirus, pero el daño ya se había producido, pues en esos días fueron muchos los médicos que las utilizaron en primera línea de batalla contra el SARS-Cov-2, aunque no hay una cifra exacta de los afectados.

Ante esa evaluación y otras que confirmaron que las mascarillas eran fake, el 16 de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad ordenó la retirada de los lotes que había distribuido dos semanas antes, en respuesta a las exigencias de los sanitarios que estaban trabajando sin protección. Fue en ese momento cuando Sanidad dio la orden de retirar el material defectuoso, y la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Nuria Queraltó Hernández, concentró la recogida y el análisis de las mascarillas distribuidas a los profesionales en Andalucía. En este punto, dio un dato en sus declaraciones ante el juez que ayudan a dimensionar la repercusión que pudo tener entre los sanitarios en uso del material defectuoso: «En Andalucía las mascarillas de Sanidad fueron utilizadas por 9.200 sanitarios y 38 fueron contagiados».

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) queremos manifestar nuestra perplejidad por el hecho de que los responsables sanitarios citados como investigados y que han intervenido, desde la compra a la distribución de estos lotes de mascarillas, se hayan acogido a ese derecho a no declarar, que independientemente de ser un derecho constitucional, es más que interpretable.

A la espera de recibir el recurso interpuesto por el ministerio, desde CESM anunciamos que se impugnará con el objeto de que se clarifique la responsabilidad del ministerio en los contagios producidos entre los médicos las primeras semanas de la pandemia por Covid-19, por haber carecido de los medios de protección adecuados.

Fuente: CESM

5. Uno de cada cuatro médicos españoles sufre desgaste profesional, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III

Uno de cada cuatro médicos en España sufre burnout o síndrome de desgaste profesional, un trastorno derivado del estrés crónico que las personas pueden sufrir en su trabajo. Es una de las principales conclusiones de un estudio llevado a cabo desde la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El informe se ha publicado junto con un editorial de Vicente Ortún, economista de la salud y profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el que reconoce considera que se debería cambiar la organización sanitaria «para que no se convierta en una fábrica de agotamiento».

El burnout se caracteriza por tres síntomas o dimensiones principales: cansancio emocional, que genera agotamiento ante exigencias laborales por las que no se siente atractivo; despersonalización, que provoca distanciamiento en el trato e incluso rechazo hacia las personas del ámbito laboral; y falta realización personal, que genera una actitud negativa hacia uno mismo y hacia el trabajo, acompañada de irritabilidad, baja productividad y escasa autoestima.

Las conclusiones del trabajo, realizado mediante un metanálisis de estudios observacionales y publicado en la revista Gaceta Sanitaria, señalan que los médicos son una población con especial riesgo de padecer este desgaste, por el tipo de trabajo y la implicación emocional que requiere. Las consecuencias del burnout no se limitan a la salud de los trabajadores, sino que también pueden afectar a la calidad de la atención sanitaria prestada y al funcionamiento de la organización laboral.

Los resultados del trabajo arrojan una prevalencia de desgaste del 24 % en profesionales médicos. También se observó que los porcentajes pueden diferir según el número de dimensiones clínicas utilizadas para diagnosticar este síndrome. Por ejemplo, indica el ISCIII, analizando los estudios que utilizan las tres dimensiones para el diagnóstico, el porcentaje se sitúa en un 18%. Los estudios que contabilizan dos de las tres dimensiones elevan la prevalencia al 29%, y los que solo refieren una única dimensión la cuantifican en el 51%.

La investigación también ha analizado diversas variables y subgrupos, según la calidad de los estudios revisados, el ámbito de trabajo, la categoría profesional, la especialidad médica ejercida y momento de realización del estudio con respecto al inicio de la pandemia de covid-19. No se han observado cambios estadísticamente significativos, indican los investigadores.

Los autores señalan que este trabajo confirma «una alta prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en España», y apuntan que estos resultados «pueden contribuir a conocer mejor la carga asociada al síndrome de desgaste profesional entre médicos y al diseño de futuros estudios que sigan aportando conocimiento en torno al burnout» en médicos.

Además, recomiendan seguir aplicando y consolidando “estrategias para prevenir y mitigar esta situación”. Entre las medidas que podrían ayudar están los cambios en los patrones laborales, con más descansos, evitar trabajo fuera del horario laboral y conciliación con la vida personal; el desarrollo de herramientas de gestión emocional; el fomento del soporte social por parte de compañeros de trabajo, familia y amigos, y la diversificación laboral con posibilidad de realizar diferentes tareas.

También, apuntan los autores, hay que tener en cuenta el origen del burnout y el tipo de profesional al que afecta; por ejemplo, en la Atención Primaria suele relacionarse más con el trato a los pacientes, y en la residencia, con las características propias de esta etapa formativa.

La investigación, publicada en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cuenta con la participación de Antonio Pujol de Castro, médico residente de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Durante su formación en la Escuela Nacional de Sanidad, Pujol de Castro desarrolló el trabajo junto con Ferrán Catalá-López, científico titular de la Escuela y del CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) del ISCIII, y también autor principal del trabajo.

También colaboraron en el trabajo Grecia Valerio Rao y Pablo Vaquero Cepeda, médicos residentes de los hospitales Universitario Central de Asturias y Universitario de Salamanca, respectivamente, que también completaron en el ISCIII parte de su formación. Los autores explican el porqué del estudio: «Pese a la enorme cantidad de estudios publicados sobre burnout en Medicina, hasta ahora no se habían realizado investigaciones que sintetizaran sistemáticamente todo el conocimiento disponible para determinar la prevalencia en médicos que desarrollan su actividad profesional en el Sistema Nacional de Salud español».

Según explica el ISCIII, mediante una revisión sistemática con metanálisis que incluía búsquedas en múltiples bases datos y bibliotecas científicas como PubMed/MEDLINE, Embase y PsycINFO, la investigación localizó 588 artículos y, tras cribar según los parámetros establecidos en el protocolo del estudio, se incluyeron 67 estudios en los que habían participado más de 16.000 médicos.

Fuente: Redacción Médica