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Boletín Diario Informativo de AMYTS del 16 de enero de 2019

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1. Las organizaciones de facultativos demandan políticas de seguridad para paliar los efectos de la medicina defensiva
2. Anticorrupción investiga el sobrecoste de los hospitales de Aguirre

1. Las organizaciones de facultativos demandan políticas de seguridad para paliar los efectos de la medicina defensiva

La Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) han presentado “La práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios”, un estudio que tiene como objetivo dar a conocer la percepción de los médicos sobre esta práctica profesional.

Los representantes de OMC, SEMES y SESPAS reclamaron la necesidad de emprender políticas sanitarias que garanticen la seguridad del paciente en contextos de riesgo donde se practique la medicina defensiva. Esto se ha detectado especialmente en los Servicios de Urgencias Hospitalarios puesto que la medicina defensiva está condicionada por la necesidad de inmediatez de respuestas, falta de profesionales, picos de gran volumen de demanda y donde se pueden realizar excesivas pruebas diagnósticas a fin de evitar denuncias de pacientes.

Según se desglosa en el estudio, el 90% de los encuestados asegura que la Medicina defensiva ha condicionado su práctica profesional y que el 89,8% admite realizar pruebas diagnósticas de «utilidad dudosa» por prevención ante posibles problemas legales con los pacientes.

«Somos la única profesión que reconoce que pueden derivarse consecuencias negativas de nuestra práctica profesional y del contacto con los servicios sanitarios y por eso planteamos la necesidad de incidir en las políticas de seguridad del paciente«, ha matizado el presidente de la OMC, Serafín Romero.

Fuente: ‘Médicos y pacientes

 

2. Anticorrupción investiga el sobrecoste de los hospitales de Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar el sobrecoste de los siete hospitales públicos que Esperanza Aguirre levantó durante su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tal y como publica Cadena SER.

La investigación ha surgido a raíz de la denuncia que Podemos presentó el pasado mes de julio contra todos los altos cargos de la Comunidad, de la Consejería de Sanidad y del SERMAS.

El partido liderado por Pablo Iglesias denunció que la gestión de hasta siete hospitales públicos (Hospital Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste, Hospital del Henares y Hospital Puerta de Hierro) y del modelo sanitario que aplicó el Gobierno de Aguirre podría conllevar diversos delitos penales recogidos en el Código Penal: contratos desleales, cálculos opacos para pagar a las concesionarias, sobrecostes de más de 3.000 mil millones e indicios de delitos de fraude, malversación y prevaricación.

Fuente: ‘Cadena SER

 

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